The Attorney General’s Office (FGR) maintains that it does not have a statistical record to determine how many cooperation agreements were granted between January 2015 and July 2026 in cases involving illicit associations and organized crime, extortion, homicides, and disappearances of persons.

The information was requested from the institution through a public information request filed on July 13, 2026, which asked for the data to be broken down by year, type of crime investigated, prosecutorial unit that authorized the cooperation agreement, and legal basis for granting it.

But the FGR’s Document Management and Statistics Unit responded that “the Institutional Automated System does not have the required level of detail” and that “no statistical documents containing the requested information have been generated.” It also noted that the requested information “has not been generated.”

The institution based its decision, among other provisions, on Articles 62 and 73 of the Access to Public Information Act (LAIP). Article 62 establishes that obligated entities must provide only information in their possession, while Article 73 regulates the procedure when the requested information is not found in the institution’s records.

The Attorney General’s Office also cited rulings from the Access to Public Information Institute (IAIP) to argue that institutions “are not required to create new documents to respond to a request.”

How does a cooperation agreement work?

Under Article 20 of El Salvador’s Criminal Procedure Code, a cooperation agreement allows a defendant to cooperate with an investigation in exchange for a procedural benefit. The person must be linked to the events under investigation, and in exchange for cooperating with the Attorney General’s Office, may receive a benefit within the criminal proceedings. Their statement must be weighed alongside other evidence.

The mechanism has been used by the Attorney General’s Office in various proceedings. Among some of the most well-known over the last decade is the case of Hugo Osorio, the Chalchuapa killer. The FGR granted him a cooperation agreement in 2021, even though he had been identified as the prime suspect after clandestine graves were discovered at his home. Osorio became a cooperating witness in nine cases, in which the Attorney General’s Office argued that his involvement consisted of throwing the bodies into the well and that he was the only witness to those who allegedly committed the killings.

The decision to grant Osorio the cooperation agreement was later criticized. Human rights organizations questioned giving him the benefit while he was identified as one of the main people involved in the crimes, most of which were murders of women.

In Operation Cuscatlán, the Attorney General’s Office used a cooperating witness identified by the code name “Noé” during the trial of members of the Mara Salvatrucha (MS-13). In 2019, Noé testified about alleged ties between the criminal structure and political actors to negotiate a reduction in homicides in exchange for prison benefits. He was one of the main witnesses presented by the Attorney General’s Office in that case.

Another case was the murder of the Pimentel family. In 2019, the FGR reported that it had a cooperating witness in the investigation into the killing of five members of the family. Later, in 2020, three people were convicted of the five killings after a cooperating witness provided information about the case.

Then, in March 2022, a judge acquitted 42 people accused of belonging to Barrio 18 in Panchimalco in a case involving killings and other crimes. The Attorney General’s Office had used a cooperating witness, and the judge noted that the witness may have committed perjury. In that case, the judge was removed from his position after facing criticism on social media, including from the president of the Republic.

La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/fiscalia-dice-no-tener-registro-de-testigos-con-criterio-de-oportunidad-en-ultima-decada-20260821-0030.html

Fiscalía dice no tener registro de testigos con criterio de oportunidad en última década

Por Laura Jordán

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que no cuenta con un registro estadístico que permita conocer cuántos criterios de oportunidad fueron otorgados entre enero de 2015 y julio de 2026 en casos de agrupaciones ilícitas y crimen organizado, extorsiones, homicidios y desapariciones de personas.

La información fue requerida a la institución mediante una petición de acceso a la información presentada el 13 de julio de 2026 y en la cual se pidió que los datos fueran desagregados por año, tipo de delito investigado, unidad fiscal que autorizó el criterio de oportunidad y causa legal aplicada para su otorgamiento.

Pero la Unidad de Administración Documental y Estadística de la FGR respondió que “el Sistema Automatizado Institucional no cuenta con el nivel de detalle requerido” y que “no existen documentos estadísticos generados que contengan la información solicitada”. Asimismo, señaló que la información solicitada “no se encuentra generada”.

La institución fundamentó su decisión, entre otras disposiciones, en los artículos 62 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El artículo 62 establece que los entes obligados deben entregar únicamente información que se encuentre en su poder, mientras que el artículo 73 regula el procedimiento cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos de la institución.

La Fiscalía también citó resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para sostener que las instituciones “no están obligadas a elaborar documentos nuevos para responder una solicitud”.

¿Cómo funciona el criterio de oportunidad?

Según el Código Procesal Penal de El Salvador, artículo 20, el criterio de oportunidad permite que un imputado colabore con la investigación a cambio de un beneficio procesal. La persona debe estar vinculada con los hechos investigados y a cambio de colaborar con la Fiscalía puede recibir un beneficio dentro del proceso penal. Su declaración debe ser valorada junto con otros elementos de prueba.

La figura ha sido utilizada por la Fiscalía en distintos procesos. Entre algunos de los más conocidos durante la última década se encuentran el caso de Hugo Osorio, el asesino de Chalchuapa. La FGR le otorgó en 2021 un criterio de oportunidad, pese a que estaba señalado como principal sospechoso tras el hallazgo de fosas clandestinas en su vivienda. Osorio se convirtió en testigo criteriado en nueve casos, en los que la Fiscalía sostuvo que su participación consistió en lanzar los cadáveres al pozo y que era el único testigo de quienes habrían cometido los homicidios.

El otorgamiento del criterio de oportunidad a Osorio fue criticado posteriormente. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron que se le concediera el beneficio mientras era señalado como uno de los principales involucrados en los hechos, en su mayoría asesinatos de mujeres.

En la Operación Cuscatlán, la Fiscalía utilizó al testigo criteriado identificado con la clave “Noé” durante el juicio contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13). En 2019, Noé declaró sobre supuestos vínculos entre la estructura criminal y actores políticos para negociar disminución de homicidios a cambios de beneficios carcelarios. Él fue uno de los principales testigos presentados por la Fiscalía en ese proceso.

Otro caso fue el del asesinado de la familia Pimentel. En 2019, la FGR informó que contaba con un testigo criteriado en la investigación por el homicidio de cinco integrantes de esa familia. Posteriormente, en 2020, tres personas fueron condenadas por los cinco homicidios, luego de que un testigo criteriado aportara información sobre el caso.

Luego, en marzo de 2022, un juez absolvió a 42 acusados de pertenecer al Barrio 18 en Panchimalco en un proceso por homicidios y otros delitos. La Fiscalía había utilizado a un testigo criteriado y el juez señaló que este pudo haber incurrido en falso testimonio. En ese caso el juez fue removido de su puesto después de recibir críticas incluso del presidente de la República en redes sociales.

La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/fiscalia-dice-no-tener-registro-de-testigos-con-criterio-de-oportunidad-en-ultima-decada-20260821-0030.html