This past August 15 marked nine years since the murder of police investigator Mauricio Antonio Jordán Martínez, which occurred in the district of Coatepeque, Santa Ana Este. According to authorities, the crime was committed by members of MS-13.
Officer Jordán was stationed as an investigator at the Quezaltepeque station in La Libertad, and on his days off he used his vehicle to give rides. On the day of his death, someone requested a ride to the San Jacinto canton in Coatepeque, and he was murdered. His family recalls that Mauricio was shot at least 15 times.
In 2018, the police awarded Officer Mauricio’s mother, Felicita del Carmen Lucero Martínez, the gold medal for police merit.
On August 15, 2017, while he was in his vehicle, he was cowardly attacked with a firearm by a group of criminals, who intercepted him and fatally wounded him. Today, the police pay him a well-deserved tribute with our highest recognition, the Gold Cross, for having given his life.
Nine years after her son’s death, his mother Felicita, 60, faces criminal proceedings on charges of aggravated extortion. The Attorney General’s Office (FGR) also points to her as an alleged MS-13 collaborator and maintains that she allegedly collected money from an extortion.
Felicita’s family rejects the accusations and questions the investigation carried out by authorities. Her relatives say there are inconsistencies in the proceedings and believe that not enough investigative steps have been taken to clarify the acts attributed to her.
“Her son had been working for the police for 18 years. His death was a very high-profile case. For her to see her son killed, gunned down by these people (gangs), and now for the Attorney General’s Office to come and say that she was involved helping the gang members when they were the ones who killed her son, since they left her without her right hand. After he served and died for his country, and now his country betrays his mom,” said a relative on condition of anonymity for fear of reprisals.
Felicita had worked as a health promoter for more than 18 years. For 13 years she worked for the Ministry of Health (MINSAL) at the Health Unit in the El Palmar neighborhood of Santa Ana; she was also assigned to provide health assistance and guidance to residents of the Brisas de Cantarrana community and surrounding areas, also in Santa Ana.
She was arrested on November 26, 2025, when police officers arrived at her workplace. According to her relatives, the officers initially told her they would take her home.
“They arrived at her workplace under false pretenses, offering to take her home, but she didn’t want to because she hadn’t finished her work. They insisted, and that’s when she agreed to get into the patrol car, but on the way they told her they had an arrest warrant against her for aggravated extortion,” a relative recounted.
In December 2025, the FGR confirmed Felicita’s arrest and pointed to her as an alleged MS-13 collaborator. The institution stated at the time that the woman “allegedly collected money from an extortion.” The family rejects the accusation and maintains that the case is likely related to the collection of money that Felicita had lent to someone. According to her relatives, to obtain that money she had allegedly mortgaged her home, a property they now fear losing.
Felicita’s relatives say that, during the proceedings, they have not identified any evidence that, in their view, proves her ties to the gang or her participation in the crime attributed to her. They also question alleged inconsistencies in the information presented by the Attorney General’s Office, including changes to the area where the incident allegedly occurred.
“The cruelest thing is seeing that the justice system didn’t thoroughly investigate her life or look into her surroundings. For the family it’s been a low blow, having a police officer decorated with honor and then his mother accused of all this. In the family, we haven’t felt shame because we know the kind of person she is, but we do feel that horror of her being linked to those people (gangs),” a relative lamented.
“Él murió por la patria y ahora la patria traiciona a su mamá”: madre de policía asesinado por pandillas es procesada por supuesta extorsión
Por Óscar Reyes
El pasado 15 de agosto se cumplieron nueve años del asesinato del investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Antonio Jordán Martínez, ocurrido en el distrito de Coatepeque, Santa Ana Este. Según las autoridades, el crimen fue cometido por integrantes de la MS-13.
