The termination of Temporary Protected Status (TPS) for El Salvador occurs in a context of serious deterioration of democracy and human rights in the country. For more than seven years in power, Nayib Bukele’s government has weakened institutional checks and balances, limited due process guarantees, and expanded the power of the security forces. The state of exception, originally implemented to combat gangs, has led to mass incarceration, arbitrary detentions, political imprisonment, and numerous reports of abuses and human rights violations.

While El Salvador has achieved a historic reduction in homicides and a significant weakening of gang structures, these advances cannot be assessed in isolation from serious setbacks to the rule of law. For Salvadorans who could be returned, the risk no longer stems solely from criminal violence: under certain circumstances, the state itself may pose a threat to their safety and their fundamental rights.

It is in this context that the United States decided not to renew the TPS that Salvadorans have had since 2001, just as it has done with all other nationalities that have benefited from TPS for many years. Only people from Ukraine, Lebanon, and Sudan have active TPS, all with expiration dates before the end of 2026. The measure will affect approximately 232,000 people, a figure that increases considerably when their family members are taken into account.

A multifaceted impact

The first effect is personal and familial. The termination of TPS can lead to the separation of families who have built their lives in the United States for more than 25 years and who have deep ties to their communities. More than 150,000 U.S. citizen children have at least one Salvadoran relative with TPS.

The second is economic. Family remittances have sustained the Salvadoran economy for decades and currently represent between 24% and 26% of gross domestic product (GDP). A significant reduction in this income due to the cancellation of TPS, apart from U.S. government policies to detain and deport undocumented migrants in the country, would have major effects on Salvadoran households and on an economy already facing low levels of growth and foreign investment.

The third, and the most concerning, is the impact on security and human rights. Various international bodies have documented arbitrary detentions, torture and ill-treatment, enforced disappearances, due process violations, and other serious violations committed under the state of exception. There are also concerns about the use of justice institutions to persecute people considered critical of or inconvenient to the government.

TPS was established in consideration of conditions in certain countries that “temporarily prevent their nationals from returning safely or, in certain circumstances, when the country cannot adequately manage the return of its nationals.” Therefore, the conditions for return should not be assessed solely on the basis of the reduction in homicides. The safety of returnees also depends on the existence of democratic institutions, judicial guarantees, and effective mechanisms for the protection of human rights.

Moreover, the termination of TPS should not be analyzed as an isolated immigration decision. The United States must recognize that it is making decisions to return people to a country where democratic deterioration and human rights violations remain a matter of serious concern. Any policy toward El Salvador should, therefore, protect the rights of those affected and prevent security or migration considerations from ultimately subordinating the principles of democracy, the rule of law, and human rights.

WOLA: https://www.wola.org/es/analysis/impacto-de-la-terminacion-del-tps-para-el-salvador/

Impacto de la terminación del TPS para El Salvador

Ana María Méndez Dardón

La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador ocurre en un contexto de grave deterioro de la democracia y de los derechos humanos en el país. Por más de siete años al mando, el gobierno de Nayib Bukele ha debilitado los contrapesos institucionales, limitado las garantías del debido proceso y ampliado el poder de las fuerzas de seguridad. El régimen de excepción, implementado originalmente para combatir a las pandillas, ha derivado en un encarcelamiento masivo, detenciones arbitrarias, prisión política y numerosas denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.

Si bien El Salvador ha logrado una reducción histórica de los homicidios y un debilitamiento significativo de las estructuras de las pandillas, estos avances no pueden evaluarse de manera aislada de los graves retrocesos en materia de Estado de derecho. Para las personas salvadoreñas que podrían ser retornadas, el riesgo ya no proviene únicamente de la violencia criminal: en determinadas circunstancias, el propio Estado puede representar una amenaza para su seguridad y sus derechos fundamentales.

Es en este contexto que Estados Unidos decidió no renovar el TPS que las y los salvadoreños han tenido desde 2001, al igual que ha hecho con todas las demás nacionalidades que se han beneficiado del TPS durante muchos años. Solamente personas de Ucrania, Líbano y Sudán tienen TPS vigente, y todas estas con fechas de vencimiento antes del cierre de 2026. La medida afectará a aproximadamente 232.000 personas, una cifra que aumenta considerablemente al considerar a sus familiares.

Un impacto con varias aristas

El primer efecto es personal y familiar. La terminación del TPS puede provocar la separación de familias que han construido su vida en Estados Unidos durante más de 25 años y que tienen vínculos profundos con sus comunidades. Más de 150.000 niños ciudadanos estadounidenses tienen por lo menos un pariente salvadoreño con TPS.

El segundo es económico. Las remesas familiares han sostenido la economía salvadoreña durante décadas y actualmente representan entre el 24% y el 26% del Producto Interno Bruto (PIB). Una reducción significativa de estos ingresos por la cancelación de TPS, aparte de las políticas del gobierno de Estados Unidos de detener y deportar a personas migrantes indocumentadas en el país, tendría efectos importantes en los hogares salvadoreños y en una economía que ya enfrenta bajos niveles de crecimiento e inversión extranjera.

El tercero, y el más preocupante, es el impacto en materia de seguridad y de derechos humanos. Diversos organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y otras graves vulneraciones cometidas en el marco del régimen de excepción. También existen preocupaciones sobre el uso de las instituciones de justicia para perseguir a personas consideradas críticas o incómodas para el gobierno.

TPS fue establecido en consideración de condiciones en determinados países que “impiden temporalmente que sus nacionales regresen de manera segura o, en determinadas circunstancias, cuando el país no puede gestionar adecuadamente el retorno de sus nacionales.” Por ello, las condiciones para el retorno no deberían evaluarse únicamente a partir de la reducción de los homicidios. La seguridad de las personas retornadas también depende de la existencia de instituciones democráticas, garantías judiciales y mecanismos efectivos de protección de los derechos humanos.

Además, la terminación del TPS no debe analizarse como una decisión migratoria aislada. Estados Unidos debe reconocer que está tomando decisiones de retorno hacia un país donde el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos siguen siendo motivo de seria preocupación. Cualquier política hacia El Salvador debería, por tanto, proteger los derechos de las personas afectadas y evitar que las consideraciones de seguridad o migración terminen subordinando los principios de democracia, Estado de derecho y derechos humanos.

WOLA: https://www.wola.org/es/analysis/impacto-de-la-terminacion-del-tps-para-el-salvador/