The Attorney General’s Office (FGR) stated it has no record of investigations into the deaths of inmates during the state of exception, even though Attorney General Rodolfo Delgado himself confirmed in June 2023 that the institution had investigated and archived 142 cases. The official response also contradicts previous statements by other state authorities about deaths in Salvadoran prisons.
Through its Document Administration and Statistics Unit, the office argued that its institutional system contains no record of the information requested in a public information request sent by LA PRENSA GRÁFICA on May 14. The request sought a breakdown of investigated inmate deaths by prison facility, cause of death, gender, and age, among other data.
This stance by the Attorney General’s Office contrasts with previous statements by Delgado himself, who on June 13, 2023, said in a television interview that the institution had investigated 142 inmate deaths during the state of exception and that all the cases had been archived “because there was no crime to prosecute.”
The absence of official records also contradicts previous acknowledgments by the Salvadoran state regarding these deaths. The U.S. State Department’s annual human rights report, published in August 2025, notes that the Ministry of Justice admitted to 115 prison deaths in that context and confirmed that the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH) had investigated eight deaths.
“Some suspects died in prison before being convicted or completing their sentences. On July 8, the minister of justice and public security stated that 115 deaths had occurred in prison since the state of exception was declared in March 2022. On August 16, the Office of the Human Rights Ombudsman reported that it was investigating eight deaths in prison,” the report states, based on information provided by the Salvadoran state.
Also in 2023, Justice and Security Minister Gustavo Villatoro admitted in a television interview that a group of institutions made up of the Forensic Medicine Institute (IML), the Attorney General’s Office, and the police is responsible for investigating deaths that occur in prisons. However, the results of these investigations have not been made public four years into the measure.
Since the start of the state of exception on March 27, 2022, various state institutions have limited or denied information related to possible human rights violations. In October 2024, the Victims’ Movement of the State of Exception (MOVIR) went to the PDDH to request an investigation into the deaths of inmates in this context and a ruling on previous complaints, but was turned away.
Meanwhile, the General Directorate of Prisons keeps data on prison deaths under seal. The agency argues that the information contained in the Prison Information System (SIPE) has remained classified since late 2021.
Active investigations
Legal Humanitarian Aid (SJH) said it has documented 530 deaths inside prisons and that among these cases there are three families to whom the Attorney General’s Office itself has confirmed it is investigating aggravated homicide in the deaths of their relatives.
“In the medical report, the doctors themselves added that the inmate had been the victim of serious human rights violations and the body showed signs of violence,” said Ingrid Escobar, director of SJH.
One of those cases involves Humberto Adonay Escobar Mónico, a 38-year-old merchant who spent 47 days detained at Mariona prison after being arrested alongside his wife.
Prosecutors confirmed to Humberto’s family that they are investigating a possible aggravated homicide. However, the Forensic Medicine Institute recorded the cause of death as pulmonary edema. His relatives maintain that the body showed signs of physical violence. In addition, Humberto was close to regaining his freedom at a special hearing scheduled for days after his death.
“In this case, a private vehicle from Mariona spent 12 hours in the Zacamil hospital parking lot, making calls to the government for hours to pressure the hospital into letting the body inside by passing the person off as alive. It’s been almost a year and the Attorney General’s Office hasn’t produced any results,” Escobar said.
The director of Legal Humanitarian Aid also confirmed that 470 of these cases have been reported to the prosecutor at the International Criminal Court (ICC), through the United Nations Rome Statute, so that Salvadoran state agents, including prison guards, can be investigated to determine whether they have committed crimes against humanity.
Autoridades afirman no tener investigaciones por muertes en el régimen
Por Laura Jordán
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no posee registro sobre investigaciones por muertes de privados de libertad durante la medida del régimen de excepción, pese a que el propio fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó en junio de 2023 que la institución investigó y archivó 142 casos. La respuesta oficial también contradice declaraciones previas de otras autoridades estatales sobre fallecimientos en las cárceles salvadoreñas.
