The departure of human rights defenders and union leaders from El Salvador is starting to set a trend that raises concerns and highlights the growing impact of a climate of persecution, surveillance, and harassment reported by various organizations and social movements.
According to Rafael Paz Narváez, a professor and member of the University Movement for Critical Thought, recent months have seen an “escalating crackdown” that has forced some leaders to leave the country as a protective measure against possible arrests.
The Movement for the Defense of Working-Class Rights (MDCT) reported in a statement that union leader Erick Zelaya left the country under duress due to police surveillance and harassment.
As Narváez explained, this is not an isolated incident. Cases involving defenders and unionists who have reported police harassment point to a pattern that appears to be directly affecting the exercise of rights defense and social organizing.
Narváez noted that this situation is creating profound consequences, including the weakening of social movements, a reduction in critical voices, and a direct impact on the defense of labor and human rights in the country.
He also warned that the current context appears to be limiting guarantees for the safe return of these individuals, which heightens concerns about respect for the rule of law and fundamental freedoms.
Likewise, he added that this scenario could influence citizen participation and the organizing capacity of various sectors, at a time when high-impact reforms and public policies are being discussed.
Persecución a defensores impacta en defensa de derechos laborales y humanos
Por K. Ventura
La salida de defensores de derechos humanos y líderes sindicales de El Salvador comienza a marcar una tendencia que genera preocupación y un creciente impacto del clima de persecución, vigilancia y hostigamiento que denuncian distintas organizaciones y movimientos sociales.
De acuerdo con Rafael Paz Narváez, docente y miembro del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, en los últimos meses se ha registrado una “escalada represiva” que ha obligado a algunos dirigentes a abandonar el país como medida de protección ante posibles capturas.
El Movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora (MDCT), denunció a través de un comunicado que el dirigente sindical, Erick Zelaya, salió del país de manera forzada debido a acciones de vigilancia y hostigamiento policial.
Según explicó Narváez, este no es un hecho aislado. Casos como el de defensores y sindicalistas que han denunciado acoso policial evidencian un patrón que estaría afectando directamente el ejercicio de la defensa de derechos y la organización social.
Narváez señaló que esta situación genera consecuencias profundas, entre ellas el debilitamiento de los movimientos sociales, la reducción de voces críticas y un impacto directo en la defensa de derechos laborales y humanos en el país.
Además, advirtió que el contexto actual estaría limitando las garantías para el retorno seguro de estas personas, lo que incrementa la preocupación sobre el respeto al Estado de derecho y las libertades fundamentales.
Así mismo, agregó que este escenario podría incidir en la participación ciudadana y en la capacidad de organización de distintos sectores, en un momento en que se discuten reformas y políticas públicas de alto impacto.