The General Directorate of Penal Centers (DGCP) refused to provide information on individuals detained under the state of exception who have died in Salvadoran prisons, arguing that all data contained in the Penitentiary Information System (SIPE) “is under seal.”
The institution began concealing SIPE data in 2021 and solidified this practice toward the end of that year, when even judges and lawyers lost access to the platform used to consult information on incarcerated individuals and prison transfers. However, in its response to a data request filed by LA PRENSA GRÁFICA in April of this year, the institution did not specify whether the refusal to release the data corresponded to that seal.
The request sought data on deaths from March 27, 2022, to April 30, 2026, broken down by the deceased’s profile, cause of death, legal status, prison, farm, or penitentiary center, and timing of the incident.
In its response, the prison authority primarily cited the classification of penitentiary records as under seal and the powers of the Public Information Access Unit (UAIP), stating that this involves information under seal for seven years—without specifying from when or until when—and that the law therefore allows it to withhold statistical data.
The DGCP cited Article 27, paragraph three of the Constitution, which states that “the State must organize penitentiary centers with the objective of correcting offenders, educating them, and instilling work habits for their rehabilitation,” and linked this to the need to keep the registry of the incarcerated population contained in the SIPE under seal.
Since 2021, the prison authority has also concealed other types of information related to the penitentiary system, including installed capacity in prisons, information on rehabilitation programs, prison statistics, and data related to prison overcrowding.
The lack of data on incarcerated individuals has been denounced by family members, lawyers, and local and international organizations since the implementation of the state of exception. All have pointed out limitations in accessing official data on arrests, prison conditions, deaths in state custody, and investigations related to these cases.
Organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch (HRW) have emphasized the lack of transparency surrounding the state of exception. In addition, local organizations have documented deaths in prisons that occurred in that context, some even showing signs of violence. The organization Legal Humanitarian Aid has documented 523 deaths from March 2022 to the first week of May 2026.
Penales reserva por siete años los datos de reos fallecidos en el régimen de excepción de El Salvador
Por Laura Jordán
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) se negó a entregar información sobre personas detenidas en el contexto del régimen de excepción que han fallecido en las cárceles salvadoreñas, argumentado que toda los datos contenidos en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) “son reservados”.
La institución comenzó a ocultar los datos del SIPE desde 2021 y lo consolidó hacia finales de ese año, cuando incluso jueces y abogados dejaron de tener acceso a la plataforma utilizada para consultar información sobre personas privadas de libertad y movimientos penitenciarios. Sin embargo, en la resolución a una solicitud de datos realizada por LA PRENSA GRÁFICA en abril de este año, la institución no especificó si la negativa de entregarlos corresponden a dicha reserva.
En la petición se requerían los datos de fallecidos desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de abril de 2026, desagregados por perfil del fallecido, causa de muerte, situación jurídica, cárcel, granja o centro penitenciario y temporalidad del hecho.
En la resolución, Penales argumentó principalmente la clasificación de reserva de los registros penitenciarios y las competencias de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), indicando que se trata de información reservada por siete años, sin especificar desde y hasta cuándo, y que por ello la ley le permite no entregar datos estadísticos.
La DGCP citó el artículo, 27 inciso tercero de la Constitución, el cual establece que “el Estado debe organizar los centros penitenciarios con el objetivo de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo para su readaptación” y lo vinculó con la necesidad de mantener bajo reserva el registro de la población privada de libertad contenido en el SIPE.
Desde 2021, Penales también ha ocultado otro tipo de información vinculada al sistema penitenciario, incluida la capacidad instalada en las cárceles, información sobre programas de rehabilitación, estadísticas penitenciarias y datos relacionados con el hacinamiento carcelario.
La falta de datos sobre privados de libertad ha sido denunciado por familiares, abogados y organismos locales y externos desde la aplicación del régimen de excepción. Todos han señalado limitaciones para conocer datos oficiales sobre capturas, condiciones carcelarias, fallecimientos bajo custodia estatal e investigaciones vinculadas a estos casos.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han enfatizado la falta de transparencia en torno al régimen de excepción. Sumado a ello, organizaciones del país han documentado muertes en las prisiones ocurridas bajo ese contexto, algunas incluso con signos de violencia. La organización Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 523 muertes desde marzo de 2022 a la primera semana de mayo de 2026.