The Vamos party questioned the Finance Ministry over why the draft new Public-Private Partnership (PPP) Law eliminates the cap on how much the state can invest in a public-private partnership or alliance to deliver public services, to which the ministry responded that no PPP that could pose a financial risk to the state will be approved.
Yesterday the government again ruled out any privatization of public education, health, and water services, and said that for now there are no PPP projects planned to provide services in these three sectors.
Lawmaker Claudia Ortiz of Vamos raised the issue in the Technology, Tourism, and Investment Committee, noting that the current Public-Private Partnership Law sets a 3% of GDP limit on the state’s contribution to PPP projects, but that the new bill would remove that cap.
“No project that will have an impact on public finances in the medium and long term, or that will affect public finances in the medium and long term, will be approved.” Jerson Posada, finance minister.
“The cumulative amount of firm and quantifiable contingent payments, net of contingent revenues, assumed under public-private partnership contracts, calculated at present value, may not exceed 3% of the previous year’s GDP,” states Article 20 on “Fiscal obligations derived from contracts,” which also notes that these will be considered public debt “only for accounting purposes.”
Lawmaker Ortiz asked Finance Minister Jerson Posada whether eliminating the 3% of GDP cap on state investment in PPPs creates any “type of fiscal risk or commitment of public finances.”
The minister replied that the Finance Ministry will conduct two fiscal studies for the creation of each PPP and that this “will ensure that any PPP proposal does not have fiscal implications in the medium and long term.”
Will there be any ceiling on contingent obligations? Ortiz pressed later.
“Well, I’ll say it again: not all projects involve state obligations; there may be contingent obligations, but that is precisely why the fiscal analyses to be carried out before approving any PPP project are so important,” the official stressed.
The head of the Finance Ministry pledged that “if those fiscal analyses identify risks of future contingent costs, then those PPPs will not be approved.” “No project that will have an impact on public finances in the medium and long term, or that will affect public finances in the medium and long term, will be approved,” he said.
“Nothing will be hidden” regarding PPP expenditures
Ortiz asked how the Finance Ministry would guarantee that contingent payments do not become “hidden debt” in cofinanced PPP projects and whether the amounts spent by the state will be made public.
The official promised that “everything will be incorporated into the budget” and that “nothing will be hidden.”
“Any cost associated with PPPs, any project — I’ve said it several times — the Finance Ministry will make sure that each contracting entity has the budgetary capacity to finance it through its own budget, and any budget addition is approved by this Legislative Branch. Nothing can be hidden; any cost will be reflected in the budget,” was his response.
The new PPP Law was introduced on April 9, 2026, and remains under review in the Technology, Tourism, and Investment Committee, chaired by lawmaker Dania González. As of yesterday, the committee had heard from the president of the Investment Promotion Agency (Invest), Rodrigo Ayala, and Finance Minister Jerson Posada, and next week it will hear from the executive director of the National Registry Center, Camilo Trigueros.
Ortiz cuestiona eliminación de límite de inversión estatal en APP, Hacienda responde no aprobarán un APP con riesgo fiscal
Por Yolanda Magaña
El partido Vamos cuestionó al Ministerio de Hacienda por qué en el proyecto de nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP) se elimina el límite de inversión que puede hacer el Estado en un asocio o alianza público privada para dar servicios públicos a la población, a lo que Hacienda respondió que no serán aprobados los APP que puedan implicar un riesgo financiero para el Estado.
Ayer el gobierno volvió a descartar que se vaya a privatizar los servicios públicos de educación, salud y recursos hídricos, y manifestó que por el momento no hay proyectos de APP para prestar servicios en estos tres sectores.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se refirió, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, a que la actual Ley de Asocios Público Privados establece un límite del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el monto que puede aportar el Estado en los proyectos de APP pero señaló que la nueva propuesta de ley eliminaría dicho límite.
«No será aprobado un proyecto que va a tener un impacto en las finanzas públicas a mediano y largo plazo o que va a afectar las finanzas a mediano y largo plazo”. Jerson Posada, ministro de Hacienda.
“El monto acumulado de pagos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos contingentes, asumidos a título de contratos de asocio público-privado, calculado a valor presente, no podrá exceder el 3 % del PIB del año inmediato anterior”, indica el artículo 20, sobre “Obligaciones fiscales derivados de los contratos”, que detalla además que serán consideradas deuda pública “solo para afectos de contabilidad”.
La diputada preguntó al ministro de Hacienda, Jerson Posada, si haber eliminado el límite del 3 % del PIB para la inversión estatal en los APP genera algún «tipo de riesgo fiscal o compromiso de las finanzas públicas».
El ministro respondió que Hacienda realizará dos estudios fiscales para la creación de cada APP y que así “se controlará que cualquier propuesta de APP no vaya a tener implicaciones fiscales en mediano y largo plazo”.
¿Habrá algún techo a las obligaciones contingentes?, insistió Ortiz posteriormente.
“Es que, vuelvo y repito, no todos los proyectos tienen obligaciones (estatales), pueden existir obligaciones contingentes pero ahí radica la importancia de los análisis fiscales que se realizarán previo a la aprobación de cualquier proyecto APP», remarcó el funcionario.
El titular de Hacienda prometió que «si en esos análisis fiscales se identifican riesgos de costos contingentes a futuro, pues, estos (APP) no serán aprobados». «No será aprobado un proyecto que va a tener un impacto en las finanzas públicas a mediano y largo plazo o que va a afectar las finanzas a mediano y largo plazo”, manifestó.
“No habrá nada oculto», sobre erogaciones a las APP
Ortiz preguntó cómo Hacienda garantizará que los pagos contingentes no se convertirán en «deuda oculta» en los proyectos APP cofinanciados y si estas cifras erogadas por el Estado serán publicadas.
El funcionario prometió que “todo se va a incorporar en el presupuesto” y que “no habrá nada oculto”.
“Cualquier costo asociado a las APP, cualquier proyecto, lo he dicho varias veces, el Ministerio de Hacienda velará por que presupuestariamente cada entidad contratante tenga la capacidad de financiarlo a través de su presupuesto y cualquier incorporación presupuestaria es aprobada por este Órgano Legislativo, no puede haber nada oculto, cualquier costo va a estar demostrado en el presupuesto”, fue su respuesta.
La nueva Ley de APP fue presentada el 9 de abril de 2026 y se mantiene bajo estudio en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, presidida por la diputada Dania González. Hasta ayer, habían recibido las opiniones del presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones (Invest), Rodrígo Ayala, y del ministro de Hacienda, Jerson Posada, y recibirán la próxima semana al director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Camilo Trigueros.