El agente Jordán estaba destacado como investigador en la delegación de Quezaltepeque, en La Libertad, y en sus días libres ocupaba su vehículo para hacer viajes. El día de su muerte, una persona le solicitó transporte hacia el cantón San Jacinto, en Coatepeque, y fue asesinado. Su familia recuerda que Mauricio recibió al menos 15 disparos.
En 2018, la PNC le entregó a la madre del agente Mauricio, Felicita del Carmen Lucero Martínez, la medalla de oro al mérito policial.
El día 15 de agosto de 2017, en el momento en que se encontraba en su vehículo, fue cobardemente atacado con arma de fuego por un grupo de criminales, quienes lo interceptaron y le hirieron mortalmente. Hoy la Policía Nacional Civil le rinde un merecido tributo con nuestro máximo reconocimiento, la Cruz de Oro, por haber ofrendado su vida.
Nueve años después de la muerte de su hijo, su madre Felicita, de 60 años, enfrenta un proceso judicial acusada por el delito de extorsión agravada. La Fiscalía General de la República (FGR) la señala además como presunta colaboradora de la MS-13 y sostiene que habría recogido dinero producto de una extorsión.
La familia de Felicita rechaza las acusaciones y cuestiona la investigación realizada por las autoridades. Sus parientes aseguran que existen inconsistencias en el proceso y consideran que no se han realizado diligencias suficientes para esclarecer los hechos que se le atribuyen.
“Su hijo tenía 18 años de estar trabajando para la Policía. Su muerte fue un caso muy sonado. Para ella ver a su hijo que lo mataron, lo acribillaron por estas personas (pandillas) y que ahora vengan la Fiscalía a decir que ella andaba involucrada ayudando a los pandilleros cuando fueron ellos mataron a su hijo, si ellos la dejaron sin su mano derecha. Después que él sirvió y murió por la patria y ahora la patria traiciona a su mamá”, expuso un familiar en condición de anonimato por temor a represalias.
Felicita tenía más de 18 años de laborar como promotora de salud. Durante 13 años trabajó para el Ministerio de Salud (MINSAL), en la Unidad de Salud de la colonia El Palmar, de Santa Ana; además, estaba asignada para brindar asistencia y orientación en salud a los habitantes de la comunidad Brisas de Cantarrana y zonas aledañas, siempre en Santa Ana.
Fue capturada el 26 de noviembre de 2025, cuando agentes de la PNC llegaron hasta su lugar de trabajo. De acuerdo con sus familiares, los policías inicialmente le dijeron que la llevarían a su vivienda.
“Llegaron a su lugar de trabajo con engaños, ofreciéndole llevarla a la casa, pero ella no quería porque no había terminado su trabajo. Le insistieron y fue cuando aceptó subir a la patrulla, pero en el camino le dijeron que tenían una orden de captura en su contra por el delito de extorsión agravada”, relató un familiar.
En diciembre de 2025, la FGR confirmó la captura de Felicita y la señaló como presunta colaboradora de la MS-13. La institución afirmó entonces que la mujer “habría recogido dinero producto de una extorsión”. La familia rechaza esa acusación y sostiene que el caso estaría relacionado con el cobro de un dinero que Felicita había prestado a una persona. Según sus familiares, para obtener ese dinero ella habría hipotecado su vivienda, inmueble que ahora temen perder.
Los parientes de Felicita aseguran que, durante el proceso, no han identificado elementos que, a su juicio, demuestren su vinculación con la pandilla o su participación en el delito que se le atribuye. También cuestionan supuestas inconsistencias en la información presentada por la Fiscalía, entre ellas cambios en la zona donde presuntamente habría ocurrido el hecho.
“Es lo más cruel ver que la justicia no investigó a fondo la vida de ella e investigar a su alrededor. Para la familia ha sido un golpe bajo porque tener un policía condecorado con honor y que acusen a su madre de todo esto. En la familia no hemos sentido vergüenza porque sabemos la clase de persona que es ella, pero sí sentimos ese horror que la vinculen con esas personas (pandillas)”, lamentó un familiar.