A previous article discussed some of the economic implications of the agreement that the Government of El Salvador signed with the International Monetary Fund (IMF) in February 2025. Although the agreement was important in giving public finances some breathing room, the emphasis on macroeconomic stability may result in an equilibrium at a very low level of development, without offering solutions to the structural problems of our economy.

Along with economic sustainability, the program with the IMF seeks to strengthen transparency and mitigate the risks of bitcoin. The letter of intent sent to the IMF and signed by the President of the Central Reserve Bank and the Minister of Finance states that “strengthening potential growth and resilience also requires improving governance and transparency.” This statement contrasts with multiple cases of alleged corruption, setbacks in access to public information, the persecution of critical voices, and, ironically, the lack of transparency in the management of the IMF agreement.

The agreed-upon $1.4 billion will be distributed in eight disbursements, contingent on reviews of the program’s progress. The first disbursement was made at the start of the program. The first review and second disbursement took place in June 2025. This review noted that the targets for fiscal adjustment and international and financial reserves were being met or were on track to be met. Regarding bitcoin, it stated that progress had been made and that small acquisitions of the cryptocurrency were linked to involuntary accumulations — or in other words, accounting changes between Chivo clients and the bitcoins held by the government. This already posed a transparency problem.

The Fund’s statement contrasted — and continues to contrast — with social media announcements of cryptocurrency purchases by both Bukele and the Bitcoin Office. By April 2025, even before the first review, this was already a problem for the IMF. When asked about the issue at a press conference, officials from the institution said the government remained committed to not accumulating bitcoin. The problem is clear: either the bitcoin purchase announcements are false and, therefore, the drive for transparency that the agreement in principle seeks to promote is compromised, or the announcements are true and, therefore, the mitigation of bitcoin risks is not being met.

If the transparency of the agreement was already compromised by the bitcoin announcements, the situation has worsened after the deadlines for the second and third reviews — scheduled for September 2025 and March 2026, respectively — passed without the publication of a new follow-up on the agreement, without new disbursements, and without an explanation of what happened. In a brief statement from the IMF mission in El Salvador in December 2025, it says there continues to be progress on the macroeconomic situation, fiscal consolidation, and bitcoin transparency. The statement also notes that the government published an “actuarial study.”

In principle, this study should be the basis for a new pension reform, which is part of the deal with the IMF. In reality, what the Superintendency of the Financial System presented is a 14-page document dedicated mostly to explaining the current state of the pension system. The assumptions of the analysis, the figures used, and the implications are barely discussed. According to the agreement, the pension reform proposal was supposed to be announced in February of this year and then submitted for discussion. To date, the proposal is not public, if it even exists.

If, for the sake of neutrality, the IMF fails to explain what has happened with the agreement, it does not realize that it has already taken a political stance. If the Fund has an agreement with the government to continue with the reforms after the elections, it is complicit in the government’s opacity. We Salvadorans have the right to know what reforms we are voting for. It is the population that has borne and will bear the cuts in the name of macroeconomic stability. It is our future that is at stake with a potential pension reform. The Fund’s silence is complicit in the concealment of information, even if it cloaks itself in technical stances. That El Salvador needs the program because of its macroeconomic conditions does not justify the lack of transparency on the agreement’s progress.

On July 22, Dan Katz, First Deputy Managing Director of the IMF, posted the following on social media: “I spoke this afternoon with President Nayib Bukele about El Salvador’s extraordinary economic achievements. We are making great progress toward completing the next reviews of the IMF program.” What Katz means by “extraordinary economic achievements” and “great progress toward completing the reviews” is open to interpretation.

* Armando Álvarez, economist at UCA.

Noticias UCA: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/sobre-el-acuerdo-con-el-fmi-ii

Sobre el acuerdo con el FMI (II)

Armando Álvarez

En un escrito anterior se discutieron algunas de las implicaciones económicas del acuerdo que el Gobierno de El Salvador firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de 2025. Aunque el acuerdo fue relevante para dar respiro a las finanzas públicas, el énfasis en la estabilidad macroeconómica puede implicar un equilibrio a un nivel de desarrollo muy bajo, sin ofrecer soluciones a los problemas estructurales de nuestra economía.

