Businesses and families in La Unión are suffering the consequences of the anti-immigrant policy in the United States, reporting a drop in sales and in the remittances they receive. — Comercios y familias en La Unión sufren las consecuencias de la política antiinmigrante en Estados Unidos, reportando una caída en las ventas y las remesas que reciben.

The Ministry of Finance reported expenditures totaling $142.7 million from the Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres (FOPROMID) (Disaster Mitigation and Prevention Fund) in 2024, bringing the total spent by the government through this fund since 2020 to over $1.4 billion. — Ministerio de Hacienda reportó $142.7 millones devengados en el Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres en 2024. Con ello, el monto utilizado en el fondo desde 2020 supera los $1,400 millones.

Ingrid Wehr, regional director of the Heinrich Böll Foundation, highlighted during the #RegionalDialogue that strengthening local autonomy is key to democracy and human rights in Central America. — Ingrid Wehr, directora regional de la Fundación Heinrich Böll, resaltó en el #DiálogoRegional que fortalecer la autonomía local es clave para la democracia y los derechos humanos en Centroamérica.

Marisela Martínez and her husband Guillermo García, dismissed from the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) (Office of the Human Rights Ombudsman) in El Salvador, denounced the dismantling of the institution resulting from its long-standing political manipulation, now further accentuated by the ombudswoman’s silence regarding human rights abuses committed during the current state of exception. — Marisela Martínez y su esposo Guillermo García, despedidos de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, de El Salvador, lamentaron el desmantelamiento de la institución debido a la histórica manipulación política de la que ha sufrido, pero ahora se agrava más por el silencio de la procuradora ante las violaciones de derechos en el marco del régimen de excepción.

Ivania Cruz and Rudy Joya, lawyers and spokespersons for the Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) (Unit for the Defense of Human and Community Rights), stated that the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office) seeks to criminalize social movements with this week’s accusation against their organization due to its links with community leaders at Hacienda La Floresta. — Ivania Cruz y Rudy Joya hablaron de los allanamientos en las oficinas de UNIDEHC y del arresto de Fidel Zavala, quien consideran que puede correr peligro si lo trasladan a un penal.

The International Monetary Fund has emphatically stated that the agreement limits the government’s involvement in cryptocurrency purchases. — El Fondo Monetario Internacional ha sido contundente al decir que el acuerdo limitará la participación del gobierno en compras de la criptomoneda.

Two other former municipal officials were acquitted of all charges, while another received a four-year prison sentence. — Otros dos exfuncionarios municipales fueron absueltos de todo cargo y otro recibió una pena de cuatro años de prisión.

The police arrested Fidel Zavala, spokesperson for UNIDEHC (Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador) (Unity for the Defense of Human and Community Rights in El Salvador), an organization that was engaged in a legal battle to prevent the eviction of approximately 250 families from Hacienda La Floresta. They also arrested around twenty community leaders. Zavala had filed a complaint with the Prosecutor’s Office against the Director General of Centros Penales (the prison authority), Osiris Luna, and the wardens of the Mariona and Cutumay Camones prisons for torturing detainees. — La Policía detuvo a Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, una organización que libraba una batalla legal para evitar el desalojo de unas 250 familias de la Hacienda La Floresta. Detuvo también a una veintena de líderes comunales. Zavala había demandado ante la Fiscalía al director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles de Mariona y Cutumay Camones, por tortura contra los privados de libertad.

The priority for water use must be human consumption; however, other sectors are the ones with the greatest availability, noted an environmentalist from the Unidad Ecológica Salvadoreña. — La prioridad de la utilización del agua debe de ser para el uso y consumo humano; sin embargo, son otros sectores los que tienen mayor disponibilidad, señaló ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña.

The Salvadoran Congress ratifies a constitutional reform that leaves political parties without public funding. The vote had 57 approvals and two votes against. — El congreso salvadoreño ratifica una reforma constitucional que deja a los partidos políticos sin aportes públicos. La votación contó con 57 aprobaciones y dos votos en contra.

Moody’s sovereign analyst Jaime Reusche explains that El Salvador, which climbed three notches in its rating last year, will have a harder time going higher because it has limited fiscal space due to the high cost of interest on its debt. — El analista de soberanos de Moody´s, Jaime Reusche, explica que El Salvador, que subió tres escalones en su calificación el año pasado, la tendrá más difícil para subir su nota, ya que tiene poco espacio fiscal por el alto costo de los intereses de la deuda.

Latin America’s wealthiest entrepreneurs applauded the de facto president in El Salvador, and there were even some who asked him to do more for “Latin America and the world.” In response, Nayib Bukele called for more investments in a country of “full business freedom, capitalist,” that is working every day to “remove regulations.” — Los empresarios más ricos de América Latina aplaudieron al presidente de facto en El Salvador y hubo algunos que incluso le pidieron que haga más por “América Latina y el mundo”. En respuesta, Nayib Bukele pidió más inversiones para un país “full libertad empresarial, capitalista” que trabaja todos los días “en quitar regulaciones”.

Instead of pushing forward with rights-abusive deal making, the Trump administration should work with El Salvador’s government to develop a system of public safety that is built on respect for human rights and addressing structural causes of violence. This includes investing in crime prevention, ensuring detainees are released if there is no credible evidence that they committed a crime, and holding high-level gang leaders accountable. — En lugar de impulsar acuerdos que vulneran derechos humanos, la administración de Trump debería colaborar con el gobierno de El Salvador para desarrollar un sistema de seguridad pública basado en el respeto de los derechos humanos y en la atención de las causas estructurales de la violencia. Esto incluye invertir en la prevención del delito, asegurar la liberación de los detenidos si no existen pruebas creíbles de que hayan cometido un delito y exigir responsabilidad a los cabecillas de las pandillas.

As the IMF Executive Board has noted, “PAs [prior actions] are often used prominently in cases where a country has a weak track record of implementation and are useful to ensure a minimum implementation standard. However, staff should be mindful of the possibility that PAs may be implemented without genuine ownership such that its impact is nominal or temporary.” — Como ha señalado el Directorio Ejecutivo del FMI: “Las acciones previas (PAs, por sus siglas en inglés) se utilizan con frecuencia de manera destacada en casos en los que un país tiene un historial débil de implementación y son útiles para asegurar un estándar mínimo de ejecución. Sin embargo, el personal debe tener en cuenta la posibilidad de que las medidas previas puedan implementarse sin una apropiación genuina, de modo que su impacto sea meramente nominal o temporal.”