Constitutional lawyer Enrique Anaya has marked one year in detention without having received a “fair trial” and amid “concerns over respect for due process,” social organizations denounced.
Anaya was detained by the police on June 7, 2025, on charges of alleged money and asset laundering.
On December 5, 2025, the Fourth Investigative Court of San Salvador authorized an extension of the investigation phase in the criminal proceedings against Anaya.
The ruling reveals that on December 2, the prosecutor assigned to the case requested an extension of this phase because important proceedings are still pending before presenting the indictment.
The extension is for six months, and no new information regarding the lawyer’s situation has emerged since then.
The organization Cristosal Centroamérica stated on Sunday that, a year after his arrest, Anaya “remains deprived of his liberty without having had a fair trial.”
“While his access to legal defense is restricted, his family still cannot confirm his state of health or whether he is receiving the medical treatment he needs. Enrique is imprisoned for saying out loud what many keep quiet: that the regime is shutting down democratic spaces and concentrating power in a single person. One year into his unjust imprisonment, we demand #FreedomForEnriqueAnaya,” the organization wrote on social media.
IIDC
The Ibero-American Institute of Constitutional Law (IIDC) also issued a statement, noting that it “recalls with deep concern that this June 7 marks one year since the arbitrary detention of Professor Enrique Anaya Barraza in El Salvador.”
It added that the lawyer is a member of the Institute and has dedicated his academic and professional career to the study of constitutional law and the defense of democratic principles.
“He has also consistently denounced human rights violations in El Salvador, particularly those related to arbitrary detentions and the expansive use of exceptional security mechanisms,” the IIDC stated.
It added that, a year after these events, “serious concerns persist regarding respect for due process, judicial independence, and the essential guarantees for protecting fundamental rights in El Salvador.”
The IIDC recalled that the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), through Resolution 67/2025, granted precautionary measures, finding that Anaya faces a situation of gravity and urgency that puts his rights to life, personal integrity, and health at risk.
In that resolution, the IACHR requested that the Salvadoran state end his prolonged incommunicado detention, guarantee contact with his family and legal representatives, ensure adequate medical care, and review the continuation of his pretrial detention in accordance with inter-American standards.
“For this reason, we reiterate our call on Salvadoran authorities to comply with these measures, fully respect the international obligations assumed by the state, and take the necessary actions to guarantee his fundamental rights, restore legality, and ensure effective access to justice,” the statement concluded.
Enrique Anaya cumple un año detenido y organizaciones piden juicio justo y respeto al proceso
Por Cristian Díaz
El abogado constitucionalista Enrique Anaya cumplió un año de estar detenido sin que hasta el momento haya tenido un “juicio justo” y ante “preocupaciones sobre el respeto al debido proceso”, denunciaron organizaciones sociales.
Anaya fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) el 7 de junio de 2025 bajo acusaciones de presunto lavado de dinero y de activos.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador autorizó el 5 de diciembre de 2025 la ampliación de la etapa de investigación del proceso penal en contra de Anaya.
La resolución revela que el auxiliar fiscal asignado a este caso solicitó el 2 de diciembre ampliar esta fase debido a que aún existen diligencias pendientes y que son importantes antes de presentar el dictamen de acusación.
La ampliación de plazo es de seis meses y desde entonces no se conocen nuevos datos de la situación del abogado.
La organización Cristosal Centroamérica señaló este domingo que tras un año después de su captura, Anaya “continúa privado de libertad sin haber tenido un juicio justo”.
“Mientras se limita su acceso a la defensa, su familia sigue sin poder confirmar su estado de salud ni si recibe el tratamiento médico que necesita. Enrique está preso por decir en voz alta lo que muchos callan: que el régimen está anulando los espacios democráticos y concentrando el poder en una sola persona. A un año de su injusto encarcelamiento, exigimos #LibertadParaEnriqueAnaya”, escribió la organización en redes sociales.
IIDC
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) también se pronunció a través de un comunicado y señaló que “recuerda con profunda preocupación que este 7 de junio se cumple un año de la detención arbitraria del profesor Enrique Anaya Barraza en El Salvador”.
Agregó que el abogado es miembro del Instituto y que ha dedicado su trayectoria académica y profesional al estudio del derecho constitucional y a la defensa de los principios democráticos.
“Asimismo, ha denunciado de manera constante las violaciones a los derechos humanos que se han producido en El Salvador, particularmente aquellas relacionadas con detenciones arbitrarias y el uso expansivo de mecanismos excepcionales de seguridad”, señaló el IIDC.
Y añadió que a un año de estos hechos, “persisten serias preocupaciones sobre el respeto al debido proceso, la independencia judicial y las garantías indispensables para la protección de los derechos fundamentales en El Salvador”.
El IIDC recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 67/2025, le otorgó medidas cautelares al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
En dicha resolución, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño poner fin a su incomunicación prolongada, garantizar el contacto con sus familiares y representantes legales, asegurar la atención médica adecuada y revisar la continuidad de la prisión preventiva conforme a los estándares interamericanos.
“Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades salvadoreñas para que den cumplimiento a estas medidas, respeten plenamente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y adopten las acciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales, restablecer la legalidad y asegurar el acceso efectivo a la justicia”, puntualizó el comunicado.