Constitutional reforms related to the political representation of Salvadorans abroad have raised questions among members of the diaspora, who believe that while the right to political participation has been a historic demand, the changes are being pushed in a context of weakening democracy in El Salvador.
In late April, the Legislative Assembly approved a reform to Article 79 of the Constitution to allow Salvadorans abroad to elect their own lawmakers and have direct representation.
Oscar Landaverde, a retired Salvadoran diplomat, pointed out that the main problem is not the recognition of representation for the diaspora, but rather that the reform is taking place “in the midst of a regime that does not respect the rule of law or the Constitution.” He stated there is concern that future electoral districts will end up serving political interests rather than the real needs of those living outside the country.
Landaverde also defended the diaspora’s right to participate in the country’s political decisions, arguing that the Constitution makes no distinction between citizens residing inside or outside the national territory. He also noted that Salvadorans abroad face their own unique issues, such as deportations and uncertainty over TPS in the United States.
Having representatives in the Legislative Assembly, he said, would make it possible to demand answers and action on immigration issues that directly affect thousands of Salvadoran families.
He also recalled that other countries, such as Ecuador, the Dominican Republic, Colombia, and Italy, already have legislative representation for their citizens abroad. However, he insisted that the current concern lies in the political and institutional conditions under which this reform is meant to be implemented in El Salvador.
Cuestionan reforma constitucional sobre representación de la diáspora por falta de democracia en El Salvador
Por: K. Ventura
Las reformas a la Constitución relacionadas con la representación política de salvadoreños en el exterior han generado cuestionamientos entre integrantes de la diáspora, quienes consideran que, aunque el derecho a participar políticamente ha sido una demanda histórica, los cambios se impulsan en un contexto de debilitamiento democrático en El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó a finales de abril una reforma al artículo 79 de la Constitución para permitir que salvadoreños en el exterior elijan sus propios diputados y tenga representación directa.
Oscar Landaverde, exdiplomático salvadoreño en calidad de retiro, señaló que el principal problema no es el reconocimiento de representación para la diáspora, sino que la reforma se desarrolla “en medio de un régimen que no respeta el estado de derecho, ni la Constitución”. Según afirmó, existe preocupación de que las futuras circunscripciones electorales terminen respondiendo a intereses políticos y no a las necesidades reales de quienes viven fuera del país.
Landaverde, defendió además el derecho de la diáspora a participar en las decisiones políticas del país, argumentando que la Constitución no establece diferencias entre ciudadanos que residen dentro o fuera del territorio nacional. También señaló que los salvadoreños en el exterior enfrentan problemáticas propias, como deportaciones y la incertidumbre sobre el TPS en Estados Unidos.
Según expresó, contar con representantes en la Asamblea Legislativa permitiría exigir respuestas y acciones frente a temas migratorios que afectan directamente a miles de familias salvadoreñas.
Asimismo, recordó que otros países como Ecuador, República Dominicana, Colombia e Italia ya cuentan con representación legislativa para sus ciudadanos en el extranjero. Sin embargo, insistió en que la preocupación actual radica en las condiciones políticas e institucionales bajo las que se pretende implementar esta reforma en El Salvador.