El Salvador is immersed in a “grave human rights crisis” due to deepening patterns of abuse, arbitrary detentions, deaths in custody, and the dismantling of democratic checks.
This is revealed by the 2025 Annual Report: The State of Human Rights in El Salvador, presented this week by the University Observatory on Human Rights (OUDH) at the Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
According to the document, 2025 was marked by the consolidation of a political regime characterized by the concentration of power, opacity, and a lack of transparency in public institutions.
The organization details that serious obstacles persist in accessing information from entities such as the police (PNC), the Attorney General’s Office (FGR), and the Ministry of Security, which routinely keep statistical data under seal.
Alert over underreporting of homicides
One of the most critical findings presented by the OUDH is the disparity in lethal violence figures. While the Attorney General’s Office officially reported 82 homicides throughout all of 2025, the Observatory warns of a “significant undercount” that conceals the true magnitude of violence in the country.
According to the report, the government’s official figure intentionally excludes other categories of violent deaths, such as femicides (26 cases recorded by the organization ORMUSA), deaths inside prisons, discoveries of skeletal remains (at least 12 found in 2025), and deaths resulting from the use of lethal force by state agents.
“This exclusion produces a partial reading of lethal violence and can render victims and patterns invisible,” the document states.
“This exclusion produces a partial reading of lethal violence and can render victims and patterns invisible,” the document states.
State of exception and human rights
The quantitative assessment of the implementation of the state of exception measures in El Salvador — in effect since March 2022 — yields alarming figures regarding the impact on the population, above all because due process has not been followed and, among those detained, various organizations have reported that there are innocent people.
- 90,844 arrests accumulated from the start of the state of exception through the end of 2025.
- 3,093 complaints of arbitrary detentions recorded in the period from 2022 to 2025.
- 120 deaths in state custody documented during 2025 alone.
- 471 deaths in prisons accumulated since the exceptional measure began.
The OUDH notes that prison overcrowding and the lack of judicial guarantees worsen the situation for incarcerated individuals.
The report cites severe abuses documented in prisons such as the Terrorism Confinement Center (CECOT), drawing particular attention to the case of 252 Venezuelan citizens deported from the United States in 2025, who, according to international complaints, suffered incommunicado detention, beatings, and inhumane conditions amounting to torture — events that were reported even by international media.
Closing of civic space and fast-tracked reforms
The UCA study also focuses on democratic and institutional deterioration. It notes that on August 31, 2025, fast-tracked reforms to Articles 75, 152, and 154 of the Constitution were approved to enable indefinite presidential reelection, extend the presidential term to six years, and eliminate the runoff election, profoundly disrupting the Salvadoran democratic system.
Alongside these changes, the OUDH denounced a constant “annulment of civic space” through the persecution and harassment of journalists, human rights defenders, and critical voices.
The report stresses that the enforcement of laws such as the Foreign Agents Law has also led to the closure or forced relocation abroad of various media outlets and civil society organizations.
Human rights recommendations to the State
In light of this landscape, the UCA observatory’s study urged the Salvadoran State to move toward a comprehensive public security policy that restores the suspended constitutional guarantees and respects due process and human rights.
“While the significant reduction in homicides is acknowledged, this improvement does not justify the normalization of an exceptional regime that systematically violates the rights of the population,” the report concludes.
El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacionales/crisis-derechos-humanos-uca/83637/2026/
«Grave crisis de derechos humanos» y opacidad en cifras oficiales, señala informe
César Najarro
El Salvador se encuentra sumergido en una «grave crisis de derechos humanos» debido a la profundización de patrones de abusos, detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y el desmantelamiento de los controles democráticos.
Así lo revela el Informe Anual 2025: El estado de los derechos humanos en El Salvador, presentado esta semana por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
De acuerdo con el documento, el año 2025 estuvo marcado por la consolidación de un régimen político caracterizado por la concentración del poder, la opacidad y la falta de transparencia en las instituciones públicas.
El organismo detalla que persisten serios obstáculos para acceder a información de entidades como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Seguridad, las cuales suelen declarar bajo reserva los datos estadísticos.
Alerta por subregistro de homicidios
Uno de los hallazgos más críticos expuestos por el OUDH es la disparidad en las cifras de violencia letal. Mientras la Fiscalía reportó oficialmente 82 homicidios durante todo el año 2025, el Observatorio advierte que existe un «importante subregistro» que oculta la verdadera magnitud de la violencia en el país.
Según el informe, el dato oficial del Gobierno excluye intencionalmente otras categorías de muertes violentas, tales como los feminicidios (26 casos registrados por la organización ORMUSA), los fallecimientos al interior de los centros penales, los hallazgos de osamentas (al menos 12 localizadas en 2025) y las muertes derivadas del uso de la fuerza letal por parte de agentes del Estado.
«Esta exclusión produce una lectura parcial de la violencia letal y puede invisibilizar víctimas y patrones», reza el documento.
«Esta exclusión produce una lectura parcial de la violencia letal y puede invisibilizar víctimas y patrones», reza el documento.
Régimen de excepción y derechos humanos
El balance cuantitativo de la implementación de las medidas de excepción en El Salvador —vigentes desde marzo de 2022— arroja cifras alarmantes de afectación a la población, sobre todo porque no se ha seguido el debido proceso y, entre los detenidos, diversas organizaciones han denunciado que hay inocentes.
- 90,844 capturas acumuladas desde el inicio del régimen hasta el cierre de 2025.
- 3,093 denuncias de detenciones arbitrarias registradas en el periodo de 2022 a 2025.
- 120 muertes bajo custodia estatal documentadas únicamente durante el año 2025.
- 471 fallecimientos en cárceles acumulados desde que inició la medida excepcional.
El OUDH destaca que el hacinamiento penitenciario y la falta de garantías judiciales agravan la situación de las personas recluidas.
El informe cita abusos severos documentados en cárceles como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), haciendo especial eco del caso de 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos en 2025, quienes, según denuncias internacionales, sufrieron incomunicación, golpizas y condiciones inhumanas que constituyen tortura, hechos que fueron reportados incluso por medios internacionales.
Cierre del espacio cívico y reformas exprés
El estudio de la UCA también pone el foco en el deterioro democrático e institucional. Señala que el 31 de agosto de 2025 se aprobaron reformas exprés a los artículos 75, 152 y 154 de la Constitución para habilitar la reelección presidencial indefinida, ampliar el periodo presidencial a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral, trastocando profundamente el sistema democrático salvadoreño.
A la par de estos cambios, el OUDH denunció una constante «anulación del espacio cívico» mediante la persecución y el acoso hacia periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas.
El informe recalca que la vigencia de normativas como la Ley de Agentes Extranjeros ha provocado, además, el cierre o traslado forzoso fuera del país de diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Recomendaciones al Estado en derechos humanos
Ante este panorama, el estudio del observatorio de la UCA urgió al Estado salvadoreño a transitar hacia una política integral de seguridad pública que devuelva las garantías constitucionales suspendidas y respete el debido proceso y los derechos humanos.
«Si bien se reconoce la reducción significativa de los homicidios, esta mejora no justifica la normalización de un régimen excepcional que vulnera sistemáticamente los derechos de la población», concluye el reporte.
El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacionales/crisis-derechos-humanos-uca/83637/2026/