On August 30, 2023, José Roger Urquilla Rivas, 37, landed in El Salvador after being deported from Texas, United States. And that same day, he was arrested in his own country, despite having no criminal or police record.
His journey to the United States was an escape from what his mother, Sara, calls “hardship”: as an Uber driver in El Salvador, Roger couldn’t cover his children’s schooling or pay the extortion fees demanded of him to work. He was trying to save $9,000 to cover those expenses and pay for his eldest daughter’s quinceañera.
The day he returned as a deportee, at 3:30 in the afternoon, Roger managed to call Sara using a police officer’s phone. He told her he was being held at the airport and that they needed to pick him up at the Zacatecoluca police station. No further details.
When Sara went to the Zacatecoluca police station, an officer told her that all deported Salvadorans were arriving with an alleged “code red” order. She asked whether that meant he was wanted internationally as a “high-risk” individual, but the officer explained that the order fell under the state of exception.
“The day after the arrest, I went to the Attorney General’s Office in Zacatecoluca, where they also told me that all deportees have orders to be arrested under the state of exception,” Sara said.
She also said that at the PGR in San Salvador, they told her that her son’s arrest could be related to the anonymous tip line the Ministry of Security set up under the state of exception, but to this day she doesn’t know whether the legal proceedings against him are based on that.
In September 2023, José Roger was transferred to the Izalco Penitentiary, where he remained for a year and four months. He was then transferred to the Ciudad Barrios Prison, where he is currently being held.
His mother found out about the transfer on her own: the day she went to Izalco to deliver a package of basic supplies, she was told her son was no longer there, and that same day she traveled to the prison in the eastern part of the country.
Illness in prison
On August 20, 2024, at 9:00 in the morning — a year after his arrest — Sara received a phone call. She answered and recalls the person on the other end telling her they were calling on behalf of the Attorney General’s Office to notify her that José Roger was suffering from chronic kidney disease.
“They called me and told me not to worry because he was already getting treatment at the hospital where he was being transferred for care. My first reaction was to ask if he was receiving dialysis, and they confirmed he wasn’t at that stage yet, that I should be glad,” Sara said.
Her son is also asthmatic, and she has been unable to confirm his current health status regarding that condition or find out how his kidney disease is progressing. “I don’t know if he’s alive, in serious condition, or already dead,” she lamented.
Request for measures
In light of the chronic kidney disease diagnosis reported by authorities, José Roger’s family has requested a special hearing to review his measures.
Sara explained that the petition seeks to allow her son to face his legal proceedings either free or under conditions that would let him receive specialized medical treatment outside the prison environment.
When her son was first arrested, a team of lawyers who work on state of exception cases filed the initial petition. According to Sara, one of the lawyers handling the case left the country without notifying her that it had been denied by the judge a year ago.
The family discovered this months later when they resumed efforts with a new private attorney to reactivate the case. Last July, the new legal team formally filed two petitions.
The first is a review of José Roger’s current health status to officially certify the progression of his disease. The second is the petition for a hearing to review his measures, in which they will include the medical report on his kidney disease to request a change from pretrial detention.
The family maintains that José Roger has a clean criminal record and police clearance, documents that have also been submitted to demonstrate his ties to the community.
La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/relato-todos-los-deportados-tienen-orden-para-ser-capturados-con-el-regimen-de-excepcion-20260819-0056.html
RELATO: “Todos los deportados tienen orden para ser capturados con el régimen de excepción”
Por Laura Jordán
El 30 de agosto de 2023, José Roger Urquilla Rivas, de 37 años, aterrizó en El Salvador tras ser deportado desde Texas, Estados Unidos. Y ese mismo día fue capturado en su país, pese a no tener antecedentes penales ni policiales.
Su viaje hacia Estados Unidos fue una huida de lo que su madre, Sara, llama “precariedad”: como conductor de Uber en El Salvador, Roger no lograba cubrir los estudios de sus hijos ni pagar las extorsiones que le exigían para trabajar. Buscaba ahorrar $9,000 para cubrir esos gatos y para costear la fiesta de quince años de su hija mayor.
