The British firm Emerging Finance (EMFI) states that “the agreement with the IMF remains stalled, with no significant progress on either front,” while emphasizing the delays the program has experienced in recent months. In fact, according to the agreement’s official schedule, the country should have already undergone the second and third reviews of the commitments made, the results of which should have been made public in September 2025 and March 2026.
In its most recent report, EMFI addressed the burden that pensions continue to place on public finances, both in terms of the financial commitments the government will have to take on next year and in terms of their importance within the Extended Fund Facility (EFF) that the Government of El Salvador maintains with the International Monetary Fund (IMF).
It is in this scenario that the pension issue comes into play, since by last February 10 (at the latest) the government should have submitted a proposal to reform the Comprehensive Pension System Law; however, to date, there is no known bill related to this issue.
Likewise, EMFI considers that this lack of “structural reforms” may be precisely what is delaying the reviews the country still has pending under the EFF. This compounds the fiscal concerns stemming from the four-year grace period the government has with the pension system, which expires next year, leading the firm to underscore that “this point helps explain the stagnation in the agreement.”
This grace period refers to the change applied in 2023 to the terms of the debt the State holds with the pension funds, from which it finances itself through Pension Obligation Certificates (COP) and Transition Financing Certificates (CFT), established after the 2022 reform. These new terms allowed the government to pay neither interest nor principal on this debt for a period of four years.
According to international reports from previous years, this obligation-free period has granted the government savings of up to $500 million annually; however, this breathing room would expire next year with the end of the grace period, which means the country will have to face greater financial commitments.
According to the British firm, pension-related debt rose from 25.7% of Gross Domestic Product (GDP), equivalent to about $8,200 million in 2022, to 30.6% of GDP ($11,200 million) at the end of 2025. The most recent figures from the Central Reserve Bank (BCR) show that total pension debt has already reached $11,520.42 million.
This situation would cause the fiscal balance the government seeks to achieve—always within the framework of the agreement with the IMF—to falter, since, according to EMFI, this agreement “will continue to be a central factor in assessing the country’s macroeconomic sustainability,” which in recent years has been characterized by a fairly wide fiscal deficit (public spending exceeding revenue) and a debt level close to 90% of GDP.
Even so, the British firm notes that the continuation of the stages of the agreement with the IMF depends not only on meeting the fiscal commitments made, but also on the government’s willingness to reform the key areas needed to stabilize its accounts.
“The normalization of the pending reviews (with the IMF) will depend less on the government’s ability to meet short-term fiscal targets and more on its willingness to push through structural reforms, especially in pensions, that stabilize pension obligations over the medium term. Without a permanent solution to the pension component, the current fiscal consolidation process risks becoming more of a postponement of pressures than a definitive structural correction,” the firm points out.
Previously, EMFI had indicated that the reason behind the delay in pension reform stems from the general elections scheduled for next year, since, according to a February report this year, “the proximity of the 2027 electoral cycle introduces clear incentives to postpone or soften unpopular measures, particularly those that directly affect active workers,” as “the political calendar will decisively shape the pace and scope of pension system reform in 2026.”
Acuerdo con el FMI “sigue estancado” y depende de la voluntad para reformar las pensiones: EMFI
Juan Carlos Mejía
La firma inglesa Emerging Finance (EMFI) afirma que “el acuerdo con el FMI sigue estancado, sin avances significativos en ninguno de los dos frentes”, al mismo tiempo que hace énfasis en los retrasos que el programa ha presentado en los últimos meses. De hecho, según el calendario oficial del acuerdo, el país ya tuvo que haberse sometido a la segunda y a la tercera revisión de los compromisos adquiridos, y cuyos resultados debieron haberse hecho públicos en septiembre de 2025 y en marzo de 2026.
EMFI abordó en su más reciente informe el peso que las pensiones mantienen sobre las finanzas públicas, tanto por el lado de los compromisos financieros que el gobierno deberá asumir el próximo año, como por el lado de su importancia en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) que el Gobierno de El Salvador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este escenario es que entra en juego el tema de las pensiones, pues para el 10 febrero pasado (a más tardar) el gobierno debió haber presentado una propuesta de reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones, sin embargo, a la fecha no se conoce ningún proyecto de ley relacionado con este punto.
Asimismo, EMFI considera que esta falta de “reformas estructurales” podrían estar retrasando, precisamente, las revisiones que el país tiene pendientes en el marco del SAF, algo que se suma a las preocupaciones fiscales derivadas del período de gracia de cuatro años que el gobierno tiene con el sistema previsional y que se vence el próximo año, por lo que subraya que “este punto ayuda a explicar el estancamiento en el acuerdo”.
Dicho período de gracia se refiere al cambio que se aplicó en 2023 a las condiciones de la deuda que el Estado tiene con los fondos de pensiones, de los cuales se financia a través de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y de los Certificados de Financiamiento de Transición(CFT), establecidos tras la reforma de 2022. Estas nuevas condiciones permitieron que el gobierno no pagara intereses ni abonara capital a esta deuda durante un período de cuatro años.
Según informes internacionales de años anteriores, este período libre de obligaciones le ha otorgado al gobierno un ahorro de hasta $500 millones anuales; sin embargo, este oxígeno caducaría el próximo año con el vencimiento del período de gracia, lo que implica que el país deberá afrontar mayores compromisos financieros.
De acuerdo con la firma inglesa, la deuda relacionada con las pensiones aumentó del 25.7% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que equivalía a unos $8,200 millones en 2022, al 30.6% del PIB ($11,200 millones) al cierre de 2025. Las cifras más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) reflejan que el total de la deuda previsional ya alcanzó los $11,520.42 millones.
Esta situación provocaría que el equilibrio fiscal que el gobierno busca alcanzar, siempre en el marco del acuerdo con el FMI, se tambalee pues, según EMFI, este acuerdo “seguirá siendo un factor central para evaluar la sostenibilidad macroeconómica del país”, la cual se ha caracterizado en los últimos años por un déficit fiscal bastante amplio (gastos públicos superiores a los ingresos) y un nivel de endeudamiento cercano al 90% del PIB.
Aún así, la firma inglesa apunta que la continuidad de las etapas del acuerdo con el FMI están sujetas no solo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia fiscal, sino también a la disposición del gobierno por reformar los puntos claves para estabilizar sus cuentas.
“La normalización de las revisiones pendientes (con el FMI) dependerá menos de la capacidad del gobierno para cumplir los objetivos fiscales a corto plazo y más de su voluntad de impulsar reformas estructurales, especialmente en materia de pensiones, que estabilicen las obligaciones de pensiones a mediano plazo. Sin una solución permanente al componente de las pensiones, el actual proceso de consolidación fiscal corre el riesgo de convertirse más en un aplazamiento de las presiones que en una corrección estructural definitiva”, apunta la firma.
Anteriormente, EMFI había señalado que la razón detrás del retraso en la reforma de pensiones obedece a las elecciones generales programadas para el próximo año pues, según un informe de febrero de este año, “la cercanía del ciclo electoral de 2027 introduce claros incentivos para posponer o suavizar medidas impopulares, particularmente aquellas que afectan directamente a los trabajadores activos”, ya que “el calendario político condicionará decisivamente el ritmo y el alcance de la reforma del sistema de pensiones en 2026”.