The greatest strength of an electoral authority is credibility, and the best guarantee of an election is electoral integrity. But, at the moment, both elements are critically low. Various recent decisions have weakened the Supreme Electoral Tribunal (TSE). Its best-trained and most experienced departments in organizing elections have been dismantled; the few voices that occasionally speak on behalf of the electoral authority have revealed inconsistencies or gaps in technical matters related to election organization.
Furthermore, since the end of the war, the General Election Plan had never before been kept under seal. Now, access has been restricted to specific budget data and to the participants in the 24 programs to be launched in the upcoming elections. This information was public under previous administrations; now it remains classified, like hundreds of documents from other state agencies, including the Supreme Court of Justice and the Legislative Assembly.
Electoral integrity is the hallmark of any process that guarantees—before, during, and after the elections—administrative transparency, a campaign on equal terms for all participants, and the impartiality of the electoral authority, so that the election results reflect the will of the citizens expressed through the vote. El Salvador has moved away from those standards. In the 2024 elections, legal and constitutional reforms were enacted that led to a concentration of power. And the process for the 2027 elections follows the same course, deepening it.
Less than a year before the elections, reforms have been made to the Electoral Code, the Constitution of the Republic, and other laws. On May 14, the Legislative Assembly amended the Electoral Code, the Political Parties Law, and the Special Law on Voting Abroad to create an overseas electoral district that allocates six seats to diaspora lawmakers. According to the official narrative, this is being done to give representation to compatriots living abroad. To avoid increasing the total number of seats (60), five lawmakers will be taken from San Salvador and one from La Libertad; thus, the former will drop to 11 lawmakers and the latter to 6. The argument is that these are the most populated departments.
The right of the diaspora to participate in the country’s decisions is not up for debate, but so far none of the lawmakers who voted for the reform have explained the criteria upon which the decision was based. The president of the National Registry of Natural Persons said he did not know them because he did not take part in the decision, and the minister who proposed the reforms was not even invited to the lawmakers’ session to explain them. Given this lack of technical or legal arguments, it is reasonable to conclude that the decision was driven instead by political criteria.
The ruling-party bloc also amended Article 208 of the Constitution, which contains the mechanism for electing the five TSE magistrates. The argument was the depoliticization of the Tribunal. The reform establishes that the three political parties that received the most votes in the last presidential election will no longer nominate the first three magistrates (including the president). Now the full Legislative Assembly will nominate and elect them. The remaining two magistrates will continue to be nominated by the Supreme Court of Justice. Depoliticization has always been an aspiration of democratic actors in civil society. The problem is that, by its very nature, the Legislative Assembly is partisan, and deliberation and pluralistic debate have little presence in its internal workings.
Ultimately, as a result of continuous and far-reaching legal and constitutional reforms, the political system appears to be moving toward a hegemonic-party model. In this context, it is unrealistic to place expectations of change on the upcoming elections.
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Rediseño electoral
La mayor fortaleza de una autoridad electoral es la credibilidad y la mejor garantía de unos comicios, la integridad electoral. Pero, de momento, ambos elementos están bajo mínimos. Diversas decisiones recientes han debilitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sus áreas mejor capacitadas y con más experiencia en la organización de comicios han sido desmanteladas; las escasas voces que ocasionalmente hablan en nombre de la autoridad electoral han evidenciado inconsistencias o vacíos en temas técnicos vinculados a la organización electoral.
Por otra parte, desde el fin de la guerra, nunca antes el Plan General de Elecciones había sido objeto de reserva de información. Ahora se ha limitado el acceso a datos específicos del presupuesto y de los participantes en los 24 programas que se pondrán en marcha en las próximas elecciones. Esta información era pública en anteriores administraciones; ahora permanece clasificada, al igual que cientos de documentos de otras carteras de Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.
La integridad electoral es característica de todo proceso que garantiza, antes, durante y después de las elecciones, transparencia administrativa, una campaña en igualdad de condiciones para todos los participantes e imparcialidad de la autoridad electoral, de manera que el resultado de los comicios responda a la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto. El Salvador se ha alejado de esos estándares. En las elecciones de 2024 se hicieron reformas legales y constitucionales que derivaron en una concentración de poder. Y el proceso para las elecciones de 2027 sigue la misma línea, acentuándola.
A menos de un año de las elecciones, se han aplicado reformas al Código Electoral, a la Constitución de la República y a otras leyes. La Asamblea Legislativa reformó el 14 de mayo pasado el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, para crear una circunscripción electoral en el extranjero que asigna seis plazas a diputados de la diáspora. De acuerdo con el discurso oficial, esto se hace para darle representación a los compatriotas que viven en el exterior. Para no aumentar el número de curules (60), se le restarán cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad; así, el primero pasará a tener 11 diputados y el segundo, 6. Según se argumenta, esto responde a que son los departamentos más poblados.
El derecho a la participación de la diáspora en las decisiones del país no se discute, pero hasta el momento ninguno de los diputados que votaron por la reforma ha explicado cuáles fueron los criterios con base en los cuales se tomó esa decisión. El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales dijo no conocerlos porque no participó en la decisión y el proponente de las reformas, un ministro, ni siquiera fue invitado a la sesión de los diputados para que explicara. Ante esta falta de argumentos técnicos o legales, cabe interpretar que la decisión responde más bien a criterios políticos.
La bancada oficialista también reformó el artículo 208 de la Constitución, que contiene el mecanismo de elección de los cinco magistrados del TSE. El argumento fue la despartidización del Tribunal. La reforma establece que ya no serán los tres partidos políticos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial los que propongan a los tres primeros magistrados (incluyendo al presidente). Ahora será el pleno de la Asamblea Legislativa el que los proponga y elija. A los dos magistrados restantes los seguirá proponiendo la Corte Suprema de Justicia. La despartidización siempre ha sido una aspiración de los actores democráticos de la sociedad civil. El problema es que, por su propia naturaleza, la Asamblea Legislativa es partidaria y la deliberación y el debate plural tienen escasa presencia en su dinámica interna.
En definitiva, por efecto de continuas y profundas reformas legales y constitucionales, el sistema político parece avanzar hacia un esquema de partido hegemónico. En este contexto, es poco realista depositar expectativas de cambio en las próximas elecciones.
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