El día que volvió deportado, a las 3:30 de la tarde, Roger logró hacer una llamada a Sara utilizando el teléfono de un agente policial. Le avisó que estaba detenido en el aeropuerto y que debían ir a buscarlo en la delegación de Zacatecoluca. Sin más detalles.
Cuando Sara acudió a la delegación de Zacatecoluca un policía le comentó que todos los salvadoreños deportados estaban llegando con una supuesta orden de “código rojo”. Ella cuestionó si eso significaba que lo buscaban internacionalmente como una persona de “alto riesgo”, pero el policía le explicó que esa orden correspondía al régimen de excepción.
“Un día después de la captura fui a la Procuraduría General de la República con sede en Zacatecoluca donde también me dijeron que todos los deportados tienen orden para ser capturados con el régimen”, comentó Sara.
Dijo además que en la PGR de San Salvador le mencionaron que la captura de su hijo podría estar relacionada al sistema de llamadas anónimas que el Ministerio de Seguridad implementó con el régimen de excepción, pero hasta la fecha desconoce si el proceso judicial contra él se lleva a cabo por ese motivo.
En septiembre de 2023, José Roger fue trasladado al Centro Penitenciario de Izalco donde permaneció un año y cuatro meses, posteriormente fue trasladado al Centro Penal de Ciudad Barrios donde se encuentra detenido actualmente.
Su madre se enteró del traslado por sus propios medios: el día que llegó a Izalco para entregarle un paquete de insumos básicos, le informaron que su hijo ya no estaba allí y ese mismo día viajó hasta el centro penal en el oriente del país.
Enfermedad en penal
El 20 de agosto de 2024, a las 9:00 de la mañana y un año después de su captura, Sara recibió una llamada. Contestó y recuerda que la persona al otro lado del teléfono le informó que le hablaba de parte de la Procuraduría General de la República para notificarle que José Roger padecía insuficiencia renal crónica.
Me llamaron y me dijeron que no me preocupara porque él ya tenía tratamiento en el hospital donde estaba siendo trasladado para que lo atendieran. Mi primera reacción fue preguntar si estaba recibiendo un tratamiento de diálisis y me confirmaron que todavía no está en esta etapa, que me alegrara”, comentó Sara.
Su hijo también es asmático y sobre esa enfermedad no ha podido confirmar cuál es su estado de salud actual, ni conocer cómo avanza con la insuficiencia renal. “No sé si está vivo, está grave o ya murió”, lamentó.
Solicitud de medidas
Ante el diagnóstico de insuficiencia renal crónica notificado por las autoridades, la familia de José Roger ha solicitado una audiencia especial de revisión de medidas.
Sara explicó que esta petición busca que su hijo pueda enfrentar su proceso en libertad o bajo medidas que le permitan recibir tratamiento médico especializado fuera del entorno carcelario.
Cuando su hijo recién fue capturado, un equipo de abogados que trabaja con casos del régimen realizó la primera solicitud. Según relató Sara, una de las abogadas que llevaba el caso salió del país sin notificarle que había sido rechazada por el juez hace un año.
La familia descubrió esta situación meses después, al retomar las gestiones con un nuevo abogado particular para reactivar el proceso. En julio pasado, el nuevo equipo legal presentó formalmente dos peticiones.
La primera consiste en una revisión del estado de salud actual de José Roger para certificar oficialmente el avance de su enfermedad. La segunda es la solicitud de la audiencia de revisión de medidas, en la cual incorporarán el informe médico sobre la insuficiencia renal para pedir el cambio de la detención provisional.
La familia sostiene que José Roger cuenta con sus antecedentes penales y solvencia policial limpios, documentos que también han sido presentados para respaldar su arraigo.
La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/relato-todos-los-deportados-tienen-orden-para-ser-capturados-con-el-regimen-de-excepcion-20260819-0056.html