Every August 30 marks the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. This is a date that seeks to keep alive the memory of those whose whereabouts remain unknown and to bring visibility to one of the most serious human rights violations.
In El Salvador, enforced disappearance has a long history, said Fátima Peña, coordinator of the University Human Rights Observatory (OUDH) at the UCA. She stated that this crime has specific characteristics that distinguish it from a missing persons case.
The first is the deprivation of liberty against the person’s will. The second is the involvement of state agents — such as police, military, or other officials — or of private individuals acting with state authorization, support, or consent. And the third is the refusal of authorities to acknowledge the detention or to provide information about the fate or whereabouts of the victim.
Peña explained that during the Salvadoran civil war, this mechanism was used to persecute and spread terror against political opponents. The Truth Commission documented around 5,500 cases of enforced disappearance.
In more recent years, human rights organizations have warned of possible short-term enforced disappearances, particularly during the state of exception, when family members reported not knowing for hours or days where people detained by state agents were being held.
According to data cited by the OUDH, the Office of the Human Rights Ombudsman received 54 complaints of enforced disappearance between January 2022 and December 2023. In addition, a report prepared by human rights organizations documented 327 complaints of enforced disappearance between 2022 and 2024.
Documenting these cases, however, remains difficult. The OUDH notes that El Salvador does not have a unified registry of missing persons. Furthermore, the figures have remained under seal since 2022, limiting the monitoring and analysis of the phenomenon.
Regarding legislation, Peña explained that in late 2019, the Penal Code was amended — specifically Article 148-A — to also penalize disappearances committed by private individuals. The amendment expanded criminal liability due to the increase in disappearances linked to criminal structures.
The challenge, according to the OUDH, remains to strengthen search mechanisms, to have a unified registry, and to ensure effective investigations to prevent disappearances from going unpunished.
Desaparición forzada: un delito que involucra al Estado y que sigue siendo difícil de documentar
Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta es una fecha que busca mantener en la memoria a las personas cuyo paradero se desconoce y, visibilizar una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
En El Salvador, la desaparición forzada tiene una larga historia, dijo Fátima Peña, coordinadora del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH, y aseguró que este delito tiene características específicas que permiten diferenciarlo de una desaparición de personas.
La primera es la privación de libertad contra la voluntad de la persona. La segunda es la participación de agentes del Estado, como policías, militares u otros funcionarios, o de particulares que actúan con autorización, apoyo o consentimiento estatal. Y la tercera es la negativa de las autoridades a reconocer la detención o a informar sobre la suerte o el paradero de la víctima.
Peña explicó que durante el conflicto armado salvadoreño este mecanismo fue utilizado para perseguir y generar terror contra opositores políticos. La Comisión de la Verdad documentó alrededor de 5,500 casos de desaparición forzada.
En años más recientes, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles desapariciones forzadas de corta duración, particularmente durante el régimen de excepción, cuando familiares denunciaron que desconocían durante horas o días, dónde se encontraban personas detenidas por agentes estatales.
Según datos citados por el OUDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 54 denuncias de desaparición forzada entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Además, un informe elaborado por organizaciones de derechos humanos documentó 327 denuncias de desaparición forzada entre 2022 y 2024.
Sin embargo, documentar estos casos continúa siendo difícil. El OUDH señala que El Salvador no cuenta con un registro único de personas desaparecidas. Además, las cifras permanecen reservadas desde 2022, lo que limita el seguimiento y análisis del fenómeno.
Respecto a la legislación, Peña explicó que a finales de 2019 se reformó el Código Penal, específicamente el artículo 148-A, para sancionar también las desapariciones cometidas por particulares. La modificación amplió la responsabilidad penal, debido al aumento de desapariciones vinculadas a estructuras criminales.
El desafío, según el OUDH, sigue siendo fortalecer los mecanismos de búsqueda, contar con un registro único y garantizar investigaciones efectivas para evitar que las desapariciones queden en la impunidad.