The ruling party lost its composure over the report on the state of exception, prepared by five international jurists and presented before the Inter-American Commission on Human Rights. The experts’ conclusion is blunt: crimes against humanity have been committed under the state of exception. This accusation could land those responsible in the dock at the International Criminal Court, through which several notorious dictators have already passed.

Added to these accusations is one from the Spanish newspaper El País, which states that more than 33,000 people detained under the state of exception aren’t considered gang members—meaning more than a third of those imprisoned are innocent. They’re being held not because they’re guilty, but rather they’re deemed guilty because they’ve been detained. The international press’s reaction reveals the futility of the lobbyists, trolls, and international tours by high-ranking officials.

More important than the ruling party losing its temper is its implicit acknowledgment that the accusations are true. Indeed, no official questions the report’s veracity, but rather the integrity of its authors and the scope of its conclusions. Shooting the messenger of bad news is a very old reaction. The ruling party assumes that if the messenger lacks integrity, their message isn’t true. In this case, it throws in their face their failure to denounce the gang genocide, which isn’t true. And even if it were, the state of exception is being accused of another genocide.

This line of defense is misguided. If human rights organizations didn’t denounce the gang genocide, Bukele negotiated with these genocidal actors from the very start of his political career. He gave them dollars in abundance, “special treatment” in “maximum security” prisons, and even released more than a few of their leaders. Then, spurned by his genocidal partners, he corrected his misstep by imposing the state of exception as the arbiter of law and justice. If human rights organizations sinned by omission, Bukele’s model sins by commission. If those organizations are “law firms for criminals,” he legitimized, protected, and strengthened them until they betrayed him.

The other line of defense is just as grotesque as the first. Bukele attempts to discredit the jurists’ findings by extrapolating their recommendations. These don’t call for indiscriminately releasing everyone detained under the state of exception, much less setting gang members free. Nor do they defend murderers, rapists, and terrorists. Therefore, they don’t promote the murder of innocent people. Rather, the report recommends establishing a commission with international backing to make it credible, to review the file of every single detainee and release those imprisoned without evidence—provided they don’t pose a risk to society—and to guarantee due process for those who remain in prison.

It doesn’t seek, then, to deceive anyone to weaken popular support for the state of exception and “perpetuate the suffering of honest people.” Rather, it seeks to deliver justice, which isn’t at odds with respecting human rights and security. What’s more, the report affirms “the unavoidable duty” to combat violence and guarantee public safety, while warning that this responsibility can’t be exercised by perpetrating international crimes.

The jurists are clear in their diagnosis and conclusions. Twisting their recommendations to reinforce the fear of gangs and maintain the high level of approval for the state of exception is dishonest. In reality, public safety doesn’t matter as much as preserving that level of popularity, which is tied almost exclusively to the state of exception. Bukele wouldn’t know how to govern without it. Hence the indefinite extension of the exception.

This way of governing clashes head-on with the international jurists, who recommend ending the state of exception. They propose another possibility: safeguarding public safety without committing crimes against humanity. The ruling party reacted by interpreting their recommendations in a Machiavellian way, making them say what they don’t say.

The regime refuses to acknowledge that effectively safeguarding national security isn’t at odds with respecting and guaranteeing human rights. Despite this, Bukele craves the international community’s recognition, which, much to his chagrin, not only isn’t coming, but the condemnation is increasingly widespread and based on weightier reasons, to which he has no response.

Director, Monsignor Romero Center, José Simeón Cañas Central American University (UCA) San Salvador, El Salvador

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/opinion/un-informe-irritante/69953/2026/

Un informe irritante

Por Rodolfo Cardenal

El oficialismo perdió la compostura con el informe sobre el régimen de excepción, elaborado por cinco juristas internacionales y presentado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión de los expertos es contundente: bajo el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. El señalamiento puede sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, por donde ya han pasado varios connotados dictadores.

