The decision, announced by Secretary of State Marco Rubio, may pose a challenge to the order issued by a federal judge blocking enforcement of the Enemy Foreigners Act. Among those sent yesterday are nine Salvadorans. — La decisión anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, puede suponer un desafío a la orden dictada por un juez federal que bloquea la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros. Entre los enviados ayer hay 9 salvadoreños.

Through a social media monitoring effort, LA PRENSA GRÁFICA (LPG) counted 21 deaths with no official explanation (including suicides, discovered bodies, and skeletal remains). Only two of those cases were addressed by the National Civil Police (PNC) on their social media accounts. — A través de un monitoreo en redes sociales, LPG contabilizó 21 muertes sin explicación de las autoridades (entre suicidios, cadáveres encontrados y osamentas). Solo dos de ellas fueron retomadas por la PNC en sus redes sociales. — A través de un monitoreo en redes sociales, LPG contabilizó 21 muertes sin explicación de las autoridades (entre suicidios, cadáveres encontrados y osamentas). Solo dos de ellas fueron retomadas por la PNC en sus redes sociales.

Neither the U.S. Government nor that of El Salvador has provided evidence confirming that the deportees belong to MS-13 or the Tren de Aragua. — Ni el Gobierno de EE.UU. ni el de El Salvador han aportado pruebas que confirmen la pertenencia de los deportados a la MS-13 y el Tren de Aragua.

Last week, the Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) (Salvadoran Social Security Institute) reported the closure of its communal clinics in San Esteban, San Salvador; Santa Catarina, in Usulután; and the medical unit in Nejapa. — La semana pasada el Seguro Social informó del cierre de las clínicas comunales de San Esteban, en San Salvador; Santa Catarina, en Usulután; y de la unidad médica de Nejapa.

Deportations include alleged members of Tren de Aragua and MS-13. ACLU challenged previous deportations, citing lack of due process. Rubio did not specify deportation authority used by administration. — Las deportaciones incluyen a presuntos miembros del Tren de Aragua y MS-13. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) impugnó deportaciones previas, citando la falta de debido proceso. Rubio no especificó la autoridad de deportación utilizada por la administración.

Following the State Department’s announcement, U.S. District Judge James Boasbert in Washington, who had issued a ruling blocking the implementation of the Alien Enemies Act to deport Venezuelans to El Salvador –James Boasberg — called for a hearing to be held on Thursday to ask the administration to explain why the new deportations have not violated his temporary restraining order. — Tras el anuncio del Departamento de Estado, el juez de distrito de Estados Unidos James Boasbert en Washington, quien había emitido un fallo que bloqueaba la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos a El Salvador —James Boasberg— convocó una audiencia para el jueves con el fin de solicitar al gobierno que explique por qué las nuevas deportaciones no han violado su orden de restricción temporal.

Illinois anthropology professor Ellen Moodie describes the agreement between current U.S. and Salvadoran administrations that has allowed hundreds of Venezuelan immigrants to be deported from the U.S. and detained in an El Salvador “terrorism confinement center.” — La profesora de antropología de Illinois, Ellen Moodie, describe el acuerdo entre las administraciones actuales de Estados Unidos y El Salvador que ha permitido la deportación de cientos de inmigrantes venezolanos desde EE. UU. y su detención en un “centro de confinamiento del terrorismo” en El Salvador.

So far, the government and pro-government lawmakers remain silent regarding the citizens’ request. — Hasta el momento, el gobierno y los diputados oficialistas guardan silencio respecto a la petición ciudadana.

Benedictine Sr. Mary Elizabeth Schweiger holds a petition against mining in El Salvador March 24 signed by women religious at Mount St. Scholastica monastery in Atchison, Kansas. The Benedictines joined the Sisters of Charity in nearby Leavenworth as well as other Catholics from Kansas showing solidarity with the Catholic Church in El Salvador fighting a new law that allows metal mining. — La hermana benedictina Mary Elizabeth Schweiger sostiene una petición contra la minería en El Salvador, firmada el 24 de marzo por mujeres religiosas del monasterio Mount St. Scholastica en Atchison, Kansas. Las benedictinas se unieron a las Hermanas de la Caridad de la cercana ciudad de Leavenworth, así como a otros católicos de Kansas, para mostrar solidaridad con la Iglesia católica en El Salvador, que enfrenta una nueva ley que permite la minería metálica.

