The Regional Rights Observatory (ORD) documented six cases of attacks and situations of risk against individuals and communities defending the environment in El Salvador during July and August 2026, according to its first bulletin on the defense of nature and territory.
The report, prepared on the basis of monitoring carried out by the Center for Monitoring Human Rights Violations against Environmental Defenders and Communicators, detailed that the cases were related to the defense of territory, opposition to metal mining, energy projects, and the protection of water and ecosystems in the face of initiatives with possible socio-environmental impacts.
Of the six cases recorded, five involved communities, equivalent to 83.3%, while one concerned an individual defender. Most of the incidents were concentrated in the country’s paracentral region, with five cases, and Cabañas recorded three of them. Situations were also reported in San Vicente, La Paz and Sonsonate.
Harassment and surveillance were the main forms identified, present in three of the six cases. Added to these were two situations related to court orders or threats of eviction and one complaint of criminalization.
The ORD warned that among the actors identified are public security forces, judicial authorities and private actors. In light of these cases, they highlighted the need to follow up on the relationship between institutional conduct, economic interests and the conditions under which communities carry out environmental defense work.
The bulletin also stated that the incidents occurred within a regional context of risks for those who defend the environment and territory. According to data cited from Global Witness, between 2012 and 2023, 314 murders of defenders of territory and the environment were documented in Central America. In 2025, the organization recorded 12 murders in Honduras, eight in Guatemala and three in Nicaragua.
In the Salvadoran case, the report recalls the arrest in January 2023 of five community leaders and environmentalists from Santa Marta and ADES, in Cabañas, historically linked to opposition to metal mining. It also mentions the arrest, in May 2025, of lawyer and environmental defender Alejandro Henríquez and of pastor and community leader José Ángel Pérez, who were supporting actions by the El Bosque Cooperative in the face of the risk of some 300 families being evicted.
The document also cites a report by the Roundtable for the Right to Defend Rights (MDDD), according to which, during 2025, 455 cases comprising 1,208 attacks against human rights defenders and journalists were recorded in El Salvador. Of the total number of people affected, 71.6% were women, and 47.5% of the attacks were attributed to the State, according to the report.
Among its recommendations, the ORD calls on the State to guarantee that individuals, organizations and communities can defend the environment, territory, water and natural goods without threats, intimidation, surveillance, harassment, criminalization or reprisals.
It also recommends ceasing practices of surveillance and intimidation during environmental defense activities, and that security forces act under the principles of legality, necessity, proportionality and respect for human rights.
The body also proposes reviewing, with due guarantees, the process related to Miguel Ángel Callejas; guaranteeing the right to adequate housing in the face of possible evictions; ensuring access to environmental information and the effective participation of communities in decisions on projects that may affect their territories; and implementing prevention and protection mechanisms against threats and other situations of risk.
Diario CoLatino: https://www.diariocolatino.com/hostigamiento-vigilancia-agresiones-contra-defensores-ambientales/
Hostigamiento y vigilancia: principales agresiones contra defensores ambientales
Redacción Nacionales
Saúl Méndez, colaborador
El Observatorio Regional de Derechos (ORD) documentó seis casos de agresiones y situaciones de riesgo contra personas y comunidades defensoras ambientales en El Salvador durante julio y agosto de 2026, según su primer boletín sobre la defensa de la naturaleza y el territorio.
El informe, elaborado a partir del monitoreo realizado por el Centro de Monitoreo de Violaciones a Derechos Humanos de Personas Defensoras Ambientales y Comunicadoras, detalló que los casos estuvieron relacionados con la defensa del territorio, la oposición a la minería metálica, proyectos energéticos y la protección del agua y los ecosistemas frente a iniciativas con posibles impactos socioambientales.
De los seis casos registrados, cinco involucraron a comunidades, equivalentes al 83.3 %, mientras que uno correspondió a una persona defensora de manera individual. La mayoría de los hechos se concentró en la zona paracentral del país, con cinco casos, y Cabañas registró tres de ellos. También se reportaron situaciones en San Vicente, La Paz y Sonsonate.
El hostigamiento y la vigilancia fueron las principales modalidades identificadas, presentes en tres de los seis casos. A estas se sumaron dos situaciones relacionadas con órdenes judiciales o amenazas de desalojo y una denuncia de criminalización.
El ORD alertó que entre los actores identificados aparecen cuerpos de seguridad pública, autoridades judiciales y actores privados. Ante estos casos, evidenciaron la necesidad de dar seguimiento a la relación entre la actuación institucional, los intereses económicos y las condiciones en las que las comunidades ejercen labores de defensa ambiental.
El boletín también afirmó que los hechos ocurrieron dentro de un contexto regional de riesgos para quienes defienden el ambiente y el territorio. De acuerdo con datos citados de Global Witness, entre 2012 y 2023 fueron documentados 314 asesinatos de personas defensoras del territorio y el ambiente en Centroamérica. En 2025, la organización registró 12 asesinatos en Honduras, ocho en Guatemala y tres en Nicaragua.
En el caso salvadoreño, el informe recuerda la detención en enero de 2023 de cinco líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta y ADES, en Cabañas, vinculados históricamente con la oposición a la minería metálica. También menciona la detención, en mayo de 2025, del abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez y del pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, quienes acompañaban acciones de la Cooperativa El Bosque ante el riesgo de desalojo de unas 300 familias.
El documento cita además un informe de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), según el cual durante 2025 se registraron en El Salvador 455 casos que comprendieron 1,208 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Del total de personas afectadas, el 71.6 % fueron mujeres y el 47.5 % de las agresiones fueron atribuidas al Estado, de acuerdo el reporte.
Entre sus recomendaciones, el ORD pide al Estado garantizar que personas, organizaciones y comunidades puedan defender el ambiente, el territorio, el agua y los bienes naturales sin amenazas, intimidación, vigilancia, hostigamiento, criminalización o represalias.
También recomienda cesar prácticas de vigilancia e intimidación durante actividades de defensa ambiental y que los cuerpos de seguridad actúen bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
El organismo plantea además revisar, con las debidas garantías, el proceso relacionado con Miguel Ángel Callejas; garantizar el derecho a una vivienda adecuada ante posibles desalojos; asegurar el acceso a información ambiental y la participación efectiva de las comunidades en decisiones sobre proyectos que puedan afectar sus territorios; e implementar mecanismos de prevención y protección frente a amenazas y otras situaciones de riesgo.
Diario CoLatino: https://www.diariocolatino.com/hostigamiento-vigilancia-agresiones-contra-defensores-ambientales/