Junto con la sostenibilidad económica, el programa con el FMI pretende fortalecer la transparencia y mitigar los riesgos del bitcoin. La carta de intenciones enviada al FMI y firmada por el presidente del Banco Central de Reserva y el ministro de Hacienda señala que “fortalecer el crecimiento potencial y la resiliencia también requiere mejorar la gobernanza y la transparencia”. Esta afirmación contrasta con múltiples casos de presunta corrupción, los retrocesos en el acceso a la información pública, la persecución de voces críticas e, irónicamente, la poca transparencia en el manejo del acuerdo con el FMI.

Los $1,400 millones de dólares acordados serán distribuidos en ocho desembolsos, condicionados a revisiones de los avances del programa. El primer desembolso se realizó junto al inicio del programa. La primera revisión y el segundo desembolso se llevaron a cabo en junio de 2025. En esta revisión se señaló que los objetivos de ajuste fiscal y de reservas internacionales y financieras se estaban cumpliendo o estaban encaminados a cumplirse. En relación con el bitcoin, se afirmó que había avances y que pequeñas adquisiciones de la criptomoneda estaban vinculadas a acumulaciones no voluntarias, o en otras palabras, a cambios contables entre los clientes de Chivo y los bitcoins en manos del Gobierno. Esto ya representaba un problema de transparencia.

La afirmación del Fondo contrastaba y sigue contrastando con los anuncios en redes sociales de adquisición de criptomoneda, tanto de parte de Bukele como de la Bitcoin Office. Para abril de 2025, incluso antes de la primera revisión, esto ya era un problema para el FMI. Al ser consultados sobre el tema en una rueda de prensa, funcionarios del organismo dijeron que el Gobierno seguía comprometido con no acumular bitcoin. El problema es claro: o los anuncios de compra de bitcoin son falsos y, por tanto, se comprometen los impulsos a la transparencia que el acuerdo en principio busca promover, o los anuncios son verdaderos y, por tanto, no se está cumpliendo con la mitigación de los riesgos del bitcoin.

Si la transparencia del acuerdo ya estaba comprometida por los anuncios del bitcoin, la situación ha empeorado luego de que los plazos de la segunda y tercera revisión —programadas para septiembre de 2025 y marzo de 2026, respectivamente— se alcanzaron sin publicarse un nuevo seguimiento del acuerdo, sin nuevos desembolsos y sin una explicación sobre lo sucedido. En un escueto comunicado de parte de la misión del FMI en El Salvador en diciembre de 2025, se dice que sigue habiendo avances en relación con la situación macroeconómica, la consolidación fiscal y la transparencia del bitcoin. Además, en el comunicado se señala que el Gobierno publicó un “estudio actuarial”.

En principio, este estudio debería ser el fundamento para una nueva reforma de pensiones, la cual es parte del trato con el FMI. En realidad, lo presentado por la Superintendencia del Sistema Financiero es un documento de 14 páginas dedicado mayoritariamente a explicar el estado actual del sistema de pensiones. Apenas se discuten los supuestos del análisis, las cifras utilizadas y las implicaciones. Según el acuerdo, la propuesta de reforma de pensiones debió ser anunciada en febrero de este año para luego ser sometida a discusión. Hasta la fecha, la propuesta no es pública, si es que existe.

Si en aras de la neutralidad el FMI omite explicar qué ha sucedido con el acuerdo, no se percata de que ya ha tomado postura política. Si el Fondo tiene un acuerdo con el Gobierno para continuar con las reformas después de las elecciones, es cómplice de la opacidad gubernamental. Los salvadoreños tenemos derecho a saber por qué reformas estamos votando. Es la población la que ha cargado y cargará con los recortes en nombre de la estabilidad macroeconómica. Es nuestro futuro el que está en juego con una potencial reforma de pensiones. El silencio del Fondo es cómplice del ocultamiento de información, aunque se revista de posturas técnicas. Que El Salvador necesite del programa por las condiciones macroeconómicas no justifica la falta de transparencia en los avances del acuerdo.

El pasado 22 de julio, Dan Katz, primer subdirector gerente del FMI, publicó lo siguiente en una red social: “Hablé esta tarde con el presidente Nayib Bukele acerca de los extraordinarios logros económicos de El Salvador. Estamos haciendo grandes avances para completar las siguientes revisiones del programa del FMI”. Queda a libre interpretación a qué se refiere Karz con “extraordinarios logros económicos” y “grandes avances para completar las revisiones”.

* Armando Álvarez, economista UCA.

Noticias UCA: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/sobre-el-acuerdo-con-el-fmi-ii