At least eight criminal proceedings have already begun in the Criminal Courts, where defendants who may face life sentences are brought. The figure comes from a survey conducted by this newspaper of posts by El Salvador’s Judicial Centers between May and June 2026, as the Attorney General’s Office (FGR) has not reported any cases to date.
As of press time, four of these cases involve aggravated femicide and four involve continuous rape, with additional charges such as assault, threats, robbery, and unlawful detention. So far, all have advanced to the formal investigation stage with pretrial detention orders ranging from six months to one year.
The most recent case announced by El Salvador’s Judicial Centers was on June 16, when the Santa Ana Criminal Court ordered a formal investigation and detention for Armando Adelio García Martínez, 40, charged with aggravated femicide. In this case, authorities only reported the arrest of the alleged perpetrator after the Police Workers Movement (MTP) announced on May 30 that a woman’s decomposing body had been found.
The victim was a 34-year-old woman who had been struck in the head with a blunt object, and her body was found days after the crime, according to the prosecution’s filing. Authorities said the victim had been in a relationship with the attacker.
Also notable is the case against a 62-year-old former police officer charged with the rape of a minor and incapacitated person. The events occurred on May 31, 2026, in the Lourdes neighborhood of San Salvador. According to the evidence presented, the defendant called out to the minor as he was heading to a soccer game, then grabbed him and forced him into a vehicle, where the crime was allegedly committed.
On March 27, 2026, the Legislative Assembly ratified constitutional reforms to the second paragraph of Article 27, enabling the imposition of life sentences for the crimes of homicide, rape, and terrorism.
Lawmakers also amended the Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Special Law Against Acts of Terrorism, the Special Comprehensive Law for a Life Free of Violence for Women, and the Juvenile Penal Law, to align them with the constitutional reform approved on March 17. For minors who receive this sentence, their conviction may be reviewed every 25 years.
Another case being prosecuted under these reforms is the one the Santa Ana Criminal Court opened on May 28 against Edgardo Salvador G.L., for the aggravated rape of a 15-year-old girl.
According to the prosecution’s case, the events occurred on the afternoon of May 21, 2026, in a neighborhood in the southwestern part of the Santa Ana district. A citizen’s report led to the suspects being caught in the act hours after the incident. This was the first case announced by El Salvador’s Judicial Centers in the specialized courts handling life-sentence cases.
Meanwhile, on June 15, the Third Criminal Court of San Salvador, based in Santa Tecla, ordered a formal investigation with pretrial detention for the individual identified by the initials I.A.L.M., charged with continuous rape, unlawful detention, and robbery. According to prosecutors, the events occurred in San Salvador Centro on May 22, 2026, after the victim’s relatives filed a missing person report. The victim was subsequently located on May 27 while being held against her will by the now-defendant.
LA PRENSA GRÁFICA requested information from the FGR through its communications team to obtain the full tally of cases initiated by the Public Prosecutor’s Office in courts handling life sentences, the specific charges involved, and whether any minors are among the defendants. However, as of press time, a response was still pending.
The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has expressed concern about the new proceedings in El Salvador, particularly regarding minors who could receive life sentences: “The imposition of life imprisonment on children and adolescents is incompatible with inter-American jurisprudence, as it is disproportionate to the rehabilitative purpose of punishment.”
Other national and international organizations have pointed to judges’ lack of preparation on the issue and the absence of due process for many of those arrested during the state of exception.
Juzgados salvadoreños ya analizan al menos ocho procesos por cadena perpetua
Por Williams Sandoval
Al menos ocho procesos judiciales han iniciado ya en los Juzgados de lo Criminal, donde son llevados los imputados que pueden ser merecedores de penas perpetuas. La cifra surge de un sondeo realizado por este medio en las publicaciones de Centros Judiciales de El Salvador entre mayo y junio de 2026, en tanto que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado de ningún caso hasta hoy.
Hasta el cierre de esta nota, de estos procesos cuatro son por el delito de feminicidio agravado y cuatro por violación en modalidad continuada, a los cuales se les agrega delitos como l esiones, amenazas, robo y privación de libertad. Todos hasta el momento han avanzado a la etapa de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional entre seis meses y un año.
El más reciente caso dado a conocer por Centros Judiciales de El Salvador fue el 16 de junio, cuando el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana resolvió instrucción formal con detención para Armando Adelio García Martínez, de 40 años de edad, acusado de feminicidio agravado. En este caso las autoridades solo informaron de la captura del presunto responsable del crimen, luego que el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) informó el 30 de mayo sobre el hallazgo de un cuerpo de una mujer en estado de descomposición.
La víctima era una mujer de 34 años quien fue lesionada en la cabeza con un objeto contundente y su cuerpo fue encontrado días después del crimen, según el requerimiento fiscal. Autoridades mencionaron que la víctima tenía una relación con el agresor.
Destaca también el proceso contra un exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) de 62 años de edad, quien es acusado por el delito de violación en menor e incapaz. Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2026 en el barrio Lourdes de San Salvador. Según los indicios presentados, el imputado llamó al menor cuando este se dirigía a un partido de fútbol y posteriormente lo sujetó para introducirlo por la fuerza en un vehículo, donde presuntamente cometió el delito.
El 27 de marzo de 2026 la Asamblea Legislativa ratificó las reformas a la Constitución de la República al inciso segundo del artículo 27 con lo cual habilitó la imposición de pena perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
Los parlamentarios también hicieron enmiendas al Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, con el fin de homologarlas con la reforma constitucional, la cual fue aprobada el pasado 17 de marzo. En el caso de los menores de edad que reciban dicha pena, su condena podrá ser revisada cada 25 años.
Otro de los casos que están siendo procesados bajo estas reformas es el que el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana decretó el 28 de mayo contra Edgardo Salvador G.L., por el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente de 15 años de edad.
Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron la tarde del 21 de mayo de 2026, en una colonia ubicada al sur poniente del distrito de Santa Ana. Una denuncia ciudadana permitió la captura en flagrancia de los imputados horas después del hecho. Este fue el primero dado a conocer por Centros Judiciales de El Salvador en los juzgados especializados que ventilan casos para penas perpetuas.
En tanto que el 15 de junio, el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, ordenó instrucción formal con detención provisional contra del sujeto identificado bajo las siglas I. A. L. M., acusado de los delitos de violación en modalidad continuada, privación de libertad y robo. Según la fiscalía, los hechos ocurrieron en San Salvador Centro el 22 de mayo de 2026, luego que familiares de la víctima interpusieron una denuncia por desaparición y, posteriormente, el 27 de mayo, fue localizada mientras permanecía privada de libertad por el ahora imputado.
LA PRENSA GRÁFICA solicitó información a la FGR a través de su equipo de comunicaciones para recibir el consolidado de casos iniciados por el ministerio público en tribunales que ventilan condenas perpetuas, bajo qué delitos y si hay menores de edad en estos procesos. Sin embargo, al cierre de esta nota aún se esperaba su respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por el nuevo procesamiento en El Salvador, sobre todo en cuanto al tema de los menores de edad que podrían recibir penas vitalicias: “La imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”.
Otras organizaciones nacionales e internacionales han señalado la poca preparación de los jueces en el tema y la falta de un debido proceso en muchos de los capturados durante el régimen de excepción.