El Salvador is reforming its electoral system in fits and starts in the name of democracy, but the changes are advancing without public debate, without consulting civil society, and turning a deaf ear to the opposition’s positions. The two most recent reforms—the modification of the mechanism for electing electoral authorities and the creation of a constituency for Salvadorans abroad—reflect that contradiction and are one more piece of a system designed to favor the majority political force.
Since the Legislative Assembly acquired the power to amend the Constitution in a single legislative term, that exceptional power has been exercised systematically and in a single direction: to concentrate power and reduce checks and balances. Added to this dynamic are reforms to secondary laws that advance in the same direction. The reduction in the number of lawmakers raised the implicit threshold for representation, making it harder for minority parties to gain access. Even more significant was the replacement of the Hare method with the D’Hondt method for the proportional distribution of seats. Both are proportional systems, but they produce different results: Hare distributes the remainders in favor of small parties; D’Hondt accumulates them in favor of large ones. No proportional system is perfect, but the choice of which imperfection to accept clearly reveals the intent behind the decision.
The constituency for the diaspora deserves equal scrutiny. Politically representing the millions of Salvadorans abroad is a debt of democratic justice, but the legitimacy of the objective does not validate just any implementation design. The quality of the final outcome will depend on whether the number of lawmakers is appropriate, whether the distribution rules are fair, and whether the candidacy requirements guarantee that each legislator has material ties to the population they represent.
Electoral reforms designed to favor those in power are not uncommon, and at first they seem bold—until they yield unexpected results. The Hungarian case is the most eloquent warning. For years, Viktor Orbán redesigned every piece of the electoral system to guarantee his perpetuation: constituencies, financing, thresholds, and media. The system worked exactly as designed, until political conditions changed and those same rules began to work against him. Balances of power are temporary; institutions are not.
Constitutional and legal reforms affecting the electoral system should serve to strengthen democracy and, in that sense, be subjected to a broad process of deliberation, with real participation from civil society, independent experts, and minority political forces. The design for “de-partisanization” should entrust nominations to civil institutions under rigorous technical criteria. The overseas constituency should be built with and for the diaspora, not over it. The electoral reform process, as well as its final outcome, should serve to improve the way power is distributed and checks and balances are established in a democracy, and not to favor a dominant political actor, who will not always be the same.
Reformas, democracia y concentración del poder
Por La Prensa Gráfica
El Salvador está reformando, a pausas, su sistema electoral en nombre de la democracia, pero los cambios avanzan sin debate público, sin consulta a la sociedad civil y con oídos sordos ante las posturas de la oposición. Las dos reformas más recientes -la modificación del mecanismo de elección de las autoridades electorales y la creación de una circunscripción para salvadoreños en el exterior- reflejan esa contradicción y son una pieza más de un sistema ideado para favorecer a la fuerza política mayoritaria.
Desde que la Asamblea Legislativa adquirió la facultad de reformar la Constitución en una sola legislatura, ese poder excepcional ha sido ejercido de manera sistemática y en una sola dirección: concentrar poder y reducir contrapesos. A esa dinámica se suman reformas en leyes secundarias que avanzan en el mismo sentido. La reducción del número de diputados elevó el umbral implícito de representación, dificultando el acceso de partidos minoritarios. Más significativo aún fue el reemplazo del método Hare por el método D’Hondt para la distribución proporcional de escaños. Ambos son sistemas proporcionales, pero producen resultados distintos: Hare distribuye los restos a favor de los partidos pequeños; D’Hondt los acumula en favor de los grandes. Ningún sistema proporcional es perfecto, pero la elección de cuál imperfección asumir revela con claridad la intención de la decisión.
La circunscripción para la diáspora merece igual escrutinio. Representar políticamente a los millones de salvadoreños en el exterior es una deuda de justicia democrática, pero la legitimidad del objetivo no valida cualquier diseño de ejecución. La calidad del resultado final dependerá de que la cantidad de diputados sea la adecuada, de que las reglas de distribución sean justas y de que los requisitos de postulación garanticen que cada legislador tenga vínculos materiales con la población representada.
Las reformas electorales diseñadas para favorecer a quienes están en el poder no son una rareza y, en un primer momento, parecen audaces, hasta que arrojan resultados inesperados. El caso húngaro es la advertencia más elocuente. Viktor Orbán rediseñó durante años cada pieza del sistema electoral para garantizar su perpetuación: circunscripciones, financiamiento, umbrales y medios. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado, hasta que las condiciones políticas cambiaron y esas mismas reglas comenzaron a operar en su contra. Las correlaciones de fuerza son temporales; las instituciones, no.
Las reformas constitucionales y legales que afectan al sistema electoral deberían servir para fortalecer la democracia y, en tal sentido, someterse a un proceso de deliberación amplio, con participación real de la sociedad civil, expertos independientes y fuerzas políticas minoritarias. El diseño de la “despartidización” debería confiar las nominaciones a instituciones civiles bajo criterios técnicos rigurosos. La circunscripción exterior debería construirse con y para la diáspora, no sobre ella. El proceso de reforma electoral, así como su resultado final, debería servir para mejorar la forma en que, en democracia, se distribuye el poder y se establecen contrapesos, y no para favorecer a un actor político dominante, que no siempre será el mismo.