The U.S. government is developing a “methodically planned” strategy to deprive migrants of jobs, services, and aid in order to motivate them to leave the country and eliminate incentives for more people to arrive, an investigation by The New York Times reveals.
In the case of beneficiaries of Temporary Protected Status (TPS), as migrant rights organizations have denounced, the Donald Trump administration has made their access to employment increasingly difficult.
The report highlights the case of Raquel Molina, a Salvadoran immigrant who worked cleaning planes at Logan International Airport in Boston.
Molina is a TPS beneficiary and holds a valid Social Security number and work authorization in the United States, the investigation notes. However, last summer she was abruptly fired along with other migrants working at the airport.
Justin Long, a spokesperson for Customs and Border Protection, told the U.S. outlet that in Molina’s case, the administration no longer considered TPS a form of “authorized residence,” and therefore could no longer “issue official government credentials or grant her unescorted access to secure areas of the airport.”
Molina’s case is an example of how the Trump administration has resorted to “more creative and discreet tactics” to change immigration policy without going through Congress, avoiding the political cost of measures like the militarized raids carried out at the beginning of its term, the newspaper notes.
These changes range from “structural transformations in the immigration system to small-scale regulatory adjustments that strip jobs or services from just a few thousand people, like Ms. Molina,” the article states.
Along those lines, organizations such as Alianza Américas have repeatedly denounced the fact that the United States has refused to update information about the current expiration dates of work permits linked to Salvadorans’ TPS on the platforms consulted by both employers and state agencies to verify current immigration status.
This failure to update information, according to the organization, has led to the wrongful dismissal of hundreds of Salvadorans with TPS, because their employers believe the permit expired on March 9, even though it has in fact been extended until September 9, the date the protected status expires.
Recently, moreover, work permits for all TPS beneficiaries were reduced to one year, which will mean ongoing costs for people who require the paperwork and the obligation to apply for the permit every 12 months, adding to the uncertainty of a future renewal.
Estados Unidos presiona con permisos laborales a salvadoreños con TPS
Claudia Palacios
El Gobierno estadounidense desarrolla una estrategia “metódicamente planificada” para privar a los migrantes de empleo, servicios y ayudas, con el fin de motivarlos a dejar el país y eliminar los incentivos para la llegada de más personas, revela una investigación del periódico The New York Times.
En el caso de los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS, en inglés), tal como lo han denunciado organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, la administración de Donald Trump ha complicado cada vez más su acceso al empleo.
El reportaje expone el caso de Raquel Molina, una inmigrante salvadoreña que trabajaba limpiando aviones en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston.
Molina es beneficiaria del TPS y cuenta con un número de Seguro Social válido y permiso para trabajar en Estados Unidos, apunta la investigación. Sin embargo, el verano pasado fue despedida abruptamente junto a otros migrantes que trabajaban en el aeropuerto.
Justin Long, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo al medio estadounidense que en el caso de Molina, la administración ya no consideraba el TPS una forma de “residencia autorizada”, por lo que ya no se podría “otorgar credenciales oficiales del Gobierno ni concederle acceso sin escolta a las zonas seguras del aeropuerto”.
El caso de Molina es un ejemplo de cómo la administración Trump ha recurrido a “tácticas más creativas y discretas” para modificar la política migratoria sin pasar por el Congreso y evitando el desgaste que implican medidas como las redadas militarizadas ejecutadas al inicio de su gestión, señala el periódico.
Dichos cambios van desde “transformaciones estructurales en el sistema migratorio, hasta ajustes regulatorios a pequeña escala que privan de empleos o servicios a tan solo unos miles de personas, como la Sra. Molina”, indica el texto.
En esa línea, organizaciones como Alianza Américas han denunciado en repetidas ocasiones que Estados Unidos se ha negado a actualizar la información sobre los actuales plazos de vencimiento de los permisos de trabajo vinculados al TPS de salvadoreños en la plataformas que son consultadas, tanto por empleadores como por agencias estatales, para verificar el estatus migratorio vigente.
Esta falta de actualización, de acuerdo con la organización, habría provocado el despido injusto de cientos de personas salvadoreñas con TPS, debido a que sus empleadores creen que el permiso venció el 9 de marzo, aunque en realidad está extendido hasta el 9 de septiembre, fecha en que se vence el estatus de protección.
Recientemente, además, los permisos laborales para todos los beneficiarios del TPS fueron reducidos a un año, lo que implicará un gasto constante para las personas que requieran el trámite y la obligación de solicitar el permiso cada 12 meses, lo que se une a la incertidumbre de una próxima renovación del permiso.