By Josh Gerstein
A federal judge has thrown out the Trump administration’s criminal, immigrant-smuggling case against Kilmar Abrego Garcia, ruling that the prosecution was “vindictive” retaliation against the Salvadoran immigrant for winning a high-profile challenge to his deportation from the U.S.
“The evidence before this Court sadly reflects an abuse of prosecuting power,” U.S. District Judge Waverly Crenshaw wrote Friday as he granted Abrego’s request to dismiss the case.
Crenshaw said there was significant proof, including statements from now-acting Attorney General Todd Blanche, indicating that the investigation into a 2022 traffic stop of Abrego in Tennessee was re-opened last year in response to a federal judge in Maryland ruling that Abrego’s deportation was illegal and authorities needed to facilitate his return to the U.S.
The administration was slow to comply with that ruling, returning Abrego to the U.S. last June only after prosecutors had secured an indictment of him, claiming he was part of a conspiracy to transport undocumented immigrants from Texas to Maryland.
Justice Department spokespeople did not immediately respond to a request for comment.
The long-awaited ruling is another major setback for the Trump administration in a case that roiled the top levels of the U.S. government and cost at least one veteran Justice Department attorney his job.
Crenshaw, a Nashville-based Obama appointee, said the timeline of events was a “telling and forceful” indication that Abrego’s prosecution was traceable to the habeas corpus petition his attorneys filed in Maryland after he was abruptly deported to his home country, despite an immigration judge’s ruling that Abrego could not be sent there due to the likelihood he would be persecuted.
Crenshaw said Homeland Security Investigations opened a probe of Abrego in December 2022, about three weeks after a state trooper stopped Abrego on I-40, traveling in a van with eight other Latino men who had no luggage. That initial investigation was formally closed about two weeks after Abrego was deported last March. However, the investigation was reopened the following month after the Supreme Court largely upheld a court order requiring U.S. officials to attempt to arrange Abrego’s return.
“From the time [an HSI agent] reopened the case, the investigation was marked by retaliatory taint,” Crenshaw wrote.
Justice Department attorneys and the White House initially described Abrego’s deportation to a notorious anti-terrorism prison in El Salvador as an “administrative error,” although Trump aides later walked back that concession.
Crenshaw pointed to what he called Blanche’s “remarkable” statements in TV interviews that appeared to acknowledge the second investigation of Abrego was a response to the order to reverse his deportation.
“Blanche’s words directly confirm that the Executive Branch reopened the criminal investigation because the Judicial Branch required the Executive Branch to facilitate Abrego’s return from El Salvador,” the judge wrote.
Citing internal Justice Department communications, Crenshaw identified an assistant to Blanche in the deputy attorney general’s office, Aakash Singh, as the moving force behind the probe. “How close do we think we are to charging?” Singh asked a frontline prosecutor, later calling the case “top priority for us.”
“Blanche’s public statements about the investigation and Singh’s involvement tie Main Justice to the reopened investigation and the indictment,” the judge wrote.
Crenshaw’s ruling ends the criminal case unless DOJ can get a higher court to reinstate it. However, Abrego is still facing deportation proceedings. Although he lived in Maryland for about 15 years before his deportation last year, Abrego has agreed to go to Costa Rica, which offered last year to accept him.
But the Trump administration has proposed a series of other destinations, most recently, Liberia. Maryland-based U.S. District Judge Paula Xinis held a lengthy hearing on that proposal earlier this month. In the meantime, a block she imposed last year on Abrego’s deportation remains in place.
Juez desestima caso penal contra Kilmar Abrego Garcia
Un juez federal ha desestimado el caso penal por tráfico de inmigrantes que el gobierno de Trump presentó contra Kilmar Abrego Garcia, al dictaminar que la acusación fue una represalia “vengativa” contra el inmigrante salvadoreño por haber ganado una demanda de alto perfil contra su deportación de Estados Unidos.
“La evidencia presentada ante este tribunal refleja, lamentablemente, un abuso del poder de la fiscalía”, escribió el viernes el juez federal de distrito Waverly Crenshaw al conceder la solicitud de Abrego de desestimar el caso.
