In 2025, El Salvador improved its budget transparency index compared to the previous year, but it remains the worst-evaluated country in the region on this measure, according to the results of the latest Open Budget Survey by the Open Budget Partnership.
The survey, considered the world’s most comprehensive assessment of fiscal transparency, measures public access to information on how the central government collects and spends public resources, the level of budget oversight, and citizen participation throughout the process of drafting and executing the planning instrument.
On budget transparency, El Salvador scored 36 out of 100, eleven points above the 25 out of 100 it obtained the previous year. Despite the improvement, the country remains below the rest of the region, including Nicaragua, which scored 50 out of 100, and Honduras, which scored 62.
According to the assessment, in 2025 El Salvador improved by presenting the government’s general budget proposal publicly and on time—a document that was not disclosed in a timely manner for the 2024 budget. However, the country reduced the availability of other information that had previously been published on time, such as the budget policy, which at the implementation stage was shared only internally.
“Government budget decisions—what taxes to collect, what services to provide, and how much debt to take on—have important consequences for all of society. When governments provide information and effective channels for citizens to participate in these decisions, we can better ensure that public money is spent in the public interest,” the document states.
On budget oversight, the country scored 59 out of 100. The analysis indicates that the Legislative Assembly and the Court of Accounts of the Republic exercise limited control over the budget.
The organization finds that lawmakers oversee the budget during the approval process, but this oversight role diminishes in the subsequent execution stage. Meanwhile, the Court of Accounts has consistently failed to produce a budget execution audit report that meets international standards, and since 2024 it has stopped publishing the results of its audits.
In this regard, the Open Budget Partnership recommends that an independent agency conduct a review of the Court’s audit processes to ensure their quality. It also notes that a legislative committee should request the budget execution audit report from the Court and publish a report with its findings online.
Finally, citizen participation throughout the entire budget process is the lowest indicator of all: the country scored just 7 out of 100, tying in this case with Nicaragua, which also received that score.
This aspect evaluates the extent to which governments offer opportunities for public participation at the various stages of the budget process, from formulation to oversight of the use of funds. The score is due to the fact that the government does not have these types of civil society participation mechanisms at any of the stages.
El Salvador se mantiene como el país con peor transparencia presupuestaria en la región
Por Claudia Palacios
En el 2025 El Salvador mejoró el índice de transparencia de su presupuesto con respecto al año anterior, pero se mantiene como el país de la región peor evaluado en la materia, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de presupuesto abierto de la Open Budget Partnership.
La encuesta, considerada la evaluación más completa del mundo sobre transparencia fiscal, mide el acceso público a la información sobre cómo el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos, el nivel de supervisión del presupuesto y la participación ciudadana a lo largo del proceso de formulación y ejecución del instrumento de planificación.
En cuanto a la transparencia del presupuesto, El Salvador obtuvo un punteo de 36 sobre 100, once puntos arriba de los 25 sobre 100 obtenidos el año anterior. Pese a la mejoría, el país se mantiene por debajo de los demás en la región, incluyendo Nicaragua, que obtuvo un puntaje de 50 sobre 100 y Honduras que obtuvo 62.
De acuerdo con la evaluación, en el 2025 El Salvador mejoró al presentar a tiempo y públicamente la propuesta de presupuesto general del Gobierno, documento que no se transparentó oportunamente en el caso del presupuesto 2024. Sin embargo, por otro lado, el país disminuyó la disponibilidad de otra información que antes era publicada a tiempo, como la política presupuestaria, que en el momento de implementación se compartió de forma interna únicamente.
“Las decisiones presupuestarias del Gobierno —qué impuestos recaudar, qué servicios prestar y cuánta deuda contraer— tienen consecuencias importantes para toda la sociedad. Cuando los gobiernos proporcionan información y canales efectivos para que la ciudadanía participe en estas decisiones, podemos garantizar mejor que el dinero público se gaste en beneficio del interés público”, dice el documento.
En materia de la supervisión del presupuesto, el país obtuvo un punteo de 59 sobre 100. El análisis indica que la Asamblea y la Corte de Cuentas de la República ejercen un control limitado sobre el presupuesto.
La organización considera que los diputados supervisan el presupuesto durante el proceso de aprobación, pero este rol de fiscalización disminuye en la etapa de ejecución posterior. Mientras, la Corte de Cuentas ha incumplido siempre con el informe de auditoría de la ejecución del presupuesto bajo estándares internacionales y desde 2024 ha dejado de publicar los resultados de sus auditorías.
En ese sentido, la Open Budget Partnership recomienda que una agencia independiente pueda realizar una revisión de los procesos de auditoría de la Corte para garantizar su calidad. Así mismo señala que un comité legislativo debería solicitar el informe de auditoría de la ejecución del presupuesto a la Corte y publicar un informe con sus conclusiones en línea.
Por último, la participación ciudadana en todo el proceso presupuestario es el indicador más bajo de todos: el país apenas obtuvo un puntaje de 7 sobre 100, empatando en este caso con Nicaragua, que también obtuvo esa cifra.
Este aspecto evalúa en qué medida los gobiernos ofrecen oportunidades para la participación pública en las distintas etapas del proceso presupuestario, desde la formulación hasta la supervisión del uso de fondos. El puntaje se debe a que el Gobierno no cuenta con este tipo de mecanismos de participación de la sociedad civil en ninguna de las etapas.