The Associated Press
SAN SALVADOR, El Salvador — The number of people deported to El Salvador from the U.S. nearly doubled in the first months of 2026, according to official figures, coming as Salvadoran President Nayib Bukele has positioned himself as an ally willing to help the Trump administration accelerate deportations, a central priority.
The U.S. deported 5,033 Salvadorans back to their country in the first three months of 2026 compared with 2,547 deportees in the same period in 2025, according to El Salvador migration authority figures obtained by The Associated Press on Tuesday.
That marks nearly a 98% increase at the same time that the Trump administration has boosted deportation flights across the world. Globally, deportation flights from the U.S. jumped around 61% between 2024 and 2025, according to data compiled by the Asociación Agenda Migrante El Salvador, or AAMES, and other organizations.
The U.S. has stopped regularly releasing deportation data, so experts instead are relying on other information from countries like El Salvador, deportation flights and other numbers.
The sharp increase in deportations “confirms a real hardening of the U.S. immigration system toward the region,” said César Ríos of AAMES.
The jump comes as Bukele, a tough-on-crime politician, has sought to align himself with U.S. President Donald Trump, and the U.S. government has lined up allies across Latin America to help him carry out his agenda. While Mexico and other Central American nations have quietly accepted deportees from third countries, Bukele has boldly embraced Trump’s efforts in Latin America.
In March 2025, Bukele most notably accepted 238 Venezuelan deportees accused of being members of the Venezuelan gang Tren de Aragua and locked them up in a mega-prison built for accused gang members in Bukele’s ongoing offensive on El Salvador’s gangs. The incident fueled widespread accusations of human rights abuses.
The geopolitical firestorm came after Trump’s government struck a deal with Bukele to accept what they described as transfer and imprisonment of foreign criminals to El Salvador. Under the agreement, El Salvador would receive $6 million from the U.S.
In April, the Trump administration mistakenly deported a Maryland resident and Salvadoran citizen Kilmar Abrego García with protected status in the U.S., becoming yet another legal and political flashpoint. Bukele originally refused to return Abrego García and denied accusations of beating and torture — which have been widely documented by human rights groups in Salvadoran prisons.
He was later returned to the U.S. in June to face charges that he helped bring immigrants to the U.S. illegally, something his lawyers call “baseless.” Abrego García has pleaded not guilty and asked a judge to dismiss his case as the U.S. Department of Homeland Security announced that it hoped to deport Abrego García to Liberia.
Even more recently, Bukele joined a coalition of other right-leaning Trump allies in a group of countries that Trump dubbed the Shield of the Americas, purportedly aimed at cracking down on criminal groups in Latin America, even though the two most essential countries in that effort — Mexico and Colombia — refused to attend.
Meanwhile, many migrants in the U.S. are turning their eyes on U.S. Supreme Court arguments as Trump seeks to stop shielding hundreds of thousands of migrants from Haiti and Syria, a decision many of the more than 200,000 Salvadoran migrants with temporary protections worry might eventually affect them.
Bukele has helped the U.S. with its immigration agenda even before Trump entered office.
In 2023, El Salvador’s government began to slap a $1,130 fee on travelers from dozens of countries connecting through the nation’s main airport, amid pressure from the Biden administration to help control the number of migrants moving toward the United States’ southern border. At the same time, migration from El Salvador, fueled by gang violence and poverty, dipped following Bukele’s contentious war on the gangs.
Analysts said that Bukele’s government used dips in migration as a bargaining chip to offset human rights criticisms by the U.S.
Las deportaciones de EE. UU. a El Salvador se duplican mientras Bukele se alinea con la agenda de Trump
SAN SALVADOR, El Salvador — El número de personas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos casi se duplicó en los primeros meses de 2026, según cifras oficiales, en un momento en que el presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha posicionado como un aliado dispuesto a ayudar al gobierno de Trump a acelerar las deportaciones, una prioridad central.
