Nayib Bukele’s regime swallows up Salvadoran migrants who have no outstanding issues with the law in either the United States or El Salvador. Aurelio, a migrant deported by the Trump administration, was harassed and pursued until he was captured.

Since January 2025, two months before the Donald Trump administration sent 252 Venezuelan migrants to the Terrorism Confinement Center (CECOT), the situation of deported migrants drew the attention of national and international organizations, but to date it has not been possible to quantify how many migrants deported by the United States end up prosecuted under the rules of El Salvador’s state of exception.

Information about the state of exception is discretionary and kept under seal for seven years, but the cases exist. A Human Rights Watch (HRW) investigation that examined the case of Salvadorans deported alongside Venezuelans in 2025 revealed possible forced disappearances within the prison system, as none of the inmates had contact with their families or lawyers.

The story of Aurelio, the protagonist of this drama, is proof that these captures occur in a context of grave patterns of human rights violations, which also include the deportation of former gang members who never committed crimes in El Salvador, were deported by the U.S., and were captured by Bukele’s regime after having served their sentences and completed rehabilitation programs in American prisons.

For U.S. authorities, Aurelio, a laborer who fled the gangs before 2018, violated immigration law and had to be deported. However, in his homeland this man became a number to inflate the quota of detainees that feeds the Salvadoran prison system, even though, according to the ruling party, the Mara Salvatrucha (MS-13) and Barrio 18 gangs have been neutralized.

The El Salvador to which Aurelio returned is a country where the system captures people based on the color of their skin, identifies its victims by the neighborhood where they live or by their socioeconomic level, because those characteristics make them more vulnerable in a country without the rule of law.

The deported citizens who arrive in this Central American country every week are far from the television cameras or the photographers working for the Presidential Communications Office. These people are interviewed by police rather than immigration agents and are sent to the police station in Zacatecoluca or to the headquarters of the Comprehensive Migrant Care Center.

Those with worse luck are sent to one of the Salvadoran prisons holding more than 90,000 detainees under the state of exception, where more than 500 people have also died in state custody, according to figures from human rights organizations. Others, like Aurelio, are flagged, and the panoptic eye of the Regime does not lose sight of them until it decides to come for them.

Aurelio learned of other deportees who were not as lucky and were captured at the airport, and of others who were pursued and tracked down in their communities, where they had returned hoping to rebuild their lives.

Aurelio was flagged the moment he set foot on Salvadoran soil, carrying the worst stain someone expelled from the American dream can bear: he is a deportee, and the police made sure he knew it every time they tried to capture him because—in the words of the poet Roque Dalton—he is always suspected of everything.

Over the following months, he dodged the police, changed addresses, and worked as a bricklayer on a construction site while considering the possibility of migrating again to reunite with his three children, who remain in the United States.

During that time, he also followed the news about the increase in raids over there, fearing for his children, trying to avoid being arrested in El Salvador because he knows they need him.

Aurelio’s testimony is one of countless cases that show how Salvadoran authorities revictimize those who emigrated and were deported. Now he can no longer keep telling it. Not anymore. The Regime never stopped tracking his steps. His family knows nothing of his whereabouts. He stopped answering my calls…

Redacción Regional: https://redaccionregional.com/migracion/aurelio-el-deportado-de-estados-unidos-capturado-por-el-regimen-de-bukele/

Aurelio: el deportado de Estados Unidos capturado por el régimen de Bukele

Eric Lemus

El régimen de Nayib Bukele engulle a migrantes salvadoreños que no tienen cuentas con la justicia ni en Estados Unidos ni en El Salvador. Aurelio, un migrante deportado por la administración Trump, fue acosado y perseguido hasta que fue capturado.

Desde enero de 2025, dos meses antes de que la administración de Donald Trump enviara a 252 migrantes venezolanos hacia el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la situación de los migrantes deportados llamó la atención de organizaciones nacionales e internacionales, pero a la fecha no se ha podido cuantificar cuántos migrantes deportados por Estados Unidos terminan procesados bajo las reglas del régimen de excepción salvadoreño.

La información sobre el régimen de excepción es discrecional y está reservada durante siete años, pero los casos existen. Una investigación de Human Rights Watch (HRW), que analizó el caso de los salvadoreños deportados junto con los venezolanos en 2025, reveló posibles desapariciones forzadas en el sistema penitenciario debido a que ninguno de los reos tuvo contacto con sus familias o abogados.

La historia de Aurelio, el protagonista de este drama, es una prueba de que esas capturas ocurren en un contexto de graves patrones de violación a los derechos humanos, entre las que se incluyen también la deportación de expandilleros que nunca delinquieron en El Salvador y fueron deportados por EUA y capturados por el régimen de Bukele luego de haber cumplido sus condenas y procesos de rehabilitación en las cárceles estadounidenses.

Para las autoridades estadounidenses, Aurelio, un obrero que huyó de las pandillas antes de 2018, violó la ley migratoria y debía ser deportado. Sin embargo, en su tierra natal este hombre se convirtió en una cifra para aumentar la cuota de detenidos que alimenta el sistema carcelario salvadoreño, pese a que según el oficialismo las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 están neutralizadas.

El Salvador al que Aurelio regresó es un país donde el sistema captura por el color de su piel, identifica a sus víctimas según el vecindario donde residen o de acuerdo con el nivel socio económico al que pertenecen porque esas características los hace más vulnerables en un país sin Estado de derecho.

Los ciudadanos deportados que llegan cada semana a este país centroamericano están lejos de las cámaras de televisión o los fotógrafos que trabajan para la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Esas personas son entrevistadas por policías, en lugar de agentes de migración, y son enviados a la delegación de la Policía Nacional Civil de Zacatecoluca o a la sede del Centro de Atención Integral al Migrante.

Aquellos con peor suerte son remitidos a una de las prisiones salvadoreñas donde están más de 90.000 detenidos en el marco del régimen de excepción y también donde han muerto más de 500 personas bajo custodia estatal, según cifras de organizaciones de derechos humanos. Otros, como Aurelio, son fichados y el ojo panóptico del Régimen nos los pierde de vista hasta que decide ir por ellos.

Aurelio supo de otros deportados que no tuvieron su misma suerte y fueron capturados en el aeropuerto, y también de otros que fueron perseguidos y localizados en sus comunidades, a donde regresaron con la esperanza de rehacer sus vidas.

Aurelio fue fichado al tocar suelo salvadoreño con la peor mancha que puede traer alguien que fue expulsado del sueño americano: él es un deportado y la policía se lo hizo saber cada vez que intentó capturarlo porque —en palabras del poeta Roque Dalton— es siempre sospechoso de todo.

Durante los siguientes meses, sorteó a los policías y cambió de domicilio, y se dedicó a la albañilería en una obra en construcción mientras reflexionaba sobre la posibilidad de migrar de nuevo para reencontrarse con sus tres hijos, que siguen en Estados Unidos.

En ese lapso siguió también las noticias sobre el aumento de redadas allá, temiendo por sus hijos, evitando ser apresado en El Salvador porque sabe que ellos lo necesitan.

El testimonio de Aurelio es uno de los innumerables casos que demuestra como las autoridades salvadoreñas revictimizan a aquel que emigró y fue deportado. Ahora ya no puede seguirlo contando. Ya no más. El Régimen nunca dejó de seguir los pasos. La familia no sabe nada de su paradero. Él dejó de responder mis llamadas…

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