Skeletal remains and clandestine graves discovered nationwide over the past five years do not appear in any subject-specific reports from the Attorney General’s Office (FGR), according to the institution’s Document Administration and Statistics Unit, which responded to a public information request filed by LA PRENSA GRÁFICA.
“We are dealing with information that has not been generated; there is no document or report containing specifically what was requested — in that sense, the document is nonexistent,” the Attorney General’s Document Administration and Statistics Unit stated in the resolution it delivered to this news outlet, after being asked for a statistical report on skeletal remains and clandestine graves found from January 2021 through February 2026, at the national level.
The Attorney General’s Office based its response on prior rulings by the Institute for Access to Public Information (IAIP), which establish that “a valid ground for nonexistence is that the respective document was never generated.” It thus stated that it cannot provide what it has not previously produced in its routine statistics and that “the law does not require it to create new databases to satisfy specific requests.”
The sealing of information linked to violence in the country took hold starting in March 2022, in the context of the state of exception. Institutions such as the police, the Forensic Medicine Institute, and the Attorney General’s Office began restricting access to data on homicides, femicides, disappearances, and the discovery of victims. Some of these records were even classified with seal periods extending through 2029.
This classification has been challenged by organizations working with families of disappearance victims and by international human rights bodies, who point out that keeping information under seal prevents case follow-up and even prosecution. The last consolidated public figure on disappearances dates to June 2022, when 2,397 active cases were reported as of that date.
Regarding this restriction, one of the organizations working on these cases called the institutions’ concealment of the data unnecessary and noted that they have even filed petitions with the IAIP to have the seal declared void, but to date the only response they have received has been an acknowledgment that the petition was accepted.
“[The nonexistence] means that, even though there have been clandestine cemeteries and graves that have been excavated and where remains have also been found, the institution says that this record does not exist, which is truly regrettable. There should be a public, modern, and accessible registry because it is in the families’ interest. Yet there continues to be a weak institutional framework that fails to meet all of the victims’ demands and that unfortunately fosters impunity,” said the organization’s spokesperson, who requested anonymity to avoid future reprisals.
Hampering progress
The organizations said that lacking access to this information limits case follow-up and makes it difficult to learn of any progress in investigations. The Search Bloc for Missing Persons has previously stated that this practice also reduces the possibility of prosecution, noting that in its records, out of 56 cases, only one has been brought to court.
Victims’ families have also reported difficulties obtaining any other type of information related to disappearances from institutions such as the Attorney General’s Office, the police, and the Forensic Medicine Institute, denouncing the invisibilization of these crimes.
Complaints about the lack of transparency began in 2019 but have intensified under the state of exception. Organizations and families have indicated that, despite the arrests of alleged gang members carried out under the measure, no information has yet been generated on the whereabouts of victims or the discovery of clandestine graves.
According to a 2023 report by the Foundation for the Study of the Application of Law (FESPAD), between 2014 and 2019 authorities received approximately 22,000 missing-person reports, most of them linked to gang violence in El Salvador.
The same organization also documented that as of June 2021 there were 2,170 open disappearance cases — that is, cases in which the victim’s whereabouts, whether alive or dead, had not been determined. Starting in 2022, authorities no longer specified how many cases remained under investigation, as the data were declared under seal.
One of the cases that was resolved was that of siblings Karen and Eduardo Guerrero Toledo. Both disappeared in September 2021 and were found months later in a clandestine cemetery on the Suiza estate in Nuevo Cuscatlán. Authorities determined that the “Tecla Locos Salvatruchos” clique was responsible for the crime and convicted several of its members.
Sin registro oficial de osamentas y fosas desde 2021
Por Laura Jordán
Las osamentas y fosas clandestinas encontradas en los últimos cinco años a nivel nacional no aparecen en reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) específicos sobre el tema, detalló la Unidad de Administración Documental y Estadística de la institución, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por LA PRENSA GRÁFICA.
