During the 51 months of Nayib Bukele’s administration, almost half of El Salvador has lived with some of its constitutional rights suspended. Yesterday, the Legislative Assembly approved a new 30-day extension to the state of emergency, to nullify the right of Salvadorans to have defense after being detained by security authorities, so that their administrative detention period is not three days but up to 15 days, and so that their correspondence and telecommunications can be intercepted.
The ruling party approved the measure, which maintained its discourse that the state of emergency needs to be applied to continue with the detentions and processes of the detained individuals.
Despite this, none of the interventions by ruling party legislators managed to justify why the state of emergency is necessary, if the reforms made to laws — to extend processes, conduct group processes, and others — will remain even when the emergency ends.
“This is the result of not having a real security policy. Using extraordinary measures to maintain security is the easiest way to get results.”
– Eduardo Escobar, from Acción Ciudadana.
“Even with opposing views, we owe it to the majorities. The people want security and continuity,” said Congressman Numan Salgado (GANA), who referred to the idea that gang members will be released at the end of the state of emergency as “a perception”. “The perception that once this stops, gang members start getting released is something the population doesn’t want,” he noted.
Opposition legislators, on the other hand, agreed on how long the country has lived without constitutional rights and how this has been normalized.
“It’s a scheme from which the government doesn’t propose an exit, beyond the presented reforms,” said Congressman Johnny Wright (Nuestro Tiempo).
“The first (suspension of rights) during the pandemic was a kind of experiment, similar to what happened on February 9. When these things happen and there is no effective response from the state to restore constitutional order, we realize that the concept of the rule of law has been dismantled,” he added.
“It remains necessary because the Police keep reporting the capture of hidden gang members. That is, the fight is not over. It continues.”
– Numan Salgado, GANA Congressman.
For four months, between April and July 2020, using the pandemic as justification, there were restrictions on the population’s freedom of movement. First, through legislative approval, and then through executive decrees based on the health code.
From these restrictions stemmed complaints of arbitrary detentions and sending people to containment centers, a situation that Congressman César Reyes (ARENA) compared with the complaints of arbitrary captures of the state of emergency.
“El Salvador implemented containment centers to try to stop the pandemic, they said; even though the contexts were different, the reality was the same: suspension of constitutional rights and guarantees.”
Casi dos años sin derechos constitucionales en El Salvador
Durante los 51 meses de gobierno que lleva la gestión de Nayib Bukele, casi la mitad de ese tiempo El Salvador ha vivido con algunos de sus derechos constitucionales suspendidos. Ayer, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva extensión de 30 días al régimen de excepción, para mantener sin efecto el derecho de los salvadoreños a tener defensa luego de ser detenidos por las autoridades de seguridad, para que su plazo de detención administrativa no sea de tres días sino de has 15 días y para que su correspondencia y telecomunicaciones puedan ser intervenidas.
La medida fue aprobada por el oficialismo, que mantuvo su discurso respecto a que se necesita aplicar el régimen para seguir con las detenciones y procesos de las personas detenidas.
Pese a ello, ninguna de las intervenciones de legisladores oficialistas acertó a justificar porqué el régimen es necesario, si las reformas hechas a leyes —para alargar procesos, para realizar procesos grupales, y otras— se mantendrán aún cuando el régimen llegue a su finalización.
“Esto es resultado de no tener política de seguridad real. Emplear medidas extraordinarias para mantener la seguridad es la forma más fácil para que obtengan resultados”.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana.
“Pese a que haya opiniones contrarias, nos debemos a las mayorías. El pueblo quiere seguridad y una continuidad”, indicó el diputado Numan Salgado (GANA), quien se refirió a la idea de que los pandilleros saldrán libres al finalizar el régimen de excepción como “una percepción”. “La percepción que se tiene, de que en el momento que se deje de hacer esto empiezan a salir libres los pandilleros, eso es algo que la población no quiere”, indicó.
Legisladores de oposición, por otra parte, coincidieron en señalar el tiempo que el país ha vivido sin derechos constitucionales y cómo se ha normalizado esto.
“Es un esquema del cual el Gobierno no plantea una salida, más allá de las reformas que han presentado”, indicó el diputado Johnny Wright (Nuestro Tiempo).
“La primera (suspensión de derechos) en la pandemia, era una especie de experimento, similar a lo que sucedió el 9 de febrero. Cuando estas cosas van sucediendo y no hay respuesta efectiva del Estado para restablecer el orden constitucional, nos damos cuenta que se ha desmantelado el concepto de Estado de Derecho”, agregó.
“Sigue siendo necesario porque la Policía sigue publicando la captura de pandilleros que están escondidos. Es decir, la lucha no ha terminado. Continúa”.
Numan Salgado, diputado de GANA.
Durante cuatro meses, entre abril y julio de 2020, con la justificación de la pandemia, hubo restricciones a la libertad de circulación de la población. Primero, mediante aprobación legislativa, y luego mediante decretos ejecutivos amparados en el código de salud.
De dichas restricciones derivaron denuncias de detenciones arbitrarias y envío de personas a centros de contención, una situación que el diputado César Reyes (ARENA) emuló con las denuncias de capturas arbitrarias del régimen.
“El Salvador implementó centros de contención para intentar detener la pandemia, decían; a pesar de ser contextos diferentes, la realidad fue la misma: suspensión de derechos de garantías constitucionales”.