A estos señalamientos se agrega el del periódico español El país , el cual afirma que más de 33,000 detenidos por el régimen de excepción no son considerados pandilleros, es decir, más de la tercera parte de los encarcelados son inocentes. Estos guardarían prisión no por ser culpables, sino que serían culpables por haber sido detenidos. La reacción de la prensa internacional revela la inutilidad de los cabilderos, los troles y las giras internacionales de los altos funcionarios.

Más importante que la pérdida de los estribos del oficialismo es el reconocimiento implícito de la veracidad de las acusaciones. En efecto, ningún funcionario cuestiona la veracidad del informe, sino la integridad de sus autores y el alcance de sus conclusiones. Asesinar al mensajero de malas noticias es una reacción muy antigua. El oficialismo asume que, si el mensajero carece de integridad, su mensaje no es veraz. En este caso, le echa en cara no haber denunciado el genocidio de las pandillas, lo cual no es cierto. Y, aunque lo fuera, régimen de excepción es señalado por otro genocidio.

Esta línea de defensa es desatinada. Si las organizaciones de derechos humanos no denunciaron el genocidio de los pandilleros, Bukele negoció con estos genocidas desde el comienzo de su carrera política. Les dio dólares en abundancia, “trato especial” en las cárceles de “máxima seguridad”, incluso puso en libertad a más de alguno de sus líderes. Luego, desairado por sus socios genocidas, enmendó el extravío implantando el régimen de excepción como árbitro del derecho y de la justicia. Si acaso las organizaciones de derechos humanos pecaron por omisión, el modelo de Bukele peca por comisión. Si esas organizaciones son “bufetes legales de los delincuentes”, este los legitimó, los protegió y los fortaleció hasta que lo traicionaron.

La otra línea de defensa es tan grotesca como la anterior. Bukele intenta desautorizar los hallazgos de los juristas extrapolando sus recomendaciones. Estas no solicitan liberar indiscriminadamente a todos los detenidos por el régimen de excepción, ni mucho menos poner en libertad a los pandilleros. Tampoco defienden asesinos, violadores y terroristas. Por tanto, no promueven el asesinato de inocentes. Más bien, el informe recomienda establecer una comisión con respaldo internacional que la haga creíble para revisar el expediente de cada uno de los detenidos y liberar a los encarcelados sin pruebas, siempre y cuando no representen un riesgo para la sociedad, y garantizar el debido proceso a quienes permanezcan presos.

No pretende, pues, engañar a nadie para debilitar el apoyo popular al régimen de excepción y “perpetuar el sufrimiento de la gente honrada”. Sino hacer justicia, lo cual no está reñido con el respeto de los derechos humanos y la seguridad. Más aún, el informe afirma “el deber ineludible” de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que advierten que esa responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales.

Los juristas son claros en su diagnóstico y sus conclusiones. Retorcer sus recomendaciones para reforzar el miedo a las pandillas y mantener el elevado grado de aceptación del régimen de excepción es deshonesto. En realidad, la seguridad ciudadana no interesa tanto como preservar ese nivel de popularidad, vinculado casi exclusivamente a dicho régimen. Bukele no sabría gobernar sin él. De ahí la prórroga indefinida de la excepción.

Esta forma de gobernar choca frontalmente con los juristas internacionales que recomiendan poner fin al régimen de excepción. Estos proponen otra posibilidad: cuidar de la seguridad ciudadana sin cometer crímenes de lesa humanidad. El oficialismo reaccionó interpretando maquiavélicamente sus recomendaciones haciéndolas decir lo que no dicen.

El régimen se niega a reconocer que resguardar eficazmente la seguridad nacional no está reñido con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Pese a ello, Bukele anhela el reconocimiento de la comunidad internacional, el cual, muy a su pesar, no solo no llega, sino que la reprobación es cada vez más amplia y por razones de mayor peso ante las cuales no tiene respuesta.

Director Centro Monseñor Romero Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) San Salvador, El Salvador

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/opinion/un-informe-irritante/69953/2026/