At 1:30 a.m. on May 30, 2024, three National Civil Police (PNC) officers arrived at the home of Roberto Antonio Esquivel Moreno, a veteran of El Salvador’s Armed Forces (FAES), and knocked on the door. His family came out to verify the police presence, and the officers asked whether Esquivel drove a motorcycle or a car, because he had been involved in a traffic accident and they wanted to know his whereabouts.
After retiring from the military, he worked as a security guard and was on duty that night. His wife got into the patrol car and headed to where he was, worried that something had happened to him, according to the officers’ account.
“We just want to find out that, what condition he is in,” the officers told the family, but the situation was different when they arrived. “They want to take your dad away,” the retired soldier’s wife told his son, Víctor Esquivel, by phone, about what was really happening.
“Once there, they changed their version. They said they had to take him so he could give statements about a matter. My dad asked them for proof or an order (for his detention), but they told him that if he did not agree to get into the patrol car, they were going to take him anyway. Why come at 1:30 in the morning? If a process is legal and fair, it has to be done during the day, when everyone can see it. At that hour people are asleep,” his son Víctor questioned.
The police did not tell the family where they were taking him. They spent the whole night searching and asking until they were told he was detained at the PNC Investigations Subdirectorate, an office on Calle El Progreso and 59th Avenue South in San Salvador. Days after the arrest, officers came back to his home to carry out a search, again without a court order, according to the family’s statements. They later learned that he had been accused, along with other war veterans and former combatants, of planning terrorist attacks for the presidential inauguration on June 1, 2024.
“For us it was something new. We have principles that always guided us to be good people. My father was always a good person, and that is why at the time he sought social assistance with his colleagues, demanded their rights and sought benefits for his colleagues (accused in the same case). This is difficult for us, and for him too. I still cannot grasp that my father is in prison two years later. We ask the people who make decisions and validate justice to backtrack,” Víctor added.
According to Víctor, through their lawyer they arranged for a medical inspection by the Forensic Medicine Institute (IML) and learned that he was suffering from hypertension. While they say that offers some relief amid the news they have seen about health problems affecting people deprived of liberty after the implementation of the state of exception, they stress that “that is what the paper says; seeing him is different.”
Esquivel Moreno’s family went last Saturday, May 30, to the Preventive and Sentence-Serving Center known as the Western Penitentiary, located at kilometer 72 of the road to Metapán in Santa Ana, for an event marking the second year of the detention of the veterans and former combatants. The activity was also supported by human rights organizations that called for the defendants’ release.
“Many people are waking up to the reality we are living. We want them to be freed. They have no reason to be there. We do not know the reason for their detention. If there is nothing they can be accused of, we believe all of this has happened only because someone wanted to harm them. We ask that this month be definitive, that a hearing be scheduled,” the retired soldier’s son said.
On December 3, 2025, Court One Against Organized Crime, Judge Three, ordered an extension of the investigation in this case, which ends on June 14, 2026. Civil society organizations, relatives and the technical defense team are therefore asking for the hearing to be scheduled and for the supposed evidence against them to be presented.
Between May 30 and 31, 2024, the PNC arrested 11 people, including war veterans and former combatants from El Salvador’s civil war (1980-1992), accused of planning those terrorist attacks. Among those detained is Peace Accords signatory Atilio Montalvo, who has alternative measures, as well as José Santos Melara, leader of the Alliance El Salvador in Peace, who remains detained.
“I do not know how the people who make these decisions can live with a clear conscience. As a relative, you go to work and keep wondering how long this will go on. It is frustrating. We want all of this to end now. More harm is being done to people and there is great unease,” added Víctor, who hopes there will be no further requests to extend the process.
“Nos dijeron que estuvo en un accidente”: así capturaron a un veterano acusado de planear atentados
Por Williams Sandoval
A la 1:30 de la madrugada del 30 de mayo de 2024 tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la casa de Roberto Antonio Esquivel Moreno, un veterano de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y tocaron la puerta. La familia salió para verificar la presencia policial, entonces los agentes preguntaron si Esquivel manejaba motocicleta o carro, pues estaba involucrado en un accidente de tránsito y querían saber su paradero.
