The Institute for Access to Public Information (IAIP), the body charged with ensuring citizens can access information from state institutions, has gone more than a year without publishing its own data on the transparency portal, as required by current law.
Article 10 of the Access to Public Information Law (LAIP), the statute that governs the institution, establishes that obligated entities must update and proactively disclose — without the need for an external request — a list of 25 records, including the institution’s budget, salaries, a directory of officials, travel expenses, annual reports, accounting statements, a list of advisors, and meeting minutes, among others.
However, a review of the transparency portal of the institution tasked with enforcing LAIP compliance shows that the information listed above is outdated, with the most recent records dating to January 2025 and, in some cases, 2024.
This makes it impossible to know, for example, how the institution has spent its budget over the past year, since the last update to related documents was made on January 31, 2025, and contains data through December 2024.
Nor is it possible to know how many trips its officials have taken during that period, since the last available record was updated in January 2024, with data from December 2023.
Meanwhile, regarding the collegiate body’s minutes, the last published document is dated January 29, 2025, and is an explanatory note stating that the minutes for October, November, and December 2024 were in the process of being signed, which is why they had not been published as of that date. A year and three months later, the documents still do not appear on the portal.
All of this contradicts the institution’s own guidelines. On April 21, the IAIP posted on its X account that it had provided virtual training to staff from El Salvador’s Adoption Office on the fundamentals of the LAIP “and its application to strengthen compliance with this right.”
In that post, the workshop presentation can be seen to include the topic “deadlines for updating proactive disclosure information.”
On this point, it notes that, pursuant to Article 11 of the LAIP Regulations:
“Obligated institutions must present proactive disclosure information in full and must update it at least on a quarterly basis.”
The IAIP’s failure to comply with its own proactive disclosure obligations adds to the setbacks identified by Acción Ciudadana regarding the IAIP’s role as guarantor of the right to access information. According to a performance monitoring report published by the organization in July 2025, the Institute resolved only 35% of the cases filed in 2024, and only 11% of rulings were in favor of citizens.
Additionally, Acción Ciudadana noted that the information provided by the IAIP regarding its rulings had also been delivered incomplete, compared to what was presented in previous years.
“Acción Ciudadana maintains a red flag over the risks stemming from the IAIP’s performance, as its conduct favors opaque management of public affairs and does not guarantee (…) the right of access to information.”
Acción Ciudadana, IAIP Performance Monitoring Report 2025.
LA PRENSA GRÁFICA attempted to reach the IAIP by phone to request an interview, but as of the publication of this article, there had been no response.
Instituto de Acceso a la Información tiene más de un año sin publicar sus propios registros en portal de transparencia
Por Claudia Palacios
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el ente encargado de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la información de las instituciones del Estado, tiene más de un año de no publicar sus propios datos en el portal de transparencia, como lo obliga la legislación vigente.
El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la norma que rige a la institución, establece que los sujetos obligados deben actualizar y divulgar de oficio -sin necesidad de petición externa- un listado de 25 registros, entre los que se incluye el presupuesto de la institución, las remuneraciones, el directorio de funcionarios, uso de viáticos, memorias de labores, informes contables, listado de asesores y actas de reunión, entre otros.
Sin embargo, al revisar el portal de transparencia de la institución que debe velar por el cumplimiento de la LAIP, se puede verificar que la información anteriormente listada se encuentra desactualizada, con los últimos registros hasta enero de 2025 y, en algunos casos, 2024.
Esto impide conocer, por ejemplo, cómo ha usado su presupuesto la institución durante más de un año, pues la última actualización de los documentos relacionados se hizo el 31 de enero de 2025, y contiene datos hasta diciembre de 2024.
Tampoco se puede saber cuántos viajes han realizado sus funcionarios en ese periodo, ya que el último dato disponible se actualizó en enero de 2024, con datos de diciembre de 2023.
Mientras, en el caso de las actas del organismo colegiado, el último documento publicado data del 29 de enero de 2025 y es una nota aclaratoria, en la cual se señala que las actas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024, se encuentran en proceso de recolección de firmas, razón por la cual no se habrían publicado hasta esa fecha. Un año y tres meses después, los documentos siguen sin aparecer en el portal.
Lo anterior contradice las directrices de la propia institución. El 21 de abril pasado el IAIP hizo una publicación en su cuenta de X, informando que brindó una capacitación virtual a personal de la Oficina de Adopciones de El Salvador sobre los fundamentos de la LAIP “y su aplicación para fortalecer el cumplimiento de este derecho”.
En esa publicación, se puede observar que, en la presentación del taller, se incluyó el tema “plazos de actualización de información oficiosa”.
Al respecto, se señala que, conforme el artículo 11 del Reglamento de la LAIP:
“Las instituciones obligadas deberán presentar la información oficiosa de forma completa y deberán actualizarla como mínimo de manera trimestral”.
El incumplimiento del IAIP con respecto a su propia información oficiosa se suma a los retrocesos señalados por Acción Ciudadana con respecto al rol del IAIP como garante del derecho al acceso a la información. Según un monitoreo de desempeño publicado en julio de 2025 por la organización, en 2024, el Instituto resolvió solo el 35% de los casos ingresados, y solo el 11 % de las resoluciones fueron a favor de la ciudadanía.
Por otro lado, Acción Ciudadana señaló que la información brindada por el IAIP con respecto a sus resoluciones también se había entregado incompleta, en comparación con la presentada en años anteriores.
“Acción Ciudadana mantiene bandera roja sobre los riesgos derivados del desempeño del IAIP ya que su proceder favorece una gestión opaca de la cosa pública y no garantiza (…) el derecho de acceso a la información”.
Acción Ciudadana, monitoreo de desempeño del IAIP 2025.
LA PRENSA GRÁFICA intentó comunicarse al teléfono del IAIP para obtener una entrevista, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.