Lawyer, international consultant and citizen security researcher Luis Enrique Amaya believes that the state of exception will remain in force in El Salvador because of the support it retains among the population, despite the impact on fundamental rights and the criticism over its prolongation for more than four years.
Amaya maintained that public opinion is one of the determining factors in explaining the continuation of the measure. However, he notes that legal, constitutional and institutional criteria should be taken into account in evaluating whether it remains in place.
Referring to the effects that could result if the state of exception ends, Amaya explained that the main changes would occur in detention procedures and in the guarantees for those arrested.
There would be a return to the obligation to inform detainees of the reasons for their arrest, the reduction of the administrative detention period to its ordinary limit, and being brought before a judge within the corresponding 72 hours, compared with a period that under the state of exception can be extended up to 15 days.
The lawyer acknowledged that there is a real impact on rights, but believed that the population assigns it secondary importance compared with the possibility of walking with greater peace of mind through streets, neighborhoods and communities.
Amaya warned that this perception could change over time, when citizens consider that security is guaranteed and stop seeing it as a condition that requires the permanent presence of the Government and the President of the Republic.
The state of exception was implemented in March 2022 and has been extended consecutively. During the time it has been in force, constitutional guarantees have been restricted, while human rights organizations have denounced arbitrary detentions, abuses and harm to innocent people.
Criterios legales y constitucionales deberían evaluar la continuidad del régimen de excepción, según abogado
El abogado, consultor internacional e investigador en seguridad ciudadana, Luis Enrique Amaya, considera que el régimen de excepción continuará vigente en El Salvador debido al respaldo que mantiene entre la población, pese a las afectaciones a derechos fundamentales y a las críticas por su prolongación durante más de cuatro años.
Amaya sostuvo que la opinión pública es uno de los factores determinantes para explicar la continuidad de la medida. Sin embargo, señala que los criterios legales, constitucionales e institucionales deberían tomarse en cuenta para evaluar su permanencia.
Al referirse a los efectos que podrían producirse si termina el régimen de excepción, Amaya explicó que los principales cambios se darían en los procedimientos de detención y en las garantías de las personas capturadas.
Se volvería a la obligación de informar a los detenidos sobre los motivos de su captura, la reducción del plazo de detención administrativa a su límite ordinario y la presentación ante un juez dentro de las 72 horas correspondientes, frente a un plazo que bajo el régimen puede extenderse hasta 15 días.
El abogado reconoció que existe una afectación real de derechos, pero consideró que la población le asigna una importancia secundaria frente a la posibilidad de caminar con mayor tranquilidad por calles, barrios y comunidades.
Amaya advirtió que esta percepción podría cambiar con el tiempo, cuando la ciudadanía considere que la seguridad está garantizada y deje de verla como una condición que requiere la presencia permanente del Gobierno y del presidente de la República.
El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 y se ha prorrogado de manera consecutiva. Durante su vigencia se han restringido garantías constitucionales, mientras organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, abusos y afectaciones a personas inocentes.