The Salvadoran government continues to increase its Bitcoin reserves, a strategy it has maintained virtually unchanged since President Nayib Bukele announced the first purchases of the cryptocurrency in 2021, and which continues even after the agreement signed with the International Monetary Fund (IMF) required the country to reduce state involvement in activities linked to this digital asset.

Records from the National Bitcoin Office show that the state reserve currently stands at more than 7,715 Bitcoins (BTC), valued at up to $489.06 million based on the cryptocurrency’s price as of Wednesday night, following the addition of last month’s purchases.

Public transactions from the state wallet show, in fact, that in recent days one Bitcoin has been purchased each day, with operations ranging between $61,840 and $64,942, depending on the price at the time of purchase.

However, the continuation of this strategy runs counter to the commitments the government made at the time under the $1.4 billion financing program agreed with the IMF, which calls for a reduction in state involvement in operations related to Bitcoin, including keeping the reserve unchanged—something that is not happening.

Even so, and as part of those commitments, the Legislative Assembly amended the Bitcoin Law last year and eliminated the mandatory status the cryptocurrency had held since September 2021; following those changes, accepting Bitcoin ceased to be an obligation for businesses and became a voluntary option, one of the main changes requested by the international body to reduce the risks associated with the use of this type of asset.

Although Bitcoin was presented as an alternative to increase financial inclusion in 2021, its use did not ultimately become widespread among the population. Photo: EDH / File

Moreover, five years after El Salvador became the first country in the world to adopt Bitcoin as legal tender, the cryptocurrency’s presence in daily transactions was far lower than expected when it was introduced as a tool to boost financial inclusion in the country—especially because it was also not used on a massive scale for sending remittances from abroad, despite that being one of the biggest benefits, as President Bukele explained in 2021.

Meanwhile, the decision to keep acquiring BTC has raised questions about compliance with the financial assistance program with the Fund. In fact, a few weeks ago, the rating agency Fitch Ratings noted that the lack of progress on some commitments agreed upon with the Fund keeps the agreement “stalled,” which could explain why the second and third reviews of the program, which were scheduled for September 2025 and March 2026, have not yet been completed. These reviews are key to the agreement because they allow the country to continue accessing disbursements under the program.

Likewise, among the factors cited by the agency as a cause of the delays is, precisely, the accumulation of Bitcoin. Fitch noted that Salvadoran authorities have still not clarified the nature of the purchases made by the state and pointed out that the program with the IMF stipulates that Bitcoin reserves must not be increased using public funds.

According to data from monitoring portals such as DropsTab, to date the government has reportedly allocated more than $423 million from public funds to purchase Bitcoin. The reason the amount spent does not match the total value of the reserves is that the crypto asset fluctuates in value, meaning some coins were bought at a low price and have since appreciated.

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/negocios/gobierno-mantiene-compras-bitcoin-pese-compromiso-fmi/85877/2026/

Gobierno mantiene compras de un Bitcoin al día pese a compromisos con el FMI

Juan Carlos Mejía

El Gobierno salvadoreño sigue incrementando sus reservas de Bitcoin, una estrategia que mantiene prácticamente sin cambios desde que el presidente Nayib Bukele anunció las primeras compras de la criptomoneda en 2021 y que continúa incluso después de que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligara al país a reducir la participación estatal en las actividades vinculadas con este activo digital.

Los registros de la Oficina Nacional de Bitcoin muestran que la reserva estatal asciende actualmente a más de 7,715 Bitcoins (BTC), valorados en hasta $489.06 millones según el precio de la criptomoneda hasta la noche de ayer miércoles, luego de la incorporación de las compras del último mes.

Las transacciones públicas de la billetera estatal reflejan, de hecho, que durante los últimos días se ha comprado un Bitcoin cada jornada, con operaciones que han oscilado entre los $61,840 y $64,942, dependiendo del precio al momento de la compra.

No obstante, la continuidad de esta estrategia va contra los compromisos que asumió en su momento el gobierno dentro del programa de financiamiento por $1,400 millones acordado con el FMI, el cual contempla una reducción del involucramiento estatal con las operaciones relacionadas con Bitcoin, incluyendo que dicha reserva se mantenga sin cambios, algo que no está ocurriendo.

Aún así, y como parte de esos compromisos, la Asamblea Legislativa reformó el año pasado la Ley Bitcoin y eliminó el carácter obligatorio que tenía la criptomoneda desde septiembre de 2021 y, a partir de esos cambios, aceptar Bitcoin dejó de ser una obligación para los comercios y pasó a convertirse en una opción voluntaria, uno de los principales cambios solicitados por el organismo internacional para reducir los riesgos asociados con el uso de ese tipo de activo.

Pese a que el Bitcoin fue presentado como una alternativa para aumentar la inclusión financiera en 2021, su uso no terminó por ser masivo entre la población. Foto: EDH / Archivo

Además, cinco años después de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, la presencia de la criptomoneda en las transacciones diarias fue mucho menor de lo que se esperaba cuando fue presentada como una herramienta para aumentar la inclusión financiera en el país, sobre todo, porque tampoco fue utilizada de forma masiva en el envío de remesas desde el exterior, pese a que ese era uno de los más grandes beneficios, según explicó el presidente Bukele en 2021.

Mientras tanto, la decisión de seguir adquiriendo BTC ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento del programa de asistencia financiera con el Fondo. De hecho, hace algunas semanas, la calificadora Fitch Ratings señaló que la falta de avances en algunos compromisos pactados con el Fondo mantiene «estancado» dicho acuerdo, algo que podría explicar por qué aún no se han completado la segunda y tercera revisión del programa, las cuales estaban establecidas para septiembre de 2025 y para marzo de 2026. Estas revisiones son claves dentro del acuerdo porque permiten que el país continúe accediendo a los desembolsos de dinero dentro del programa.

Asimismo, entre los factores mencionados por la agencia como causa de los retrasos figura, precisamente, la acumulación de Bitcoin. Fitch señaló que las autoridades salvadoreñas todavía no han aclarado la naturaleza de las compras realizadas por el Estado y señaló que el programa con el FMI establece que no deben incrementarse las reservas de Bitcoin utilizando recursos públicos.

Según datos de portales de monitoreo, como DropsTab, hasta la fecha el gobierno habría destinado más de $423 millones provenientes de fondos públicos para la compra de Bitcoin. La razón por la que el monto gastado no es similar al valor total de las reservas es porque el criptoactivo es fluctuante en su valor, por lo que algunas monedas se compraron a precio bajo y se han revalorizado en la actualidad.

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/negocios/gobierno-mantiene-compras-bitcoin-pese-compromiso-fmi/85877/2026/