Estados Unidos deportó a 5,033 salvadoreños de regreso a su país en los primeros tres meses de 2026, en comparación con 2,547 deportados en el mismo período de 2025, de acuerdo con cifras de la autoridad migratoria de El Salvador obtenidas por The Associated Press el martes.
Esto representa un aumento de casi el 98 % al mismo tiempo que el gobierno de Trump ha incrementado los vuelos de deportación en todo el mundo. A nivel mundial, los vuelos de deportación desde EE. UU. aumentaron alrededor del 61 % entre 2024 y 2025, según datos recopilados por la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES) y otras organizaciones.
Estados Unidos ha dejado de publicar de forma regular los datos sobre deportaciones, por lo que los expertos se están basando en otra información de países como El Salvador, en los vuelos de deportación y en otras cifras.
El fuerte aumento en las deportaciones “confirma un verdadero endurecimiento del sistema migratorio estadounidense hacia la región”, dijo César Ríos, de AAMES.
El incremento se produce a medida que Bukele, un político de mano dura contra el crimen, ha buscado alinearse con el presidente estadounidense Donald Trump, y el gobierno de Estados Unidos ha conseguido aliados en toda América Latina para que le ayuden a llevar a cabo su agenda. Mientras que México y otras naciones centroamericanas han aceptado en silencio a deportados de terceros países, Bukele ha apoyado audazmente los esfuerzos de Trump en América Latina.
En el caso más destacado, en marzo de 2025, Bukele aceptó a 238 deportados venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y los encerró en una megacárcel construida para presuntos pandilleros en la actual ofensiva de Bukele contra las pandillas de El Salvador. El incidente avivó acusaciones generalizadas de abusos a los derechos humanos.
La tormenta geopolítica se desató después de que el gobierno de Trump llegara a un acuerdo con Bukele para aceptar lo que describieron como el traslado y encarcelamiento de delincuentes extranjeros en El Salvador. En virtud del acuerdo, El Salvador recibiría 6 millones de dólares de Estados Unidos.
En abril, el gobierno de Trump deportó por error a Kilmar Abrego García, un residente de Maryland y ciudadano salvadoreño con estatus de protección en Estados Unidos, lo cual se convirtió en otro foco de tensión legal y política. Bukele se negó originalmente a devolver a Abrego García y rechazó las acusaciones de golpizas y torturas, las cuales han sido ampliamente documentadas por grupos de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas.
Posteriormente, fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos por ayudar a ingresar inmigrantes al país de forma ilegal, algo que sus abogados califican de “infundado”. Abrego García se ha declarado inocente y ha pedido a un juez que desestime su caso al tiempo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaba que esperaba deportar a Abrego García a Liberia.
Aún más recientemente, Bukele se unió a una coalición de otros aliados de derecha de Trump en un grupo de países que Trump denominó el Escudo de las Américas, cuyo presunto objetivo es tomar medidas drásticas contra los grupos criminales en América Latina, a pesar de que los dos países más esenciales en ese esfuerzo —México y Colombia— se negaron a asistir.
Mientras tanto, muchos migrantes en Estados Unidos tienen los ojos puestos en los argumentos ante la Corte Suprema, a medida que Trump busca dejar de proteger a cientos de miles de migrantes de Haití y Siria, una decisión que muchos de los más de 200,000 migrantes salvadoreños con protecciones temporales temen que a la larga pueda afectarles.
Bukele ha ayudado a Estados Unidos con su agenda migratoria incluso desde antes de que Trump asumiera el cargo.
En 2023, el gobierno de El Salvador comenzó a imponer una tarifa de 1,130 dólares a los viajeros de decenas de países que hacían conexión a través del aeropuerto principal de la nación, en medio de las presiones del gobierno de Biden para que ayudara a controlar el número de migrantes que se dirigían hacia la frontera sur de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la migración desde El Salvador, impulsada por la violencia de las pandillas y la pobreza, disminuyó tras la polémica guerra de Bukele contra las pandillas.
Los analistas señalaron que el gobierno de Bukele utilizó las caídas en la migración como moneda de cambio para contrarrestar las críticas de Estados Unidos en materia de derechos humanos.