Income tax collection is what dropped the most compared to 2024. This is the monthly withholding that employers take from workers’ paychecks, which could be related to layoffs. — La recaudación de renta es la que más bajó respecto a 2024. Esta es la retención que los empleadores hacen a los trabajadores cada mes, lo que podría tener relación con los despidos.

The Health Workers’ Union (Sindicato de Trabajadores de la Salud, SITRASALUD) confirmed that around 1,000 workers were left unemployed by the closure of the mobile units. The union explained that the reason was a lack of budget. — SITRASALUD confirmó que unos 1,000 trabajadores se quedaron sin empleo ante el cierre de las unidades móviles. La razón, explicó la gremial, es debido a la falta de presupuesto.

The current government has been characterized by its use of special frameworks for acquisitions and contracting in the context of emergencies, according to experts. — El gobierno actual se ha caracterizado por utilizar regímenes especiales para las adquisiciones y contrataciones en el marco de emergencias, según especialistas.

A Venezuelan who legally entered the United States, opted for voluntary departure, and was transferred to a mega-prison in El Salvador, sparking controversy over immigration policies. — Un venezolano que ingresó legalmente a Estados Unidos, optó por salida voluntaria y fue trasladado a una megacárcel en El Salvador, generando controversia sobre políticas migratorias.

The struggle to find those who have disappeared in the megacárcel does not belong solely to their families; it belongs to everyone who believes in the basic right to justice, the respect for the rule of law, and the human dignity that must be safeguarded at all times. No human being should ever lose their fundamental rights or their personal identity, nor simply be made to disappear. — La lucha por encontrar a los desaparecidos en la megacárcel no es solo de sus familias, sino de todos los que creen en el derecho básico a la justicia, el respeto al Estado de Derecho y el imperio de la ley (Rule of law) y la dignidad humana que en todo momento debe salvaguardarse. Ningún ser humano puede nunca perder sus derechos básicos, su identidad personal y ser simplemente desaparecido.

While Bukele has drastically reduced homicides in El Salvador, experts warn that these punitive policies fail to address the structural issues behind the violence. Repression alone does not guarantee lasting peace; without investment in education, employment, and social programs, the country risks perpetuating cycles of violence. — Si bien Bukele ha logrado reducir drásticamente los homicidios en El Salvador, expertos advierten que estas políticas punitivas no abordan los problemas estructurales que alimentan la violencia. La represión por sí sola no garantiza una paz duradera; sin inversión en educación, empleo y programas sociales, el país corre el riesgo de perpetuar ciclos de violencia.

Between 1996 and 2018, the Office of the Human Rights Ombudsman (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH) in El Salvador recorded 155 complaints of forced disappearance at the hands of security forces. In the last six years, that number has reached 130. Although the government has not acknowledged a single case since Bukele took office in June 2019, the figure—according to a group of NGOs—is much higher: 540 people have been reported missing since March 27, 2022, when the state of exception was approved. Among them is Rafael López Castellón, who was working at his mill when he was taken away on terrorism charges. — Entre 1996 y 2018, la PDDH de El Salvador registró 155 denuncias de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad. En los últimos seis años, 130. Aunque el gobierno no reconoce un solo caso desde la llegada de Bukele a la presidencia en junio de 2019, la cifra, según un grupo de ONG, es mucho mayor: 540 personas han sido denunciadas como desaparecidas desde que el 27 de marzo de 2022 se aprobó el Régimen de Excepción, entre ellas Rafael López Castellón, que trabaja en su molino cuando se lo llevaron acusado de terrorismo.

The relatives of the victims called on the Chavista authorities to release their loved ones, as well as to implement concrete measures to guarantee full respect for their rights until they regain their freedom. — Los allegados de las víctimas reclamaron a las autoridades chavistas la liberación de sus seres queridos, así como medidas concretas para garantizar el pleno respeto de sus derechos, en tanto recuperan su libertad.