Faculty and researchers at the University of El Salvador (UES) raised alarms about potential privatization processes in key sectors such as education, health care, and water resources, stemming from the proposed Public-Private Partnerships Law currently under discussion in the Legislative Assembly.
María Inés Dávila and Rafael Paz Narváez—faculty, researchers, and members of the University Movement for Critical Thought—pointed out that the current Public-Private Partnerships regulations, approved in 2013, established clear limits on private-sector participation in essential services.
Dávila highlighted that the current regulations exclude public education, health care—including the Salvadoran Social Security Institute—and the management of water resources, which are all considered essential responsibilities of the State.
However, she warned that the new proposal eliminates these restrictions, which would allow the participation of private companies in ways that put the population’s fundamental rights at risk.
In the case of higher education, both María Inés Dávila and Rafael Paz Narváez cautioned that the potential introduction of private investment could affect free tuition and access to the university, which currently benefits nearly 50,000 students.
Likewise, Paz Narváez raised concerns about risks to university autonomy, which is constitutionally recognized, as well as to academic freedom in teaching and research.
Dávila and Narváez expressed concern about the impact on educational quality, arguing that a profit-driven logic could weaken the purposes of education established in the Constitution, such as democratic education, respect for human rights, and social inclusion.
María Inés Dávila and Rafael Paz Narváez—faculty, researchers, and members of the University Movement for Critical Thought—called for a broad national debate on the implications of this law, especially in sectors that have historically been considered fundamental rights rather than services subject to the market.
Docentes e investigadores de la UES advierten riesgos de privatización en sectores clave
Docentes e investigadores de la Universidad de El Salvador (UES) alertaron sobre posibles procesos de privatización en sectores clave como la educación, la salud y los recursos hídricos, a raíz de la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas que se discute en la Asamblea Legislativa.
María Inés Dávila y Rafael Paz Narváez docentes, investigadores y miembros del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, señalaron que la normativa actual de Asocios Público Privados, aprobada en 2013, establecía límites claros a la participación privada en servicios fundamentales.
Dávila destacó en la actual normativa la exclusión de la educación pública, la salud —incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social— y la gestión de recursos hídricos, considerados responsabilidades esenciales del Estado.
Sin embargo,, advirtió que la nueva propuesta elimina estas restricciones, lo que permitiría la participación de empresas privadas que ponen en riesgo derechos fundamentales de la población.
En el caso de la educación superior, tanto María Inés Dávila como Rafael Paz Narváez advirtieron que la posible incorporación de inversión privada podría afectar la gratuidad y el acceso a la universidad, que actualmente beneficia a cerca de 50 mil estudiantes.
Asimismo, Paz Narváez alertó sobre riesgos a la autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente, y a la libertad de cátedra e investigación.
Dávila y Narváez manifestaron preocupación por el impacto en la calidad educativa, al considerar que una lógica de lucro podría debilitar los fines de la educación establecidos en la Constitución, como la formación democrática, el respeto a los derechos humanos y la inclusión social.
María Inés Dávila y Rafael Paz Narváez docentes, investigadores y miembros del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico hicieron un llamado a abrir un debate amplio como país sobre las implicaciones de esta ley, especialmente en sectores que históricamente han sido considerados derechos fundamentales y no servicios sujetos al mercado.