Members of the Movement of Victims of the Regime (MOVIR), accompanied by the Unit for the Defense of Human and Community Rights of El Salvador (UNIDEHC), held a demonstration on Friday, July 3, 2026, outside the Judicial Center Against Organized Crime in Soyapango to protest the judicial proceedings under the state of exception. During the demonstration, they also submitted petitions and recommendations calling on judges to safeguard the fundamental guarantees of detainees.
During the event, UNIDEHC’s legal team submitted 30 written petitions addressed to the various Organized Crime Courts and to the Judicial Management Office of the Supreme Court of Justice (CSJ), requesting that due process, the presumption of innocence, and respect for the human rights of the defendants be guaranteed, and that each case be analyzed individually, even when it is part of collective proceedings.
UNIDEHC also requested the independent evaluation of evidence, documents, proof of community ties, and witnesses presented by the defense.
It also urged the courts not to hold mass trials or issue collective convictions, arguing that these hinder the determination of individual responsibility and the exercise of the right to a defense. In this regard, it also requested that the work of defense attorneys be facilitated, including access to their clients and the admission of motions and evidence.
The organization also urged judicial authorities to guarantee compliance with national and international human rights standards, including the presumption of innocence, the right to a competent legal defense, access to a trial within a reasonable timeframe, and the exceptional nature of pretrial detention.
“International law requires that every person detained in a criminal proceeding be treated with dignity and that their fundamental rights remain intact. The State must guarantee: the right not to suffer torture or cruel treatment, the presumption of innocence, a legal defense, the right to be tried without delay, and the exceptional nature of pretrial detention,” UNIDEHC emphasized in its petitions.
In the documents submitted to the courts, it specified that the petitions are part of its work to document and support cases related to the state of exception, and requested that the points raised be considered in the corresponding judicial decisions.
It also stated that its recommendations seek to protect the rights of detained individuals it considers innocent and whose cases are being heard by the Organized Crime Courts.
Solicitan fin de los juicios masivos en El Salvador ante tribunales contra crimen organizado
Por Laura Jordán / Williams Sandoval
Integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), acompañados por la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), realizaron este viernes 3 de julio de 2026 una manifestación frente al Centro Judicial Contra el Crimen Organizado de Soyapango como medida de rechazo a los procesos judiciales del régimen de excepción, en la que también presentaron peticiones y recomendaciones para que los jueces salvaguarden las garantías fundamentales los detenidos.
Durante la actividad el equipo jurídico de UNIDEHC presentó 30 escritos dirigidos a los diferentes Tribunales Contra el Crimen Organizado y a la Oficina de Gestión Judicial de la Corte Syuprema de Justicia (CSJ), en los que solicita se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de las personas procesadas, así como que cada caso sea analizado de manera individual, aun cuando forme parte de procesos colectivos.
UNIDEHC también solicitó que se valoren de forma independiente las pruebas, documentos, arraigos y testigos presentados por las defensas.
Asimismo, planteó a los tribunales que no se realicen juicios masivos ni condenas colectivas, al considerar que estos dificultan la individualización de responsabilidades y el ejercicio del derecho de defensa. En ese sentido, también solicita que se facilite el trabajo de los abogados defensores, incluyendo el acceso a sus representados y la admisión de diligencias y pruebas.
La organización también exhorta a las autoridades judiciales a garantizar el respeto de estándares nacionales e internacionales sobre derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica, el acceso a un juicio en un plazo razonable y la excepcionalidad de la prisión preventiva.
El Derecho Internacional exige que toda persona detenida en un proceso penal sea tratada con dignidad y mantenga intactos sus derechos fundamentales. El Estado debe garantizar: el derecho a no sufrir torturas ni tratos crueles, a la presunción de inocencia, a la defensa legal, a ser juzgado sin dilaciones y a la excepcionalidad de la prisión preventiva”, enfatizó UNIDEHC en sus peticiones.
En los documentos remitidos a los tribunales especificó que las peticiones forman parte de su labor de documentación y acompañamiento de casos relacionados con el régimen de excepción y solicita que los planteamientos sean considerados en las decisiones judiciales correspondientes.
También indica que sus recomendaciones buscan la protección de los derechos de las personas detenidas que consideran inocentes y cuyos procesos se encuentran bajo conocimiento de los Tribunales Contra el Crimen Organizado.