Crenshaw señaló que existían pruebas significativas, incluidas declaraciones del actual fiscal general interino Todd Blanche, que indicaban que la investigación sobre una detención de tránsito de Abrego en Tennessee en 2022 fue reabierta el año pasado en respuesta al fallo de un juez federal en Maryland que declaraba ilegal la deportación de Abrego y ordenaba a las autoridades facilitar su regreso a Estados Unidos.
El gobierno tardó en acatar ese fallo, y solo devolvió a Abrego a Estados Unidos en junio pasado, después de que los fiscales hubieran obtenido una acusación formal en su contra, alegando que formaba parte de una conspiración para transportar inmigrantes indocumentados de Texas a Maryland.
Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
El esperado fallo representa otro gran revés para el gobierno de Trump en un caso que sacudió los más altos niveles del gobierno estadounidense y le costó el puesto a al menos un experimentado abogado del Departamento de Justicia.
Crenshaw, un juez designado por Obama con sede en Nashville, afirmó que la cronología de los eventos era un indicio “revelador y contundente” de que la acusación contra Abrego era atribuible a la petición de hábeas corpus que sus abogados presentaron en Maryland después de que fuera deportado abruptamente a su país de origen, a pesar del fallo de un juez de inmigración de que Abrego no podía ser enviado allí debido a la probabilidad de que fuera perseguido.
Crenshaw indicó que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) abrió una indagatoria sobre Abrego en diciembre de 2022, unas tres semanas después de que un agente de la policía estatal lo detuviera en la interestatal I-40, mientras viajaba en una camioneta con otros ocho hombres latinos que no llevaban equipaje. Esa investigación inicial se cerró formalmente unas dos semanas después de que Abrego fuera deportado en marzo pasado. Sin embargo, la investigación se reabrió al mes siguiente después de que la Corte Suprema confirmara en gran medida una orden judicial que exigía a los funcionarios estadounidenses intentar gestionar el regreso de Abrego.
“Desde el momento en que [un agente de HSI] reabrió el caso, la investigación quedó marcada por un tinte de represalia”, escribió Crenshaw.
Los abogados del Departamento de Justicia y la Casa Blanca describieron inicialmente la deportación de Abrego a una tristemente célebre prisión antiterrorista en El Salvador como un “error administrativo”, aunque los asesores de Trump luego se retractaron de esa admisión.
Crenshaw señaló lo que calificó como “notables” declaraciones de Blanche en entrevistas de televisión, que parecían reconocer que la segunda investigación sobre Abrego era una respuesta a la orden de revertir su deportación.
“Las palabras de Blanche confirman directamente que el Poder Ejecutivo reabrió la investigación penal porque el Poder Judicial le exigió que facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador”, escribió el juez.
Citando comunicaciones internas del Departamento de Justicia, Crenshaw identificó a un asistente de Blanche en la oficina del fiscal general adjunto, Aakash Singh, como el principal impulsor de la investigación. “¿Qué tan cerca creemos que estamos de presentar cargos?”, preguntó Singh a un fiscal de primera línea, para luego calificar el caso como una “prioridad máxima para nosotros”.
“Las declaraciones públicas de Blanche sobre la investigación y la participación de Singh vinculan a la sede central del Departamento de Justicia con la investigación reabierta y la acusación formal”, escribió el juez.
El fallo de Crenshaw pone fin al caso penal a menos que el Departamento de Justicia logre que un tribunal superior lo restablezca. Sin embargo, Abrego aún enfrenta un proceso de deportación. Aunque vivió en Maryland durante unos 15 años antes de su deportación el año pasado, Abrego aceptó trasladarse a Costa Rica, país que el año pasado se ofreció a recibirlo.
No obstante, el gobierno de Trump ha propuesto una serie de otros destinos; el más reciente, Liberia. La jueza federal de distrito Paula Xinis, con sede en Maryland, celebró una extensa audiencia sobre esa propuesta a principios de este mes. Mientras tanto, sigue vigente la suspensión de la deportación de Abrego que ella impuso el año pasado.