By: K. Ventura
Just days before the expiration of the 24-month period granted for the investigative phase of the proceedings against leaders of the Alianza Nacional El Salvador en Paz, the Unit for the Defense of Human and Community Rights of El Salvador (UNIDEHC) denounced delays in judicial proceedings and a lack of progress in the case.
Members of the organization were arrested in late May 2024 and accused by the Attorney General’s Office of allegedly planning an attack during the inauguration of Nayib Bukele’s second presidential term. Initially, the Attorney General’s Office had six months to gather evidence and file formal charges; it later requested an extension, and the court granted 24 months, which expire on June 14, 2026.
Those facing charges include veteran José Santos Melara and media worker Luis Menjívar.
UNIDEHC stated that in November 2024, it requested José Santos Melara’s medical records from the Rosales National Hospital to determine his health status. The organization claims that some medical exams were performed following efforts by the defense and support from other organizations.
Ivannia Cruz, a member of UNIDEHC who was previously part of the legal defense team for the case, questioned the timeline extensions requested in the proceedings. She explained that some investigative steps could have been completed during the initial investigation phase and that, from the organization’s standpoint, there is insufficient evidence to sustain the charges.
UNIDEHC also called for due process guarantees, as well as respect for the rights related to the health and personal integrity of the defendants. Cruz added that the defendants’ medical conditions should be assessed and that alternatives to detention should be considered while the proceedings continue.
In a statement, the organization noted that it will continue to monitor the case and support actions by civil society organizations and social movements that, in its view, are demanding procedural guarantees for the detainees.
UNIDEHC denuncia falta de avances en caso Alianza Nacional El Salvador en Paz
Por: K. Ventura
A pocos días de que venza el plazo de 24 meses otorgado para la etapa de instrucción del proceso contra líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) denunció retrasos en diligencias judiciales y falta de avances en el caso.
Los integrantes de la organización fueron capturados a finales de mayo de 2024 y señalados por la Fiscalía General de la República de supuestamente planificar un atentado durante la toma del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele. Inicialmente, la Fiscalía tenía seis meses para reunir pruebas y presentar la acusación formal; posteriormente solicitó una ampliación del plazo y el Tribunal concedió 24 meses, los cuales vencen el próximo 14 de junio de 2026.
Entre los procesados se encuentran el excombatiente José Santos Melara y el comunicador Luis Menjívar.
UNIDEHC afirmó que en noviembre de 2024 solicitó al Hospital Nacional Rosales el expediente clínico de José Santos Melara, con el objetivo de conocer su estado de salud. La organización asegura que algunos exámenes médicos se realizaron tras gestiones de la defensa y acciones de acompañamiento de organizaciones.
Ivannia Cruz, integrante de UNIDEHC y quien anteriormente formó parte de la defensa legal del caso, cuestionó las ampliaciones de plazo solicitadas dentro del proceso. Según explicó, algunas diligencias pudieron realizarse durante la etapa inicial de investigación y, desde la postura de la organización, no existirían elementos suficientes para sostener las acusaciones.
UNIDEHC también pidió que se garantice el debido proceso, así como los derechos relacionados con la salud y la integridad personal de las personas procesadas. Cruz agregó que debe valorarse la condición médica de los procesados y la posibilidad de aplicar medidas distintas a la detención mientras continúa el proceso.
La organización señaló en un comunicado que continuará dando seguimiento al caso y acompañará acciones de organizaciones civiles y movimientos sociales que, según su postura, demandan garantías procesales para las personas detenidas.