Legal Humanitarian Aid confirmed two new deaths of people detained under the state of exception: one recorded at Apanteos prison and another at La Esperanza prison, known as Mariona. With these cases, the organization counts 566 deaths in its database.
More than four years after the implementation of the state of exception, prison and government authorities continue to provide no public information about the people who die in state custody, nor about the circumstances in which these deaths occur, notes Ingrid Escobar, director of Legal Humanitarian Aid.
According to Escobar, among the main causes identified are violent deaths and those related to the denial of the right to health inside prisons.
Escobar questioned why deaths occurring in state custody remain unexplained and maintained that families have the right to know what happened to their relatives. She also noted that the lack of information makes it impossible to determine the circumstances and possible responsibilities in each case.
The Legal Humanitarian Aid representative added that, while the government continues to report days with zero homicides, deaths are recorded in prisons—deaths that, according to the organization, are not publicly explained.
Escobar believes the state must guarantee investigations into the deaths occurring in its custody, as well as reparation mechanisms for the families of the deceased.
Mientras el gobierno reporta cero homicidios, se registran muertes en Centros Penales: Socorro Jurídico Humanitario
K. Ventura
Socorro Jurídico Humanitario confirmó dos nuevas muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción: una registrada en el Centro Penal de Apanteos y otra en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Con estos casos, la organización contabiliza 566 muertes en su base de datos.
A más de cuatro años de la implementación del régimen de excepción, las autoridades penitenciarias y de gobierno continúan sin brindar información pública sobre las personas que mueren bajo custodia estatal ni sobre las circunstancias en las que ocurren estos fallecimientos, señala Ingrid Escobar, directora Socorro Jurídico Humanitario.
De acuerdo con Escobar, entre las principales causas identificadas están las muertes violentas y aquellas relacionadas con la negación del derecho a la salud dentro de los centros penales.
Escobar cuestionó que las muertes ocurridas bajo custodia estatal permanezcan sin esclarecer y sostuvo que las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus parientes. También señaló que la falta de información impide determinar las circunstancias y posibles responsabilidades en cada caso.
La representante de Socorro Jurídico Humanitario agregó que, mientras el Gobierno continúa reportando jornadas con cero homicidios, en los centros penales se registran muertes que, según la organización, no son esclarecidas públicamente.
Escobar considera que el Estado debe garantizar investigaciones sobre las muertes ocurridas bajo su custodia, así como mecanismos de reparación para las familias de las personas fallecidas.