The lack of public information about the resources used to finance the Salvadoran military operation in Haiti is raising questions. Lawyer Manuel Zometa asked the Government to be transparent about the origin of the funds and the costs associated with the deployment of troops in that country.
During an interview on the program Diálogo, on Canal 21, Zometa clarified this Friday that his questions are not directed at the efforts to rescue the four Salvadoran aviation technicians missing in Haiti, but rather at the lack of information about the mission’s financing.
“We all want our four compatriots to return alive, but that does not eliminate the obligation to be transparent about the use of public funds. An operation of this magnitude has a cost,” he maintained.
The debate arises after the Salvadoran president announced, this past October 21, through his X account, the start of a military operation to locate and bring back the four Salvadorans missing in Haitian territory.
On October 29, the president addressed a message to the Haitian people in which he asserted that the presence of Salvadoran military personnel does not constitute an invasion or an intervention against that country. He also stated that the mission’s objective is to rescue the four aviation technicians and that El Salvador is covering approximately 90% of the costs with its own resources, although it receives logistical support from other countries.
One day later, Diario El Salvador reported that the deployment of more than 2,000 military personnel has the sole purpose of rescuing the four Salvadorans who remain missing.
For Zometa, these statements make it necessary to know how much the operation costs and where the resources to sustain it come from. In his view, the lack of transparency in the management of public funds is a weakness of the current administration that is also evident in this case.
In the legislative sphere, on September 29 the Assembly approved the Special Transitional Law for the Participation of the Armed Forces of El Salvador in the Gang Suppression Force (GSF). The legislation authorizes the continuation of Salvadoran participation in that international mission for an initial period of twelve months, counted from October 2, 2026, according to an article published on the institution’s website.
The law allows the deployment of military and civilian personnel, aircraft and other resources necessary to carry out the mission. However, Zometa pointed out that the legislative authorization does not detail the specific conditions of the additional deployment announced by the Executive following the disappearance of the four aviation technicians.
Given this scenario, the lawyer asked the Government to explain whether the resources used come from the national budget, from budget reallocations or from other sources of financing.
“What I am asking for is transparency. Let it be reported which funds are being used or whether we are using the credit card,” he said.
Zometa also warned of the need to keep the mission’s objectives clearly delimited. He considered that an operation to rescue the four Salvadorans has a different scope from that of a permanent strategy to combat Haitian gangs.
“An operation to rescue four compatriots is not the same as proposing a strategy to resolve security problems in Haiti. They are completely different scenarios,” he stated.
The lawyer maintained that El Salvador faces economic limitations in sustaining a large-scale military deployment abroad for prolonged periods and that, therefore, a decision of this nature must be accompanied by effective accountability mechanisms.
“It is necessary to recover our four compatriots, but it is also necessary for Salvadorans to know how much that operation costs and where the funds that finance it come from. While they are four extremely important lives, a deployment of 2000 military personnel abroad is not something cheap, and El Salvador does not have the economic solvency to sustain an operation like this one for so long,” he declared.
Finally, Zometa insisted that the Government must be transparent about the financing and prevent a mission initially presented as a rescue operation from becoming a broader strategy to combat Haitian gangs.
“It is one thing to rescue our compatriots and quite another to take on the task of solving Haiti’s security problems,” he concluded.
Abogado cuestiona falta de transparencia en gastos de operación militar en Haití
Por Milton Rodríguez
La falta de información pública sobre los recursos utilizados para financiar la operación militar salvadoreña en Haití genera cuestionamientos. El abogado Manuel Zometa pidió al Gobierno transparentar el origen de los fondos y los costos asociados al despliegue de efectivos en ese país.
Durante una entrevista en el programa Diálogo, de Canal 21, Zometa aclaró este viernes que sus cuestionamientos no están dirigidos a los esfuerzos por rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití, sino a la falta de información sobre el financiamiento de la misión.
«Todos queremos que nuestros cuatro compatriotas regresen con vida, pero eso no elimina la obligación de transparentar el uso de los fondos públicos. Una operación de esta magnitud tiene un costo», sostuvo.
El debate surge luego de que el presidente salvadoreño anunciara, el pasado 21 de octubre, a través de su cuenta de X, el inicio de una operación militar para localizar y traer de regreso a los cuatro salvadoreños desaparecidos en territorio haitiano.
El 29 de octubre, el mandatario dirigió un mensaje al pueblo haitiano en el que aseguró que la presencia de militares salvadoreños no constituye una invasión ni una intervención contra ese país. También afirmó que la misión tiene como objetivo rescatar a los cuatro aerotécnicos y que El Salvador está cubriendo aproximadamente el 90 % de los costos con recursos propios, aunque recibe apoyo logístico de otros países.
Un día después, Diario El Salvador publicó que el despliegue de más de 2,000 efectivos militares tiene como propósito exclusivo rescatar a los cuatro salvadoreños que permanecen desaparecidos.
Para Zometa, estas declaraciones hacen necesario conocer cuánto cuesta la operación y de dónde provienen los recursos para sostenerla. A su juicio, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos es una debilidad de la actual administración que también se evidencia en este caso.
En el ámbito legislativo, el 29 de septiembre la Asamblea aprobó la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). La normativa autoriza la continuidad de la participación salvadoreña en esa misión internacional durante un período inicial de doce meses, contados a partir del 2 de octubre de 2026, según una nota publicada en el sitio web de la institución.
La ley permite el despliegue de personal militar y civil, aeronaves y otros recursos necesarios para cumplir la misión. Sin embargo, Zometa señaló que la autorización legislativa no detalla las condiciones específicas del despliegue adicional anunciado por el Ejecutivo tras la desaparición de los cuatro aerotécnicos.
Ante este escenario, el abogado pidió al Gobierno explicar si los recursos utilizados provienen del presupuesto nacional, de reasignaciones presupuestarias o de otras fuentes de financiamiento.
«Lo que pido es transparencia. Que se informe cuáles son los fondos que se están utilizando o si estamos utilizando la tarjeta de crédito», expresó.
Zometa también advirtió sobre la necesidad de mantener claramente delimitados los objetivos de la misión. Consideró que una operación para rescatar a los cuatro salvadoreños tiene un alcance distinto al de una estrategia permanente para combatir a las pandillas haitianas.
«No es lo mismo una operación para rescatar a cuatro compatriotas que plantear una estrategia para resolver problemas de seguridad en Haití. Son escenarios completamente distintos», afirmó.
El abogado sostuvo que El Salvador enfrenta limitaciones económicas para mantener durante períodos prolongados un despliegue militar de gran escala en el extranjero y que, por tanto, una decisión de esta naturaleza debe estar acompañada de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
«Es necesario recuperar a nuestros cuatro compatriotas, pero también es necesario que los salvadoreños sepan cuánto cuesta esa operación y de dónde salen los fondos que la financian. Si bien son cuatro vidas importantísimas, un despliegue de 2000 militares en el extranjero no es algo barato y El Salvador no tiene la solvencia económica para mantener una operación como ésta por tanto tiempo», manifestó.
Finalmente, Zometa insistió en que el Gobierno debe transparentar el financiamiento y evitar que una misión presentada inicialmente como un operativo de rescate se convierta en una estrategia más amplia de combate a las pandillas haitianas.
«Una cosa es rescatar a nuestros compatriotas y otra muy distinta asumir la tarea de resolver los problemas de seguridad de Haití», concluyó.