La entidad argumentó, por medio de su Unidad de Administración Documental y Estadística, que el sistema institucional no cuenta con un registro de lo requerido en una solicitud de acceso a información pública enviada por LA PRENSA GRÁFICA el 14 de mayo. En ella se pedía desgloses de muertes de reos investigadas por centro penal, por causa de muerte, género y edad, entre otros datos.
Esta postura de la Fiscalía contrasta con declaraciones previas del propio fiscal general, Rodolfo Delgado, quien el 13 de junio de 2023 afirmó en una entrevista televisiva que la institución investigó 142 muertes de reos en el contexto del régimen de excepción y que todos los casos fueron archivados “porque no había delito a perseguir”.
La inexistencia de registros oficiales también contradice reconocimientos previos del Estado salvadoreño sobre estas muertes. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en agosto de 2025, señala que el Ministerio de Justicia admitió 115 muertes en prisión en ese contexto y confirmó, además, la investigación de ocho fallecimientos por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Algunos sospechosos fallecieron en prisión antes de ser condenados o de cumplir sus sentencias. El 8 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que se habían producido 115 muertes en prisión desde que se declaró el estado de excepción en marzo de 2022. El 16 de agosto, la Oficina del Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos informó que estaba investigando ocho muertes en prisión”, cita el informe, a partir de la información dada por el Estado salvadoreño.
También en 2023, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, admitió en una entrevista televisiva que existe un grupo de instituciones conformado por el Instituto de Medicina Legal (IML), la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) encargadas de investigar las muertes ocurridas en centros penales. No obstante, los resultados de estas investigaciones no han sido presentados públicamente a cuatro años de la implementación de la medida.
Desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, distintas instituciones estatales han limitado o negado información relacionada con posibles violaciones a derechos humanos. En octubre de 2024, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) acudió a la PDDH para pedir que investigara las muertes de personas privadas de libertad en este contexto y que se pronunciara sobre denuncias previas, pero no fue atendido.
Mientras tanto, la Dirección General de Centros Penales mantiene bajo reserva los datos sobre fallecidos en cárceles. La institución argumenta que la información contenida en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) permanece clasificada desde finales de 2021.
Investigaciones vigentes
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) aseguró que han documentado 530 fallecidos dentro de las prisiones y que entre dichos casos existen tres familias a las que la propia Fiscalía les ha confirmado investigaciones por homicidio agravado en la muerte de sus parientes.
“En el reporte médico los mismos doctores agregaron que el reo había sido víctima de graves violaciones a derechos humanos y el cadáver mostraba signos de violencia”, afirmó Ingrid Escobar, directora del SJH.
Uno de esos casos corresponde a Humberto Adonay Escobar Mónico, un comerciante de 38 años que pasó 47 días detenido en el penal de Mariona tras ser capturado junto a su esposa.
La investigación por un posible homicidio agravado fue confirmada por fiscales a los familiares de Humberto. Sin embargo, Medicina Legal registró la muerte como un edema pulmonar. Sus parientes sostienen que el cuerpo presentaba señales de violencia física. Además, Humberto estaba próximo a recuperar su libertad en una audiencia especial programada para días después de su fallecimiento.
“En este caso, hubo un carro particular de Mariona que estuvo 12 horas en el parqueo del hospital Zacamil, haciendo llamadas durante horas al Gobierno para que presionara al hospital y dejara entrar el cadáver haciendo pasar a la persona con vida. Llevamos casi un año y la Fiscalía no ha dado resultados de nada”, detalló Escobar.
La directora del Socorro Jurídico también confirmó que 470 de estos casos han sido denunciados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a través del Estatuto de Roma de las Naciones Unidas, para que se investigue a los agentes del Estado salvadoreño, incluidos custodios de las cárceles, y se determine si han cometido crímenes de lesa humanidad.