El militar, tras su retiro, se dedicaba a trabajar como vigilante de seguridad y aquella noche estaba de turno. Su esposa se subió a la patrulla y se dirigieron adonde se encontraba, preocupada de que algo le había pasado, según el informe de los agentes.
“Solo queremos averiguar eso, en qué condición está”, le comentaron los agentes a la familia, pero la situación fue distinta al llegar al lugar. “Se quieren llevar a tu papá”, le dijo la esposa del militar retirado por teléfono a su hijo Víctor Esquivel, sobre lo que realmente estaba sucediendo.
“Estando ahí cambiaron la versión, dijeron que se lo tenían que llevar para dar unas declaraciones sobre un asunto. Mi papá les pidió un comprobante o una orden (para su detención), pero le dijeron que si no accedía a subir a la patrulla igual se lo iban a llevar. ¿Por qué llegar a la 1:30 de la mañana? si un proceso es legal, justo, se tiene que hacer en el día, cuando todos lo ven. A esa hora la gente está dormida”, cuestionó su hijo Víctor.
La Policía no dijo a la familia adónde se lo iban a llevar, pasaron toda esa noche buscando y consultando hasta que les informaron que estaba detenido en la Subdirección de Investigaciones de la PNC, una sede ubicada en la Calle El Progreso y la 59 Avenida Sur, en San Salvador. Días después de la captura, agentes llegaron nuevamente a su hogar para realizar un allanamiento, nuevamente sin una orden judicial, según las declaraciones de la familia. Posteriormente se dieron cuenta que fue acusado junto a otros veteranos de guerra y excombatientes de planificar atentados terroristas para la toma de posesión presidencial del 1 de junio de 2024.
“Para nosotros fue algo nuevo, tenemos principios que siempre nos orientaron a ser personas de bien. Mi papá siempre fue una persona de bien y por eso es que en su momento buscó la ayuda social con sus compañeros, reclamó sus derechos y buscó el beneficio de sus compañeros (acusados en el mismo proceso). Para nosotros es difícil todo esto que estamos pasando, para él también. No concibo todavía que mi papá esté preso dos años después, pedimos que las personas que toman decisiones que validen la justicia se retracten”, agregó Víctor.
Según Víctor, han gestionado a través de su abogado la realización de una inspección médica con el Instituto de Medicina Legal (IML) y pudieron conocer que se estaba padeciendo hipertensión, que si bien, aseguran da cierto alivio ante las noticias que han visto sobre afectaciones de salud a privados de libertad tras la implementación del régimen de excepción, destacan que “eso es lo que dice el papel, diferente es verlo”.
La familia de Esquivel Moreno acudió el sábado 30 de mayo pasado al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, conocido como Penitenciaría Occidental y ubicado en el kilómetro 72 de la carretera a Metapán en Santa Ana, en un acto por el segundo año de la detención de los veteranos y excombatientes. La actividad también fue apoyada por organizaciones de derechos humanos que pidieron la libertad de los acusados.
“Mucha gente está despertando de la realidad que estamos viviendo. Queremos que les den libertad, no tienen porqué estar ahí, no sabemos cuál es el motivo de su detención, si no hay nada de que se les pueda acusar, creemos que todo esto ha pasado solo porque alguien les quiso hacer el daño. Pedimos que este mes sea definitivo, que se programe una audiencia”, mencionó el hijo del militar.
El 3 de diciembre 2025, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, juez tres, decretó prórroga para la investigación en este caso la cual finaliza el 14 de junio de 2026, por lo que organizaciones civiles, familiares y defensa técnica piden que se programe la audiencia y se presenten las supuestas pruebas en su contra.
Entre el 30 y 31 de mayo de 2024, la PNC capturó a 11 personas, entre veteranos de guerra y excombatientes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) acusados de planificar dichos atentados terroristas. Entre los detenidos está el firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, quien cuenta con medidas alternas, así como José Santos Melara, dirigente de la Alianza El Salvador en Paz, que sigue detenido.
“No sé cómo las personas que toman estas decisiones pueden vivir con su conciencia tranquila. Uno que es familiar, va al trabajo y anda pensando hasta cuándo. Es frustrante. Queremos que ya todo esto finalice. Se le está haciendo más daño a las personas y hay un gran malestar “, agregó Víctor, que espera que no haya más solicitudes de prórroga en el proceso.