El Salvador is listed as one of the countries where systematic violations of workers’ rights are recorded, according to the 2026 Global Rights Index, produced annually by the International Trade Union Confederation (ITUC) and presented this week in Geneva, Switzerland.
The index evaluates the state of labor and union rights in 151 countries. In this year’s edition, El Salvador received a score of 4 on a scale from 1 to 5, where 1 is the best rating a country can receive and 5+ is the worst.
“The higher a country’s score, the fewer rights its workers have to express themselves with a collective voice due to the government’s inability to guarantee those rights,” the ITUC explains.
Workers in group 4 countries — as in El Salvador’s case — have reported systematic violations of their labor rights. This score is the same the country received last year.
“The government and/or companies are firmly determined to silence the collective voice of workers by putting fundamental rights at risk,” the confederation notes.
Regarding El Salvador, the index mentions the state of exception that has been in effect in the country since March 2022 and which has enabled the detention of thousands of people “as part of the government’s campaign against gangs.”
“El Salvador has reduced civic space with legal restrictions under a state of exception,” reads a passage from the report, which also highlights that “freedom of association has been hindered.”
“At least two detained unionists died while in custody: municipal worker José Leonidas Bonilla and union activist Franklin Gabriel Izaguirre,” the country section of the report states.
The document also lists several unionists who have been detained, such as Sabino Antonio Ramos Cruz, a member of the Executive Committee of the Union of Employees and Workers of the Municipal Government of Panchimalco (SETRAMP), who was released last April; and Dolores Victoria Almendares Alvarado, general secretary of the Union of Employees and Workers of the Municipal Government of Cuscatancingo (SETRAMUC).
The index also mentions the detentions of Giovanni Aguirre López, a member of the Union of Workers of the Municipal Government of San Salvador Centro and Its Districts (SETRAMSCYDIS); and Misael Itamir Gómez, an activist with the Union of Employees and Workers of the Municipal Government of Ciudad Delgado (SETRAMCID).
For workers’ organizations outside the official delegation participating in the ILO’s 114th International Labour Conference, the index results show that El Salvador continues to be scrutinized at the international level.
This same week, the country was removed from the list of countries in non-compliance with International Labour Organization (ILO) conventions after nearly two decades — a development celebrated by the Salvadoran government, business chambers, and unions represented on the Superior Labor Council.
“The document contradicts the official narrative, helps bring attention to the reality we [unions] are living through, and elevates the problems in El Salvador — which have gone largely unnoticed — to a matter of greater concern,” said Sonia Viñerta, a union representative participating in the conference independently from the official delegation.
Among these issues, the so-called independent organizations point to the dismissals of union leaders not aligned with the current administration, delays in issuing credentials, and obstacles to union freedom.
Lobbying
On Wednesday, Labor Minister Rolando Castro said in a televised interview on Frente a Frente that the ILO shortlist is initially prepared at the regional level.
“We had to arrive days early [to the ILO conference] to hold meetings and make sure pre-agreements were honored,” Castro explained, referring to the lobbying carried out over the past year to get El Salvador off the ILO shortlist.
According to Castro, the labor sector supported all the votes taken at the regional level and prior to the ILO conference so that El Salvador could be removed from the shortlist. The employers’ delegation’s vote also helped secure the necessary support.
Índice ubica a El Salvador entre países que violan derechos de los trabajadores
Rosa María Pastrán
El Salvador figura como uno de los países en donde se registran violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores, según el Índice Global de los Derechos 2026, que elabora cada año la Confederación Sindical Internacional (CSI), y que fue presentado esta semana en Ginebra, Suiza.
Este índice evalúa el estado de los derechos laborales y sindicales en 151 países. En la edición de este año, El Salvador obtuvo una puntuación de 4, en una rango que va del 1 al 5, en donde 1 es la mejor clasificación que un país puede obtener y 5+ la peor.
“Cuanta más alta sea la puntuación de un país, menos derechos tienen sus trabajadores a expresarse con una voz colectiva debido a la incapacidad del gobierno para garantizar los derechos”, explica la CSI.
Los trabajadores de los países del grupo 4 -como el caso de El Salvador- han denunciado violaciones sistemáticas a sus derechos laborales. Esta puntuación es la misma que obtuvo el país el año pasado.
“El gobierno y/o las empresas están firmemente decididos a acallar la voz colectiva de los trabajadores poniendo en peligro los derechos fundamentales”, apunta la confederación.
Respecto a El Salvador, el índice menciona el régimen de excepción que está vigente en el país desde marzo de 2022 y que ha posibilitado la detención de miles de personas “como parte de la campaña del gobierno contra las maras”.
“El Salvador ha reducido el espacio cívico con restricciones legales en el marco de un estado de excepción”, reza un fragmento del informe, que también resalta que “la libertad de asociación se ha visto obstaculizada”.
“Al menos dos sindicalistas detenidos fallecieron cuando se encontraban bajo custodia: el trabajador municipal José Leonidas Bonilla y el activista sindical Franklin Gabriel Izaguirre”, dice el apartado del informe sobre el país.
El documento enumera además, a varios sindicalistas que han sido detenidos, como Sabino Antonio Ramos Cruz, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Panchimalco (SETRAMP), quien fue liberado en abril pasado; Dolores Victoria Almendares Alvarado, secretaria general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo (SETRAMUC).
En el índice se mencionan, además, las detenciones de Giovanni Aguirre López, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador Centro y sus Distritos (SETRAMSCYDIS); y de Misael Itamir Gómez, activista del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado (SETRAMCID).
Para las organizaciones de trabajadores que están fuera de la comitiva oficial que participa en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, los resultados del índice muestran que El Salvador sigue siendo observado a nivel internacional.
Esta misma semana, el país salió de la lista de países que incumplen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de casi dos décadas, lo cual fue celebrado por el Gobierno salvadoreño, cámaras empresariales y sindicatos representados en el Consejo Superior del Trabajo.
“El documento contradice la narrativa oficial, permite posicionar la realidad que estamos viviendo (los sindicatos) y eleva a un interés mayor la problemática que hay en El Salvador, que ha pasado bastante desapercibida”, dijo Sonia Viñerta, representante sindical, que participa en la conferencia de manera independiente a la delegación oficial.
Entre estos hechos, las organizaciones denominadas independientes señalan despidos de dirigentes sindicales no afines a la actual administración, retardo en la entrega de credenciales y obstáculos a la libertad sindical.
Cabildeo
Este miércoles, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, comentó en la entrevista televisiva Frente a Frente, que la lista corta de la OIT se prepara en una primera instancia, a nivel regional.
“Nosotros nos tuvimos que venir días antes (a la conferencia de la OIT) para sostener reuniones y preacuerdos se cumplieran”, detalló Castro respecto al “lobby” que se realizó durante el último año para que El Salvador saliera de la lista corta de la OIT.
Según Castro, el sector trabajador apoyó en todas las votaciones que se llevaron a nivel regional, y previo a la conferencia de la OIT, para que El Salvador pudiera salir de la lista corta. También el voto de la representación de empleadores facilitó la correlación.