César Ríos, a representative of the Migrant Agenda Association El Salvador (AAMES), questioned the fact that recent discussions on the Salvadoran diaspora’s political representation in the Legislative Assembly are focusing solely on the number of lawmakers who could represent migrants, without delving into the needs and problems this population faces inside and outside the country.
Ríos noted that the real debate should not be limited to the number of seats for Salvadorans abroad, but rather what agenda those representatives will push and how they will address issues like labor migration, economic reintegration, productive investment, and territorial development.
According to AAMES, if the reforms related to diaspora representation do not incorporate proposals linked to local development, employment, investment, and support for returnees, there is a risk that migrants’ political participation will end up being purely symbolic, Ríos added.
Separately, Ríos warned that this debate is taking place in a context where deportations of Salvadorans from the United States continue to rise. According to official data from the General Directorate of Migration and Foreign Nationals (DGME), compiled by the association, over 5,350 Salvadorans were deported during the first quarter of 2026, while in the same period of 2025 the figure was around 2,800, representing a 90.2% increase.
In addition, the United States increased deportation flights to El Salvador by 24%, rising from 33 flights in the first quarter of 2025 to 41 in 2026. The report details that 94.1% of deportations originate from the United States.
Ríos stated that although legal migration pathways still exist, restrictions are increasing due to tighter immigration controls and the political weight the migration issue has taken on in the region.
A recent UNDP report indicates that between January 1, 2016, and December 1, 2024, more than 200,000 people were reportedly deported to El Salvador. Despite the deportations, 31.4% of Salvadorans say they intend to migrate in the next three years, according to the report.
Asociación Agenda Migrante advierte riesgo de que participación política de migrantes sea solo simbólica
K. Ventura
Cesar Rios, representante de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES) cuestionó que las recientes discusiones sobre representación política de la diáspora salvadoreña en la Asamblea Legislativa se estén centrando únicamente en la cantidad de diputados que podrían representar a los migrantes, sin profundizar en las necesidades y problemáticas que enfrenta esta población dentro y fuera del país.
Ríos señaló que el verdadero debate no debería limitarse al número de escaños para salvadoreños en el exterior, sino qué agenda impulsarán esos representantes y cómo responderán a temas como migración laboral, reintegración económica, inversión productiva y desarrollo territorial.
Según AAMES, si las reformas relacionadas con la representación de la diáspora no incorporan propuestas vinculadas al desarrollo local, empleo, inversión y atención a personas retornadas. Existe el riesgo de que la participación política de los migrantes termine siendo únicamente simbólica, agregó Rios.
Por otra parte, Rios advirtió que este debate ocurre en un contexto donde las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos continúan aumentando. Según datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), recopilados por la asociación, durante el primer trimestre de 2026 fueron deportados más de 5,350 salvadoreños, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra rondaba los 2,800, lo que representa un incremento del 90.2 %.
Además, Estados Unidos aumentó en un 24 % los vuelos de deportación hacia El Salvador, pasando de 33 vuelos en el primer trimestre de 2025 a 41 en 2026. El informe detalla que el 94.1 % de las deportaciones provienen de Estados Unidos.
Ríos afirmó que, aunque aún existen vías legales de migración, cada vez hay más restricciones debido al fortalecimiento de los controles migratorios y a la carga política que ha adquirido el tema migratorio en la región.
Un informe reciente del PNUD señala que entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de diciembre de 2024 más de 200 mil personas habrían sido deportadas hacia El Salvador. Pese a las deportaciones, el 31.4 % de los salvadoreños manifiesta intención de migrar en los próximos tres años, según el informe.