An international mission of Spanish jurists warned that El Salvador is undergoing a deep crisis of the rule of law, marked by the loss of judicial independence, the systematic violation of procedural guarantees, and the criminalization of lawyers, judges, and human rights defenders.
After five days of visits and meetings with social organizations, victims, lawyers, and justice operators, the delegation presented its preliminary findings, in which it concludes that there is a “serious institutional crisis” resulting from the concentration of power and the weakening of democratic checks and balances.
Among their main concerns, they pointed to the absence of separation of powers, executive interference in the judicial system, the dismissal of constitutional magistrates, forced retirements of judges, arbitrary detentions, mass hearings, lack of effective access to defense, and the conditions of people deprived of liberty.
Jurist Sonia González, director of the Paz y Solidaridad Foundation, stated that the successive extensions of the state of exception have consolidated a scenario of widespread lack of protection and warned that the pursuit of security cannot justify the reduction of constitutional guarantees.
The jurists also denounced the criminalization of human rights defenders and the practice of law, as well as the harassment that, according to them, has forced several professionals into exile.
They also questioned collective hearings, considering that they prevent the exercise of an adequate defense, and stated that, based on the testimonies collected, in El Salvador “a presumption of guilt seems to prevail” instead of the constitutional principle of presumption of innocence. They pointed out that “one right cannot be privileged by annulling all the others.”
During the presentation of the preliminary report, former Supreme Court magistrate and human rights defender Mirna Perla stated that the country is facing a deep institutional crisis that affects the comprehensive exercise of fundamental rights.
The international mission announced that in the coming months it will prepare a final report with a broader analysis of the findings collected during its visit to El Salvador, which will be presented to national and international bodies.
The mission was made up of representatives from the Paz y Solidaridad Foundation, the Illustrious Bar Association of Vizcaya, the International Observatory of the Legal Profession at Risk, Judges for Democracy, the Progressive Union of Prosecutors, and the Spanish Association for Human Rights.
Juristas españoles alertan sobre una profunda crisis en el Estado de derecho y la democracia en El Salvador
Una misión internacional de juristas españoles advirtió que El Salvador atraviesa una profunda crisis del Estado de derecho, marcada por la pérdida de la independencia judicial, la vulneración sistemática de las garantías procesales y la criminalización de abogados, jueces y defensores de derechos humanos.
Tras cinco días de visitas y reuniones con organizaciones sociales, víctimas, abogados y operadores de justicia, la delegación presentó sus hallazgos preliminares, en los que concluye que existe una «grave crisis institucional» derivada de la concentración de poder y del debilitamiento de los controles democráticos.
Entre sus principales preocupaciones señalaron la ausencia de separación de poderes, la interferencia del Ejecutivo sobre el sistema judicial, la destitución de magistrados constitucionales, las jubilaciones forzosas de jueces, las detenciones arbitrarias, las audiencias masivas, la falta de acceso efectivo a la defensa y las condiciones de las personas privadas de libertad.
La jurista Sonia González, directora de la Fundación Paz y Solidaridad afirmó que las sucesivas prórrogas del régimen de excepción han consolidado un escenario de desprotección generalizada y advirtió que la búsqueda de seguridad no puede justificar la reducción de las garantías constitucionales.
Los juristas también denunciaron la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y del ejercicio de la abogacía, así como el hostigamiento que, según indicaron, ha obligado a varios profesionales a exiliarse.
Asimismo, cuestionaron las audiencias colectivas por considerar que impiden ejercer una defensa adecuada y afirmaron que, con base en los testimonios recopilados, en El Salvador «parece prevalecer una presunción de culpabilidad» en lugar del principio constitucional de presunción de inocencia. Señalaron que «no puede privilegiarse un derecho anulando todos los demás»
Durante la presentación del informe preliminar, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y defensora de derechos humanos, Mirna Perla, afirmó que el país enfrenta una profunda crisis institucional que afecta el ejercicio integral de los derechos fundamentales.
La misión internacional anunció que en los próximos meses elaborará un informe final con un análisis más amplio de los hallazgos recopilados durante su visita a El Salvador, el cual será presentado ante instancias nacionales e internacionales.
La misión estuvo integrada por representantes de la Fundación Paz y Solidaridad, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Jueces y Juezas para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España.