Organizations that make up the Pro-Historical Memory Human Rights Working Commission demand the official truth from the State about people who were detained and subsequently disappeared during the civil war, and about those responsible for these acts.
The Commission held a forum to mark the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, observed every August 30, as part of efforts to preserve historical memory and demand truth and justice for the victims.
Ovidio Mauricio, of Tutela Legal “Dr. María Julia Hernández,” explained that the forum seeks to remember those who disappeared during the civil war and to keep the discussion alive about the circumstances in which these events occurred and the responsibilities that have yet to be clarified.
For the Commission, knowing the truth is not limited to recovering the memory of the victims. It also means officially determining how the disappearances occurred, who ordered and carried them out, who participated in or covered up the acts, and what actions the State took in response to these crimes.
Florentín Meléndez, one of the forum’s speakers, noted that while there are testimonies, investigations, and public knowledge about what happened, a truth officially established through judicial proceedings remains outstanding.
Meléndez maintained that enforced disappearance constitutes one of the most serious human rights violations because its effects extend beyond the disappeared person and reach their family members, while also involving multiple rights and persisting as long as the State remains silent about the victim’s whereabouts.
The Pro-Historical Memory Commission emerged after the Peace Accords with the purpose of promoting remembrance of the human rights violations committed during the civil war, as well as reflecting on their causes, responsibilities, and consequences.
As part of the August 30 commemoration, the organizations are calling for the search for truth and justice to continue and for enforced disappearances not to be relegated to the past without official clarification.
For her part, Ana Julia Escalante, of the Pro-Búsqueda Association, noted that families have the right to know what happened to their loved ones and to receive information that allows them to close searches that, in some cases, have gone on for decades.
Escalante also noted that the search has fallen mainly to women, especially mothers, who face emotional, physical, and economic impacts as they try to learn the whereabouts of their children.
The organizations maintain that the right to truth is also a right of the families, and that the search does not end while there is insufficient information about the fate of the disappeared.
Organizaciones exigen al Estado la verdad oficial sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra
Por: K. Ventura
Organizaciones que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica exigen al Estado la verdad oficial sobre las personas que fueron detenidas y posteriormente desaparecidas durante el conflicto armado, y sobre los responsables de estos hechos.
La Comisión realizó un foro en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, como parte de las acciones para preservar la memoria histórica y exigir verdad y justicia para las víctimas.
Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “Dr. María Julia Hernández”, explicó que este espacio busca recordar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado y mantener vigente la discusión sobre las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y las responsabilidades que aún deben esclarecerse.
Para la Comisión, conocer la verdad no se limita a recuperar la memoria de las víctimas. También implica determinar oficialmente cómo ocurrieron las desapariciones, quiénes las ordenaron y ejecutaron, quiénes participaron o encubrieron los hechos y qué acciones tomó el Estado frente a estos crímenes.
Florentín Meléndez, uno de los ponentes del foro, señaló que, aunque existen testimonios, investigaciones y conocimiento público sobre lo ocurrido, continúa pendiente una verdad establecida oficialmente mediante procesos judiciales.
Meléndez sostuvo que la desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves de derechos humanos debido a que sus efectos trascienden a la persona desaparecida y alcanzan a sus familiares, además de involucrar múltiples derechos y prolongarse mientras el Estado mantiene silencio sobre el paradero de la víctima.
La Comisión Pro-Memoria Histórica surgió después de los Acuerdos de Paz con el propósito de promover la memoria sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, así como reflexionar sobre sus causas, responsabilidades y consecuencias.
En el marco de la conmemoración del 30 de agosto, las organizaciones hacen un llamado a mantener la búsqueda de verdad y justicia y evitar que las desapariciones forzadas queden relegadas al pasado sin un esclarecimiento oficial.
Por su parte, Ana Julia Escalante, de la Asociación Pro-Búsqueda, señaló que las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus seres queridos y a recibir información que les permita cerrar procesos de búsqueda que, en algunos casos, se han extendido durante décadas.
Escalante señaló además que la búsqueda ha recaído principalmente en mujeres, especialmente madres, quienes enfrentan impactos emocionales, físicos y económicos mientras intentan conocer el paradero de sus hijos e hijas.
Las organizaciones sostienen que el derecho a la verdad también es un derecho de las familias, por lo que la búsqueda no termina mientras no exista información suficiente sobre el destino de las personas desaparecidas.