To mark World Environment Day, the EPU SV Collective issued a statement expressing its concern over environmental degradation in El Salvador and highlighted a series of socio-environmental conflicts that, according to the organization, put natural resources and the rights of communities at risk.
The EPU-DESC Collective is a group of civil society organizations in El Salvador that defends and monitors Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights (DESCA). Among its main demands of the Salvadoran State are the protection of water sources and strategic ecosystems, the repeal of the General Metallic Mining Law, respect for the rights of communities affected by development projects, and the strengthening of institutions responsible for environmental management.
The EPU SV Collective highlighted issues such as the pollution and degradation of Lake Coatepeque, the construction of the International Center for Fairs and Conventions (CIFCO) in the El Espino area, the installation of a landfill in the San Francisco Angulo community, and the reactivation of metallic mining, approved under the new General Metallic Mining Law.
It also denounced the presence of police and military forces in areas of environmental conflict, as well as alleged acts of intimidation against journalists, communities, and environmental defenders.
The organization maintained that these situations reflect the need to strengthen citizen participation in decision-making on projects with an environmental impact and to guarantee access to public information.
Conflictos socioambientales amenazan recursos naturales y derechos de comunidades, alerta colectivo
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Colectivo EPU SV emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por el deterioro ambiental en El Salvador y señaló una serie de conflictos socioambientales que, según la organización, ponen en riesgo los recursos naturales y los derechos de las comunidades.
El Colectivo EPU-DESC es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador que defiende y monitorea los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Entre sus principales demandas al Estado salvadoreño figuran la protección de las fuentes de agua y ecosistemas estratégicos, la derogación de la Ley General de Minería Metálica, el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestión ambiental.
El Colectivo EPU SV destacó problemáticas como la contaminación y deterioro del lago de Coatepeque, la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la zona de El Espino, la instalación de un relleno sanitario en la comunidad San Francisco Angulo y la reactivación de la minería metálica, aprobada mediante la nueva Ley General de Minería Metálica.
Asimismo, denunció la presencia de cuerpos policiales y militares en escenarios de conflictividad ambiental, así como supuestos actos de intimidación contra periodistas, comunidades y personas defensoras del medio ambiente.
La organización sostuvo que estas situaciones reflejan la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos con impacto ambiental y garantizar el acceso a la información pública.