On the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, commemorated this past August 30, family and human rights collectives demanded that the Salvadoran state take action to determine the whereabouts of missing persons and ensure their relatives receive information.

The Mothers for Freedom Movement demanded proof of life and authorization of family visits for people detained under the state of exception. It also demanded that families receive information about where their relatives are being held and their situation inside prisons.

Likewise, the Roundtable against Impunity in El Salvador (MECIES) demanded progress in the investigation and prosecution of enforced disappearances and other crimes committed during the civil war.

MECIES also demanded access to military archives, an effective search for missing persons, and compliance with court rulings and recommendations from human rights bodies related to these cases.

Among its other requests is that the Legislative Assembly comply with the Constitutional Chamber’s July 2016 ruling, which ordered the passage of a transitional justice law to address the harms of the civil war. Meanwhile, it urged the Attorney General’s Office and the Judiciary to prioritize the rights of victims and their families in any judicial proceeding.

For its part, the Association for the Search for Disappeared Children (Pro-Búsqueda) said it continues to support families in identification processes and that over 32 years of work it has handled 1,083 cases related to the civil war, of which 509 have been resolved.

In the same context, the Alerta Carlos El Salvador collective went to the Attorney General’s Office to request progress in the investigation into the disappearance of Carlos Abarca, whose family has not known his whereabouts since January 1, 2022, and says it has received no institutional response. “We demand real action from the authorities, effective budgets for search and forensic identification with dignity,” the collective stressed.

Complaints

The Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH) registered 71 complaints of enforced disappearance between March 27, 2022, when the state of exception began, and June 2025. The registry records 24 case files in 2022, 29 in 2023, 14 in 2024, and four through June 2025. The PDDH noted that this is a preliminary categorization.

In a report presented on March 10, 2026, to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), the International Group of Experts for the Investigation of Human Rights Violations under the State of Exception in El Salvador (GIPES) concluded that there are “reasonable grounds to believe” that crimes against humanity are being committed under the state of exception and highlighted enforced disappearances among the identified patterns, with 540 cases through February 2025.

As for disappearances due to social violence, official figures indicate that between January 1, 2015, and June 18, 2025, 9,465 people were reported missing, though it is unknown how many victims were found alive and which cases remain active to date.

La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/exigen-al-estado-avances-en-casos-de-personas-desaparecidas-20260831-0058.html

Exigen al Estado avances en casos de personas desaparecidas

Por Laura Jordán

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado el 30 de agosto pasado, colectivos de familiares y de derechos humanos exigieron al Estado salvadoreño acciones para esclarecer el paradero de personas desaparecidas y garantizar información a sus familiares.

El Movimiento Madres por la Libertad demandó pruebas de vida y autorización de visitas familiares para las personas detenidas bajo el régimen de excepción. También exigió que los familiares reciban información sobre el lugar donde se encuentran sus parientes y sobre su situación dentro de los centros penitenciarios.

Asimismo, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) reclamó avances en la investigación y judicialización de las desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La MECIES también exigió acceso a los archivos militares, la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas y el cumplimiento de resoluciones judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos relacionadas con estos casos.

Entre otras de sus peticiones se encuentra que la Asamblea Legislativa cumpla con la resolución de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016, que ordenó aprobar una ley de justicia transicional para atender las afectaciones de la guerra civil. Mientras que a la Fiscalía y al Órgano Judicial les instó a priorizar en cualquier trámite judicial los derechos de las víctimas y sus familiares.

Por su parte, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos mencionó que continúa apoyando a las familias en los procesos de identificación y que durante 32 años de labor ha atendido 1,083 casos relacionados con el conflicto armado, de los cuales 509 han sido resueltos.

En ese mismo contexto, el colectivo Alerta Carlos El Salvador acudió a la Fiscalía para pedir avances en la investigación por la desaparición de Carlos Abarca, de quien su familia desconoce su paradero desde el 1 de enero de 2022 y, asegura, no ha tenido una respuesta institucional. “Exigimos a las autoridades acciones reales, presupuestos eficaces para la búsqueda e identificación forense con dignidad”, recalcó el colectivo.

Denuncias

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró 71 denuncias por desaparición forzada entre el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, y junio de 2025. El registro contabiliza 24 expedientes en 2022, 29 en 2023, 14 en 2024 y cuatro hasta junio de 2025. La PDDH señaló que se trata de una categorización preliminar.

En un informe presentado el 10 de marzo de 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) concluyó que existen “bases razonables para creer” que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y destacó entre los patrones identificados las desapariciones forzadas, con 540 casos hasta febrero de 2025.

En cuanto a las desapariciones por violencia social, las cifras oficiales indican que entre el 1 de enero de 2015 y el 18 de junio de 2025 se reportaron 9,465 personas desaparecidas aunque se desconoce en cuántos casos las víctimas fueron encontradas con vida y cuáles siguen activos hasta la fecha.

La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/exigen-al-estado-avances-en-casos-de-personas-desaparecidas-20260831-0058.html