A federal judge in Massachusetts on Wednesday refused to suspend the U.S. government policy that limits the validity of work permits for beneficiaries of Temporary Protected Status (TPS) to one year. The decision voids the judicial protection that had prevented those documents from expiring while the litigation moved forward.

The ruling affects thousands of Salvadoran TPS beneficiaries whose work permits expired on July 22 and had remained valid thanks to the preliminary injunction.

Judge Nathaniel Gorton of the U.S. District Court for the District of Massachusetts rejected the plaintiffs’ arguments against the policies implemented by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) under the One Big Beautiful Bill Act, also known as H.R. 1.

The lawsuit was filed by organizations representing TPS beneficiaries and asylum seekers, who challenged three measures adopted by USCIS and the Department of Homeland Security (DHS):

• The establishment of a one-year limit on TPS work permits.
• The application of that limit to automatic work permit extensions granted before the legal change.
• New rules related to asylum applications.

The organizations had pointed out that the measures were implemented without following proper legal process and retroactively, warning that the Federal Register notice on the renewal of TPS for Salvadorans automatically extends the validity of employment authorization through March 9, 2026. The notice also grants automatic work permit extensions for program beneficiaries for up to 540 days after their permit expires.

However, in his ruling, the judge concluded that the one-year limit was established directly by Congress and that USCIS merely implemented the legal mandate, finding that the agency was not required to conduct notice-and-comment rulemaking before applying it. He also rejected the argument that the measure constitutes an illegal retroactive application of the law.

The court acknowledged that the new policy could create periods in which a TPS beneficiary retains their immigration status but lacks employment authorization while awaiting renewal of their work permit. However, it held that the possible gap does not make the policy illegal, since USCIS could avoid it through automatic one-year extensions.

By refusing to suspend the policy, the court allows the one-year limit on work permits for TPS holders to remain in effect while the case continues, with a final ruling still pending.

José Palma, of the National TPS Alliance, lamented the court decision, which he called “yet another blow” to the Salvadoran TPS community, and noted that it particularly affects those who have not received a response on their work permit extension applications.

“Today’s decision leaves many Salvadorans vulnerable — those who have not received their new work permit and could be fired from their workplace,” Palma said.

The leader also clarified that the ruling refers only to work permits and not to the validity of TPS, which remains in effect through September 9.

Earlier, Yanira Arias, a community organizer with Alianza Americas, told LA PRENSA GRÁFICA that the lack of response to work permit applications appears to be a deliberate decision by the Trump administration to pressure people protected under TPS to leave the country.

According to Arias, USCIS data show that more than 120,000 Salvadorans submitted applications to re-register for TPS and renew their work permits. However, as of last July, fewer than 14,000 had received approval for both authorizations.

Asylum seekers’ claim

The only part of the lawsuit on which the judge granted a preliminary injunction was the one related to the new Annual Asylum Fee.

The court temporarily suspended enforcement of the rule that allowed the agency to reject asylum applications and initiate deportation proceedings against those who did not pay the fee, finding that those consequences were not expressly ordered by Congress and that the agency adopted them without complying with the required procedures.

In his order, the judge suspended only that part of the regulation and denied the request with respect to all other challenged policies.

La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/departamento15/beneficiarios-del-tps-pierden-proteccion-que-mantenia-vigentes-sus-permisos-de-trabajo-tras-fallo-de-juez-20260806-0023.html

Beneficiarios del TPS pierden protección que mantenía vigentes sus permisos de trabajo tras fallo de juez

Por Claudia Palacios

Un juez federal de Massachusetts rechazó ayer miércoles suspender la política del Gobierno de Estados Unidos ( EUA) que limita a un año la vigencia de los permisos de trabajo de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión deja sin efecto la protección judicial que impidió el vencimiento de esos documentos mientras avanzaba el litigio.

El fallo impacta a miles de beneficiarios del TPS de El Salvador cuyos permisos de trabajo vencieron el el pasado 22 de julio y habían permanecido vigentes gracias a la orden cautelar.

