The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) warned on Tuesday that the penal reforms enabling life sentences for minors in El Salvador are “incompatible” with international jurisprudence.

In a statement, the regional body held that “the imposition of life imprisonment on children and adolescents is incompatible with Inter-American jurisprudence, as it is disproportionate to the rehabilitative purpose of the penalty.”

El Salvador’s Legislative Assembly, at the request of President Nayib Bukele’s government, ratified a constitutional reform on March 26 that enables life sentences for rape, homicide, and membership in terrorist groups or gangs.

It also approved a series of reforms to the Penal Code, the Juvenile Penal Law, and other secondary legislation, thereby enabling life sentences to be applied to minors under 18 as well.

However, in the decree approved to include minors under this penalty, Congress stated that it “maintains its compatibility with international constitutional standards on children’s rights by establishing mandatory sentence review as provided for in the Penal Code, guaranteeing periodic evaluation.”

The IACHR also noted that the application of life sentences in El Salvador, “in a context where the right to a defense has been suspended, could seriously compromise due process when imposing penalties of maximum severity.”

This was in reference to the suspension of constitutional guarantees in effect in the country since March 2022 through a state of exception, which was approved to combat gangs but which, according to complaints from various humanitarian organizations, has led to human rights violations.

In the IACHR’s view, there has been an “excessive and undue prolongation of the state of exception,” and it called on the State of El Salvador “to put an end to the continued use of this measure as part of its security policy to combat organized crime and common crime.”

It reported that more than 91,500 people have been detained, bringing the total prison population to around 130,000, while more than 500 people have died in state custody.

The state of exception is the most popular measure of the Bukele government and earned him immediate reelection in 2024, despite the constitutional prohibition in effect at the time, and the executive branch attributes the sharp reduction in homicides and gang violence to it.

However, investigative reporting by local outlet El Faro indicates that the series of murders that claimed the lives of some 87 people over a weekend — which prompted the approval of the state of exception — occurred after the breakdown of a pact between the government and the gangs, accusations that authorities have rejected.

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacionales/cadena-perpetua-a-menores-salvadorenos-es-incompatible-con-jurisprudencia-segun-cidh/71827/2026/

Cadena perpetua a menores salvadoreños es incompatible con jurisprudencia, según CIDH

Por EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este martes que las reformas penales que habilitan la cadena perpetua contra menores de edad en El Salvador es «incompatible» con la jurisprudencia internacional.

El organismo regional sostuvo en un comunicado que «la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena».

La Asamblea Legislativa de El Salvador, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ratificó el pasado 26 de marzo una reforma constitucional que habilita la pena perpetua para casos de violación, homicidio y pertenencia a grupos terroristas o de pandillas.

También aprobó una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil y otras normas secundarias, con lo que la cadena perpetua quedó habilitada para aplicarse también a menores de 18 años.

Sin embargo, en el decreto aprobado para incluir a los menores de edad en esta pena el Congreso afirmó que «mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a lo dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica».

La CIDH apuntó también que la aplicación de la cadena perpetua en El Salvador, «en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad».

Esto en referencia a la suspensión de garantías constitucionales vigente en el país desde marzo de 2022 mediante un régimen de excepción, que fue aprobado para combatir a las pandillas pero que, según denuncias de diversas organizaciones humanitarias, ha derivado en violaciones a derechos humanos.

A juicio de la CIDH se ha dado una «prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción», por lo que llamó al Estado de El Salvador «a poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común».

Indicó que son más de 91.500 personas detenidas, con lo que la población total encarcelada rondaría las 130.000, mientras que suman más de 500 personas fallecidas en custodia del Estado.

El régimen de excepción es la medida más popular del Gobierno de Bukele y le granjeó su reelección inmediata en 2024, a pesar de la prohibición constitucional vigente en ese momento, y el Ejecutivo le atribuye la marcada reducción de los homicidios y violencia de las pandillas.

Sin embargo, investigaciones periodísticas del medio local El Faro apuntan que la serie de asesinatos que se cobró la vida de unas 87 personas en un fin de semana que dio pie a la aprobación del régimen se dio tras la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas, acusaciones que las autoridades han rechazado.

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacionales/cadena-perpetua-a-menores-salvadorenos-es-incompatible-con-jurisprudencia-segun-cidh/71827/2026/