A Venezuelan who arrived legally in the United States and chose voluntary departure after months in detention was taken to the feared mega-prison in El Salvador. His family, shocked and dismayed, claims he was unfairly linked to criminal gangs solely because of his tattoos, without any concrete evidence against him. This case has ignited debate over immigration policies and the treatment of Venezuelan immigrants in the United States, especially under the current administration.
The case of John Chacín, a Venezuelan migrant who entered the United States using the CBP One application, has raised alarms about immigration policies and the lack of transparency in detention and deportation processes. Although he requested voluntary departure believing he would return to his home country, he ended up in a maximum-security prison in El Salvador.
How Did a Venezuelan Migrant Who Opted for Voluntary Departure from the US End Up in a Mega-Prison in El Salvador?
On October 8, 2024, John Chacín crossed the border through San Ysidro, California, with a group of fellow Venezuelans. While his companions were released after a brief verification process, he was detained following an extensive investigation because of his tattoos, which authorities deemed suspicious and potentially linked to criminal activity. Despite the absence of a criminal record or any evidence connecting him to criminal organizations, he remained in detention for over five months.
Due to the lack of clarity about his case and the conditions of his detention, Chacín chose voluntary departure, believing he would return to Venezuela. However, in an unexpected turn of events, his family discovered that he had been sent to the mega-prison in El Salvador. This has caused an uproar, as neither Chacín nor his relatives were informed of his final destination. It raises serious questions about legality and due process in these immigration procedures.
What Are the Differences Between Voluntary Departure and Self-Deportation in the US Immigration Context?
According to San Diego–based attorney Ester Valdez, voluntary departure occurs when a judge offers an individual the option to leave the country of their own accord rather than face formal deportation. This option is typically granted to those without a criminal record or who do not pose a security risk. However, the process requires the migrant to handle their own return and assume the risk of potential complications during travel, as illustrated by Chacín’s case.
Self-deportation, on the other hand, is a more recent modality promoted under the administration of Donald Trump, although the article does not detail this practice specifically. It entails harsher consequences, such as bans on re-entering the United States for several years or even for life in some instances. In Chacín’s case, his decision to opt for voluntary departure did not prevent an alarming and unforeseen outcome, raising concerns about the transparency and fairness of these procedures. The lack of control over transfers and the apparent discretion used in deciding final destinations worry human rights advocates, who demand greater oversight and safeguards for migrants undergoing these processes.
El venezolano que eligió salida voluntaria de EEUU y terminó siendo enviado a megacárcel en El Salvador por tener tatuajes
Un venezolano que ingresó legalmente a Estados Unidos y optó por una salida voluntaria tras meses en detención fue trasladado a la temida megacárcel en El Salvador. Su familia, sorprendida y consternada, denuncia que fue vinculado injustamente con bandas criminales solo por sus tatuajes, sin evidencia concreta en su contra. Este caso ha generado un debate sobre las políticas migratorias y el trato a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, especialmente bajo la administración actual.
El caso de John Chacín, un migrante venezolano que llegó a Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, ha desatado alarma sobre las políticas migratorias y la falta de transparencia en los procesos de detención y deportación. Aunque solicitó la salida voluntaria creyendo que regresaría a su país, terminó en un centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador.
¿Cómo un migrante venezolano que optó por una salida voluntaria de EE.UU. terminó en una megacárcel en El Salvador?
John Chacín cruzó la frontera por San Ysidro, California, el 8 de octubre de 2024, con un grupo de compatriotas. Mientras sus acompañantes fueron liberados tras un breve proceso de verificación, él quedó retenido tras ser sometido a un extenso proceso de investigación debido a sus tatuajes, los cuales las autoridades consideraron sospechosos de estar vinculados con actividades criminales. A pesar de que no existían antecedentes penales ni pruebas de su relación con organizaciones delictivas, su permanencia en detención se prolongó por más de cinco meses.
Ante la falta de respuesta sobre su caso y las condiciones de detención, Chacín optó por la salida voluntaria creyendo que regresaría a Venezuela. No obstante, en un giro inesperado, su familia descubrió que había sido enviado a la megacárcel en El Salvador. Este hecho ha causado conmoción, ya que ni Chacín ni sus allegados fueron informados sobre su destino final, lo que levanta dudas sobre la legalidad y el debido proceso en estos procedimientos migratorios.
¿Qué diferencias existen entre la salida voluntaria y la autodeportación en el contexto migratorio de EE.UU.?
Según la abogada Ester Valdez, con sede en San Diego, la salida voluntaria ocurre cuando un juez ofrece al individuo la opción de salir del país por su propia voluntad en lugar de enfrentar una deportación formal. Esta opción, generalmente, se otorga a aquellos que no tienen antecedentes criminales ni presentan un riesgo para la seguridad del país. Sin embargo, el proceso implica que el migrante debe gestionar su retorno por cuenta propia y asumir el riesgo de posibles complicaciones en el traslado, como lo evidenció el caso de Chacín.
Por otro lado, la autodeportación es una modalidad más reciente promovida por la administración de Donald Trump, aunque el artículo no especifica en qué consiste exactamente esta práctica. Esto conlleva consecuencias más severas, como prohibiciones para ingresar nuevamente a Estados Unidos por varios años o incluso de por vida en algunos casos. En el caso de Chacín, su elección de salida voluntaria no evitó un desenlace inesperado y alarmante, planteando interrogantes sobre la transparencia y justicia de estos procedimientos. La falta de control sobre los traslados y la aparente discrecionalidad en la asignación de destinos finales genera preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes exigen mayor supervisión y garantías para los migrantes que atraviesan estos procesos.