A company owned by Ernesto Castro, president of the Legislative Assembly, and his wife, Michelle Sol, Minister of Housing, benefited from half a million dollars in payments from the secret budget of the first FMLN government. Between September 2010 and August 2011, this family business managed the CAPRES kitchen. It served meals to the Presidential General Staff during the Funes administration, who confirmed that the Castro Sol family company was handpicked. This fact contradicts the narrative promoted by these two founders of Nuevas Ideas, who have attacked those who received funds from the secret funds. — Una empresa de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y su esposa, Michelle Sol, ministra de Vivienda, se benefició con medio millón en pagos provenientes de la partida secreta del primer gobierno del FMLN. Entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, esta empresa familiar administró la cocina de CAPRES y sirvió platos de comida al Estado Mayor Presidencial durante la administración de Funes, quien confirmó que la sociedad de la familia Castro Sol fue seleccionada a dedo. Este hecho contradice la narrativa impulsada por estos dos fundadores de Nuevas Ideas, quienes han atacado a quienes recibieron fondos de la partida secreta.

The organization Socorro Jurídico Humanitario urged the Human Rights Ombudsman to condemn the actions of the Executive, Legislative, and Judiciary of El Salvador. — La organización Socorro Jurídico Humanitario instó a la procuradora de DD. HH. a que condene el accionar del Ejecutivo, Legislativo y Judicial de El Salvador.

“Abstention is useless because Putin will take it as a vote in his favor,” warned Spanish Foreign Minister José Manuel Albares. — “La abstención no sirve, porque Putin se la apuntará como un voto a su favor”, advirtió el canciller español José Manuel Albares.

According to data compiled by El Salvador’s Legal and Anti-Corruption Advisory Office (Alac), as of September 2022, 1,825 habeas corpus petitions have been filed with the court. — Según datos recopilados por la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) hasta septiembre de 2022, un total de 1,825 peticiones de hábeas corpus fueron presentadas a la corte.

According to the firm, the government expects to obtain $3.2 billion in the domestic market, which warns that it will need more “cuts” in the bank reserve ratio. — El Gobierno prevé obtener $3,200 millones en el mercado interno, según la firma, que advierte que este necesitará más “recortes” en el índice de reserva bancaria.

Governance that limits constitutional guarantees under states of exception is the normalized model in several areas of El Salvador and Honduras. The governments of both countries have made use of public force, including militarization, to implement security policies that guarantee political and territorial control. — La gobernabilidad que limita las garantías constitucionales bajo estados de excepción es el modelo normalizado en varias zonas de El Salvador y Honduras. Los gobiernos de ambos países han hecho uso de la fuerza pública, incluyendo la militarización, para implementar políticas de seguridad que garanticen el control político y territorial.

According to the director of Acción Ciudadana, by reducing the number of legislative seats, the “cost” of each one would be higher, which would hit small and opposition parties. — Según el director de Acción Ciudadana, al reducir los escaños legislativos, el “costo” de cada uno sería más alto, lo que golpearía a los partidos pequeños y opositores.

A new civil society report authored by Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) finds that while El Salvador has a diverse but dispersed legal framework in place in line with Chapter II (Preventive Measures) and anti-money laundering of the UN Convention against Corruption (UNCAC), it is severely lacking implementation in practice. — Un nuevo informe de la sociedad civil elaborado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) concluye que, si bien El Salvador cuenta con un marco jurídico diverso pero disperso en consonancia con el Capítulo II (Medidas preventivas) y la lucha contra el blanqueo de capitales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), en la práctica adolece de graves deficiencias en su aplicación.

According to specialists, fewer deputies make it more difficult for small parties to obtain seats and could lead to a greater concentration of power for the ruling party. — Según especialistas, un menor número de diputados dificulta que los partidos pequeños obtengan escaños y podría propiciar una mayor concentración del poder del oficialismo.

