To mark the International Day Against Open-Pit Mining, communities and environmental organizations held activities across various parts of El Salvador on July 22 to reiterate their rejection of metal mining. They warned of the risks that they believe the industry’s revival poses to water sources, territories, and communities.
The activities took place in Cabañas, Chalatenango, and the Bajo Lempa region, where participants called for the reinstatement of the metal mining ban. They expressed concern over the advancement of extractive projects following the enactment of the General Mining Law, passed on December 23, 2024.
Peter Nataren, an environmentalist from Cabañas, stated that the day’s events aimed to highlight the communities’ rejection of metal mining. He argued that the current climate has reduced spaces for public participation due to the fear some residents have of expressing their opposition. “Open-pit mining is one of the most devastating industries for the environment and for the population, because it involves displacement,” Nataren said.
Nataren stated that, in addition to the potential environmental impacts, communities are expressing concern over possible evictions in areas where extractive projects could be developed, and he warned that mining would increase pressure on the country’s water sources.
Meanwhile, Pedro Cabezas, a member of the Central American Alliance Against Mining (ACAFREMIN), announced that on July 24 the organization will submit a petition to the Mayor’s Office of Asunción Mita, Guatemala. The petition will request information regarding the permits granted to the Cerro Blanco mining project, now called Era Dorada, backed by the company Aura Minerals.
Cabezas explained that the organization is seeking to find out under what conditions the project’s continuation was authorized, arguing that the process has lacked transparency and that potentially affected communities were not consulted.
The environmentalist warned that potential contamination from the Cerro Blanco project could affect the Lempa River basin, the main water supply for a large portion of the Salvadoran population. He also reiterated the call for El Salvador to reverse its current mining legislation and prioritize policies aimed at environmental recovery and the protection of water resources.
Additionally, Friar Aníbal Durán of the Dulce Nombre de María parish in Chalatenango noted that the commemoration also aims to raise awareness among decision-makers regarding the potential impacts of metal mining, and he reiterated the call to reinstate the ban on this activity in the country.
In a statement, community, church, and environmental organizations called on the public to protect water sources, forests, and territories, stating that metal mining poses a threat to the lives of current and future generations. They also called for the reinstatement of the ban on metal mining in El Salvador.
In the statement, the organizations also expressed concern over the advance of new extractive projects and claimed that the Salvadoran government has signed a trade agreement with the United States that, they argue, would facilitate the arrival of mining companies in the country. Furthermore, they pointed out that most of the mining projects would be located in the Lempa River basin, prompting them to insist that the state prioritize environmental protection policies and guarantee public access to water.
The organizations recalled that in 2017, the Legislative Assembly unanimously passed the Metal Mining Prohibition Law, which remained in effect for seven years. In their statement, they noted that the legislation was the result of years of social mobilization and remembered environmental defenders Marcelo Rivera, Dora Sorto, and Ramiro Rivera, who were murdered in the context of opposition to mining projects.
As part of the efforts to reverse the mining legislation, the Catholic Church delivered a letter to the Legislative Assembly in March 2025, backed by over 150,000 signatures from parishioners and citizens calling for the repeal of the General Metal Mining Law. Months later, the organization Communities of Faith Organized in Action (COFOA) submitted over 7,000 signatures collected across 11 departments of the country in support of the same petition; however, these requests have received no response.
Comunidades llaman a defender la vida y reiteran rechazo a la minería metálica
Por: K. Ventura
En el marco del Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, comunidades y organizaciones ambientalistas realizaron este 22 de julio actividades en distintos puntos de El Salvador para reiterar su rechazo a la minería metálica y advertir sobre los riesgos que, a su juicio, representa la reactivación de esta industria para las fuentes de agua, los territorios y las comunidades.
Las actividades se desarrollaron en Cabañas, Chalatenango y el Bajo Lempa, donde los participantes hicieron un llamado a restablecer la prohibición de la minería metálica y expresaron preocupación por el avance de proyectos extractivos tras la entrada en vigencia de la Ley General de Minería, aprobada el 23 de diciembre de 2024.
Peter Nataren, ambientalista de Cabañas, afirmó que la jornada buscó visibilizar el rechazo de las comunidades a la minería metálica y sostuvo que el contexto actual ha reducido los espacios de participación pública debido al temor que existe entre algunos habitantes para expresar su oposición. “La minería a cielo abierta es una de las industrias más devastadoras para el medio ambiente, para la población porque implica desalojo”, dijo Nataren.
Nataren aseguró que, además de los posibles impactos ambientales, las comunidades manifiestan preocupación por eventuales desalojos en zonas donde podrían desarrollarse proyectos extractivos y advirtió que la minería incrementaría la presión sobre las fuentes de agua del país.
Por su parte, Pedro Cabezas, integrante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), informó que el próximo 24 de julio la organización presentará un memorial ante la Alcaldía de Asunción Mita, Guatemala, para solicitar información sobre los permisos otorgados al proyecto minero Cerro Blanco, ahora denominado Era Dorada, impulsado por la empresa Aura Minerals.
Cabezas explicó que la organización busca conocer bajo qué condiciones fue autorizada la continuidad del proyecto, al considerar que el proceso no ha sido transparente y que las comunidades potencialmente afectadas no fueron consultadas.
El ambientalista advirtió que una eventual contaminación proveniente del proyecto Cerro Blanco podría afectar la cuenca del río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua para gran parte de la población salvadoreña. Asimismo, reiteró el llamado a que El Salvador revierta la actual legislación minera y priorice políticas orientadas a la recuperación ambiental y la protección de los recursos hídricos.
Asimismo, Fray Aníbal Durán, de la parroquia Dulce Nombre de María, en Chalatenango, señaló que la conmemoración también busca sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre los posibles impactos de la minería metálica y reiteró el llamado para que se restablezca la prohibición de esta actividad en el país.
A través de un comunicado, organizaciones comunitarias, eclesiales y ambientales hicieron un llamado a la población a proteger las fuentes de agua, los bosques y los territorios, al considerar que la minería metálica representa una amenaza para la vida de las actuales y futuras generaciones. Asimismo, solicitaron el restablecimiento de la prohibición de la minería metálica en El Salvador.
En el pronunciamiento, las organizaciones también expresaron preocupación por el avance de nuevos proyectos extractivos y afirmaron que el Gobierno salvadoreño ha suscrito un convenio comercial con Estados Unidos que, según sostienen, facilitaría la llegada de empresas mineras al país. Además, señalaron que la mayoría de los proyectos mineros se ubicarían sobre la cuenca del río Lempa, por lo que insistieron en que el Estado priorice políticas de protección ambiental y garantice el acceso al agua para la población.
Las organizaciones recordaron que en 2017 la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente durante siete años. En su pronunciamiento señalaron que esa legislación fue resultado de años de movilización social y recordaron a los defensores ambientales Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, asesinados en el contexto de la oposición a proyectos mineros.
Como parte de las acciones para revertir la legislación minera, la Iglesia católica entregó en marzo de 2025 a la Asamblea Legislativa una carta respaldada por más de 150 mil firmas de feligreses y ciudadanos que solicitaban derogar la Ley General de Minería Metálica. Meses después, la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) presentó más de 7,000 firmas recolectadas en 11 departamentos del país en respaldo a esa misma petición, sin embargo, estas solicitudes no han obtenido respuestas.