“Estamos en presencia de información que no se encuentra generada, no se cuenta con un documento o reporte que contenga de forma específica lo solicitado, en ese sentido, el documento es inexistente”, indicó la Unidad de Administración Documental y Estadística de la Fiscalía en la resolución que entregó a este medio, tras requerirle un informe estadístico de las osamentas y fosas clandestinas encontradas desde enero de 2021 hasta febrero de 2026, a escala nacional.
La Fiscalía fundamentó su respuesta en resoluciones previas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), las cuales establecen que “una causal válida de inexistencia es que el documento respectivo nunca se haya generado”. Así, refirió que no puede entregar lo que no ha producido previamente en sus estadísticas habituales y que “la ley no le exige crear bases de datos nuevas para satisfacer peticiones específicas”.
La reserva de información vinculada con violencia en el país se consolidó a partir de marzo de 2022, en el contexto del régimen de excepción. Instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía comenzaron a limitar el acceso a datos relacionados con homicidios, feminicidios, desapariciones y hallazgos de víctimas. Incluso algunos de estos fueron clasificados con plazos de reserva que se extienden hasta 2029.
Esta clasificación ha sido cuestionada por organizaciones que trabajan con familiares de víctimas de desapariciones y organismos internacionales defensores de derechos humanos, señalando que la reserva impide darle seguimiento a los casos e, incluso, judicializarlos. La última cifra pública consolidada de desapariciones es de junio de 2022, cuando se conoció de 2,397 casos activos hasta esa fecha.
Respecto a esta limitante, una de las organizaciones que trabaja con estos casos consideró innecesario que las instituciones oculten estos datos y señaló que incluso han presentado solicitudes para declarar nula la reserva ante el IAIP, pero hasta la fecha no han tenido otra respuesta más que la de la admisión de la petición.
“(La inexistencia) significa que, aunque ha habido cementerios y fosas clandestinas que se han intervenido y en donde también se han encontrado restos, la institución dice que no existe ese registro, lo cual es realmente lamentable. Debería haber un registro público, moderno y accesible porque es de interés de las familias. Sin embargo, sigue habiendo una institucionalidad débil, que no logra responder todas las demandas de las víctimas y que lamentablemente favorece la impunidad”, sostuvo la vocera de la organización, quien pidió el anonimato para evitar represalias en el futuro.
Dificulta avances
Las organizaciones consideraron que el no tener acceso a esta información limita el seguimiento de los casos y dificulta conocer avances en las investigaciones. El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha indicado anteriormente que esta práctica, además, reduce la posibilidad de judicialización, detallando que en sus registros, de 56 casos, solo uno ha sido llevado a tribunales.
Familiares de las víctimas también han reportado dificultades para obtener cualquier otro tipo de información relacionada con las desapariciones en instituciones como la Fiscalía, la Policía y el Instituto de Medicina Legal, denunciando la invisibilización de estos delitos.
Los señalamientos por falta de transparencia comenzaron en 2019, pero se han intensificado con el régimen de excepción. Organizaciones y familiares han indicado que, pese a las capturas de supuestos pandilleros realizadas durante la medida, todavía no se ha generado información sobre la ubicación de víctimas o el hallazgo de fosas clandestinas.
Según un informe de 2023 de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre los años 2014 y 2019 las autoridades recibieron un aproximado de 22,000 denuncias de personas desaparecidas, la mayoría de ellas correspondientes a la violencia generada por las pandillas en El Salvador.
Dicha organización también documentó que hasta junio de 2021 se reportaban 2,170 casos abiertos de desapariciones, es decir, procesos donde no se había dado con el paradero de la víctima, ya sea vivo o muerto. A partir de 2022 las autoridades ya no especificaron cuántos casos seguían en investigación, pues los datos se declararon bajo reserva.
Uno de los casos que sí logró resolverse fue el de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo. Ambos desaparecieron en septiembre de 2021 y fueron encontrados meses después en un cementerio clandestino de la finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán. Las autoridades determinaron que la clica “Tecla Locos Salvatruchos” fue la responsable del delito y condenó a varios de sus miembros.