The Francisco Gavidia University (UFG) highlighted its low level and that these do not cover three months of imports as suggested by international standards. — La UFG destacó su bajo nivel y que estas no cubren tres meses de importaciones como sugieren los estándares internacionales.

Assembly to create the “Ente Nacional de Transmisión Eléctrica”. Rafael Lemus, an economist, says that this entity will be able to use State resources without being accountable. — Economía pide a la Asamblea crear el “Ente Nacional de Transmisión Eléctrica”. Rafael Lemus, economista, dice que esa entidad podrá usar recursos del Estado sin rendir cuentas.

The deputy president, Ernesto Castro, launched the proposal yesterday, but analysts warn that the term has already expired and criticize that the ruling party wants to concentrate power. — La propuesta fue lanzada ayer por el diputado presidente, Ernesto Castro, pero analistas advierten que el plazo ya venció y critican que el oficialismo quiere concentrar poder.

The Police Control Unit determined that the arrest of José Alfredo Grande Martínez, a bricklayer living in the Emanuel community of Santa Ana, was arbitrary. The police officers wrote false information in the arrest record, something that the inspectors recommended should be investigated by the Prosecutor’s Office and the Inspectorate of the Ministry of Justice and Security. Despite being the victim of these arbitrary acts, the bricklayer remains imprisoned in Santa Ana. El Faro gained access to the institution’s internal documents thanks to Guacamaya Leaks. — La Unidad de Control de la Policía determinó que la captura de José Alfredo Grande Martínez, un albañil que vivía en la comunidad Emanuel de Santa Ana, fue arbitraria. Los policías plasmaron información falsa en la acta de detención, algo que, según recomendaron los inspectores, debe ser investigado por la Fiscalía y la Inspectoría del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pese a ser víctima de esas arbitrariedades, el albañil continúa detenido en un penal de Santa Ana. El Faro accedió a documentos internos de la institución gracias a los Guacamaya Leaks.

Family members of detainees under the Emergency Regime denounced that they were being charged $170 per month to provide food and essential products to the detainees. Prison business is controlled by a man trusted by the President sanctioned by the United States. — Los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos. Los negocios en las prisiones están bajo el control de un hombre de confianza del Presidente sancionado por Estados Unidos.

El creciente número de personas detenidas en el marco de la represión de las bandas que vuelven a ser arrestadas, según los expertos, hace temer que la política no llegue a su fin. — Growing number of people detained in gang crackdown being ‘rearrested’, experts say, raising fears policy will not end.

A survey by the Central American University (UCA) showed that 74% of Salvadorans did not use bitcoin in 2022./ Una encuesta de la Universidad Centro Americana (UCA) mostró que el 74 % de los salvadoreños no usaron el bitcoin en 2022.

The latest poll by Francisco Gavidia University indicates that support for the reelection of the president has dropped more than 10 points./ La última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia indica que el apoyo a la reelección del mandatario ha bajado más de 10 puntos.

Three social organizations report that 2,237 people have been victims of forced internal displacement in the last three years. State agents have been singled out as perpetrators in some cases. — Tres organizaciones sociales registran que 2,237 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, en los últimos tres años. Las agentes del Estado son señalados como victimarios en algunos casos.

Experts and opposition deputies point out that the rejection of the mayors is due to their incapacity and lack of experience and that the government cut funds to the country’s mayors’ offices. — Expertos y diputados opositores señalan que el rechazo a los ediles se debe a la incapacidad, nula experiencia y que el gobierno le cortó fondos a las alcaldías del país.

Representatives of social organizations and human rights defenders maintain that no action has been taken to contain inhumane prison treatment and torture. — Representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos sostienen que no se ha procedido para contener tratos inhumanos y torturas en cárceles.

Authorities of the Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero have denounced the intentions of Education to close the campus, which they consider endangers and restricts the aspirations of hundreds of young people in the northern region. — Autoridades de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero han denunciado intenciones de Educación de cerrar el campus, lo que consideran pone en peligro y coarta las aspiraciones de cientos de jóvenes de la zona norte.