The Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) ruled that the Salvadoran State has not fully complied with the reparations required for the forced disappearance of Patricia Cuéllar, Mauricio Cuéllar and Julia Orbelina Pérez, which occurred in 1982 and was carried out by agents of the National Police.
On May 16, 2024, the IACtHR issued two judgments in which it held the Salvadoran State responsible for the human rights violations against the three victims and ordered reparation measures that sought to guarantee access to truth and justice for their family members and the payment of compensation to them for the damage caused.
But two years later, the IACtHR has determined that the current government of El Salvador has not fully complied with what was ordered and has given a new deadline for it to do so, no later than March 1, 2027.
According to the follow-up report, the State has indeed fully complied with paying the complainant the expenses of the judicial proceedings, while it only partially paid the rehabilitation expenses (physical and mental health) to three of the five family members of the victims who were declared beneficiaries.
Nor has it fully complied with disseminating the judgment issued in 2024 on government social media. In addition, the IACtHR asked the State to include the names of the three victims on the Monument to Truth and Memory, located in Cuscatlán Park in San Salvador.
On this last point, the Salvadoran State demonstrated to the IACtHR that the victims’ names have already been placed within the monument in the year of their disappearance, 1982, but that it cannot make further modifications because it is a protected cultural property. In addition, it argued that the pending payments to the victims’ family members are due to the fact that it has not yet been possible to locate them.
The IACtHR also explained in its report that other measures remain pending verification, such as the investigation into the whereabouts of the three victims and also the convictions of those responsible for their disappearances.
Patricia Cuéllar Sandoval was a collaborator with Christian movements, and between August and September 1978, approximately 50 agents of the National Police, dressed in plain clothes and heavily armed, allegedly raided her home and photographed her. On July 28, 1982, she disappeared along with her father, Mauricio Cuéllar, and her domestic worker, Julia Pérez.
La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/estado-sin-cumplir-a-totalidad-sentencia-de-corte-idh-emitida-en-2024-20261027-0075.html
Estado sin cumplir a totalidad sentencia de Corte IDH emitida en 2024
Por David Bernal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el Estado salvadoreño no ha cumplido a totalidad con las reparaciones exigidas por la desaparición forzada de Patricia Cuéllar, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, ocurridas en 1982 y ejecutada por agentes de la Policía Nacional.
El 16 de mayo de 2024, la Corte IDH emitió dos sentencias en las que responsabilizó al Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos humanos de las tres víctimas y ordenó medidas de reparación que buscaban garantizar el acceso a la verdad y la justicia para sus familiares y el pago de una indemnización para los mismos por los daños ocasionados.
Pero dos años después la Corte IDH ha determinado que el actual gobierno de El Salvador no ha cumplido con lo ordenado en su totalidad y ha dado un nuevo plazo para que lo haga, a más tardar el 1 de marzo de 2027.
Según el informe de seguimiento , el Estado sí ha cumplido en su totalidad con pagar al denunciante los gastos por el proceso judicial, mientras que parcialmente solo pago los gastos de rehabilitación (salud físico y mental) a tres de los cinco familiares de las víctimas que se declararon como beneficiarios.
Tampoco ha cumplido a cabalidad con difundir la sentencia emitida en 2024 en redes sociales gubernamentales. Además, la Corte IDH pidió al Estado incluir los nombres de las tres víctimas en el Monumento a la Verdad y la Memoria, ubicado en el Parque Cuscatlán de San Salvador.
Sobre este último punto el Estado salvadoreño demostró a la Corte IDH que los nombres de las víctimas ya han sido colocados dentro del monumento en el año de su desaparición, 1982, pero que no puede realizar más modificaciones porque se trata de un bien cultural protegido. Además, alegó que los pagos pendientes a los familiares de las víctimas se deben porque estos no han podido ser localizados aún.
La Corte IDH también explicó en su informe que sigue pendiente de corroborar otras medidas, como la investigación del paradero de las tres víctimas y también las condenas a los responsables de sus desapariciones.
Patricia Cuéllar Sandoval era una colaboradora de movimientos cristianos y entre agosto y septiembre de 1978 aproximadamente 50 agentes de la Policía Nacional, vestidos de civil y fuertemente armados, habrían allanado su domicilio y la habrían fotografiado. El 28 de julio de 1982 desapareció junto a su padre, Mauricio Cuéllar, y su empleada doméstica, Julia Pérez.
La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/estado-sin-cumplir-a-totalidad-sentencia-de-corte-idh-emitida-en-2024-20261027-0075.html