El juez Nathaniel Gorton, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, rechazó los argumentos de los demandantes contra las políticas implementadas por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a partir de la ley One Big Beautiful Bill Act, también conocida como H.R.1.

La demanda fue presentada por organizaciones que representan a beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo, quienes impugnaron tres medidas adoptadas por USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS):

• El establecimiento de un límite de un año para los permisos de trabajo del TPS.
• La aplicación de ese límite a extensiones automáticas de permisos laborales otorgadas antes del cambio legal.
• Nuevas reglas relacionadas con las solicitudes de asilo.

Las organizaciones habían señalado que las medidas se implementaron sin seguir el proceso legal correspondiente y de forma retroactiva, advirtiendo que la notificación del registro federal con la renovación del TPS para salvadoreños extiende automáticamente la vigencia de la autorización de empleo hasta el 9 de marzo de 2026. Asimismo, otorga extensiones automáticas de los permisos laborales para beneficiarios del programa por hasta 540 días tras el vencimiento de su permiso.

Sin embargo, en su resolución, el juez concluyó que el límite de un año fue establecido directamente por el Congreso y que USCIS únicamente implementó el mandato legal, por lo que consideró que la agencia no estaba obligada a realizar un proceso de consulta pública antes de aplicarlo. También rechazó el argumento de que la medida constituya una aplicación retroactiva ilegal de la ley.

El tribunal reconoció que la nueva política podría generar períodos en los que un beneficiario del TPS conserve su estatus migratorio pero carezca de autorización de empleo mientras espera la renovación de su permiso de trabajo. Sin embargo, sostuvo que ese posible vacío no vuelve ilegal la política, ya que USCIS podría evitarlo mediante extensiones automáticas de un año.

Al negar la suspensión de la política, el tribunal permite que el límite de un año para los permisos de trabajo de tepesianos siga aplicándose mientras continúa el proceso judicial, el cual aún está pendiente de una resolución definitiva.

José Palma, de la Alianza Nacional TPS, lamentó la decisión judicial, que calificó como “otro golpe más” para la comunidad tepesiana salvadoreña y señaló que afecta particularmente a aquellas personas que no han recibido una respuesta sobre sus solicitudes de extensión de permisos laborales.

“Esta decisión de hoy deja vulnerables a muchos salvadoreños que no han recibido su nuevo permiso de trabajo y que podrían ser despedidos de su lugar de trabajo”, indicó Palma.

El dirigente también aclaró que el fallo solo se refiere a los permisos laborales y no a la vigencia del TPS, la cual se mantiene hasta el 9 de septiembre.

Previamente, Yanira Arias, organizadora comunitaria de Alianza Americas, señaló a LA PRENSA GRÁFICA que la falta de respuesta a las solicitudes de permisos laborales parece ser una decisión deliberada de la administración Trump para presionar a las personas protegidas con TPS a dejar el país.

De acuerdo con Arias, datos de USCIS muestran que más de 120,000 personas salvadoreñas presentaron solicitudes para reinscribirse al TPS y renovar sus permisos de trabajo. Sin embargo, hasta julio pasado, menos de 14,000 habían recibido la aprobación de ambas autorizaciones.

Reclamo de solicitantes de asilo

La única parte de la demanda en la que el juez concedió una medida cautelar fue la relacionada con la nueva Tarifa Anual de Asilo (Annual Asylum Fee).

El tribunal suspendió temporalmente la aplicación de la regla que permitía rechazar solicitudes de asilo e iniciar procesos de deportación contra quienes no pagaran esa cuota, al considerar que esas consecuencias no fueron ordenadas expresamente por el Congreso y que la agencia las adoptó sin cumplir los procedimientos requeridos.

En la orden, el juez dispuso suspender únicamente esa parte de la regulación y negó la solicitud respecto de todas las demás políticas impugnadas.

La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/departamento15/beneficiarios-del-tps-pierden-proteccion-que-mantenia-vigentes-sus-permisos-de-trabajo-tras-fallo-de-juez-20260806-0023.html