Cooperativa Normandía complained that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has kept an amparo appeal related to the conflict over its lands unresolved for four years, while a judicial proceeding and the attachment of its assets continue to affect the agricultural production and the economy of more than 700 families.
The representatives of the Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Hacienda Normandía noted that the litigation involves companies linked to Roberto Bukele Simán, among them Textiles Juliana and Corintex, Corporación Inmobiliaria y Textilera. According to the cooperative’s lawyer, Benjamín Arce, the judicial proceeding continues without a ruling that would allow progress toward a resolution of the conflict.
Santos Romero, president of Normandía, and Moisés de Paz, president of the supervisory board of Normandía, maintain that the property was legally transferred to the cooperative after the 1980 Agrarian Reform and that its members paid the corresponding value. They also assert that several supplementary titles related to disputed lands were judicially annulled, but the attachment against the cooperative remains in effect.
According to their statements, the problem has had economic consequences since 2018, when the attachments were executed. The cooperative states that it lost access to its bank accounts and that the financial restrictions prevent it from carrying out operations and investments necessary to maintain production.
Romero and De Paz explained that the lands are divided between plots worked individually by the members and areas of collective production. The latter are the most affected by the conflict, since the attachment and the lack of access to credit limit the ability to work and invest in them.
The cooperative’s representatives insist that it is not requesting that the courts necessarily rule in its favor, but rather that they resolve the pending appeals and allow the process to continue in accordance with the law.
Normandía has 280 members and, according to its representatives, around 700 families depend on the cooperative’s activity. Its members warn that the lack of a ruling prolongs the uncertainty over the property and keeps in place the limitations on production on the collective lands.
700 familias de Cooperativa Normandía en riesgo de desalojo ante falta de resolución judicial
La Cooperativa Normandía denunció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mantiene sin resolver desde hace cuatro años un recurso de amparo relacionado con el conflicto por sus tierras, mientras un proceso judicial y el embargo de sus bienes continúan afectando la producción agrícola y la economía de más de 700 familias.
Los representantes de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Hacienda Normandía señalaron que el litigio involucra a sociedades vinculadas a Roberto Bukele Simán, entre ellas Textiles Juliana y Corintex, Corporación Inmobiliaria y Textilera. Según el abogado de la cooperativa Benjamín Arce, el proceso judicial continúa sin una resolución que permita avanzar hacia una definición del conflicto.
Santos Romero, presidente de Normandía y Moisés de Paz, presidente de la junta de vigilancia de Normandía, sostienen que la propiedad fue transferida legalmente a la cooperativa después de la Reforma Agraria de 1980 y que sus integrantes pagaron el valor correspondiente. También aseguran que varios títulos supletorios relacionados con terrenos en disputa fueron anulados judicialmente, pero el embargo contra la cooperativa continúa vigente.
De acuerdo con sus declaraciones, el problema tiene consecuencias económicas desde 2018, cuando se ejecutaron los embargos. La cooperativa afirma que perdió el acceso a sus cuentas bancarias y que las restricciones financieras le impiden realizar operaciones e inversiones necesarias para mantener la producción.
Romero y De Paz, explicaron que las tierras se dividen entre parcelas trabajadas individualmente por los asociados y áreas de producción colectiva. Estas últimas son las más afectadas por el conflicto, pues el embargo y la falta de acceso a créditos limitan la capacidad de trabajar e invertir en ellas.
Los representantes de la cooperativa insisten en que no solicita que los tribunales fallen necesariamente a su favor, sino que resuelvan los recursos pendientes y permitan que el proceso continúe conforme a derecho.
Normandía cuenta con 280 socios y, según sus representantes, alrededor de 700 familias dependen de la actividad de la cooperativa. Sus integrantes advierten que la falta de una resolución prolonga la incertidumbre sobre la propiedad y mantiene las limitaciones para producir en las tierras colectivas.